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COVID | “Preferí perder mi trabajo antes que vacunarme”
Danielle Thornton estaba en la fila afuera del colegio esperando a sus hijos cuando supo que se enfrentaría a una decisión que le alteraría la vida: o ponerse la vacuna del Covid-19 o perder su trabajo de casi 9 años en el Citigroup.
Ella y su esposo vieron durante meses cómo jefes alrededor de Estados Unidos implementaban mandatos de vacunas, sabiendo que su familia podría enfrentar este momento. Entonces, la noticia le llegó a través de un correo electrónico a su teléfono.
“Tuvimos muchas conversaciones sobre el tema”, dice. “Pero al final decidimos que nuestra libertad era más importante que una nómina“.
Danielle es una de las miles de personas alrededor de EE.UU. que han optado por perder su trabajo en vez de recibir las vacunas contra el Covid.
Representan una pequeña minoría. Muchos de los empleadores que han introducido tales reglas -aproximadamente un tercio de las compañías más grandes del país y 15% de pequeños negocios- dicen que la gran mayoría de sus empleados han cumplido.
En Citi, empresa que permite excepciones médicas y religiosas, más del 99% de los empleados ha cumplido con los requerimientos que aplican para la plantilla de más de 65,000 trabajadores que tiene el banco en EE.UU.
Los expertos aseguran que las vacunas son seguras y que son la mejor manera para prevenir una infección grave. Pero los mandatos -vistos como factor clave a la hora de impulsar al 25% de los estadounidenses que aún no se han vacunado para que se inoculen- enfrentan una fuerte resistencia alrededor del país, donde las personas los ven como una afrenta a amados ideales nacionales como la libertad personal y la privacidad.
Este mes, la Corte Suprema de EE.UU. rechazó una orden del presidente Joe Biden que hubiera requerido que los estadounidenses en sitios de trabajo con al menos 100 personas se vacunaran o que usaran máscara y se hicieran exámenes semanales, todo pago por ellos.
Los jueces en la máxima corte del país se refirieron a la regulación como una “invasión significativa” en las vidas de millones de trabajadores, y eliminaron las posibilidades de implementar reglas nacionales como aquellas planeadas por países como Alemania.
Aunque las cortes estadounidenses han estado más abiertas a aceptar que los estados y los negocios introduzcan requerimientos propios, el rechazo popular se mantiene alto.
Aproximadamente el 55% de los trabajadores apoya la implementación de mandatos de vacunación por parte de los empleadores, pero más de un tercio aún los rechaza, según sugiere una encuesta Gallup de diciembre.
El pasado otoño boreal, miles marcharon en contra de los requerimientos estatales de vacunación para trabajadores de la salud, profesores y empleados del gobierno en la ciudad de Nueva York.
Al final, la ciudad, que desde entonces ha expandido la regla a los empleadores privados, suspendió a 9,000 trabajadores cuando entró en vigor el mandato, mientras que varios hospitales en el estado también perdieron empleados.
“No creo que le corresponda al gobierno dictar cosas que son entre un ser humano y su creador”, dice Donna Schmidt, quien vive en Long Island y trabajó como enfermera neonatal durante 30 años antes de parar debido a los requerimientos de vacunas.
La mujer de 52 años dice que amaba su trabajo, pero rechaza la vacuna por razones religiosas y de preferencia personal. Está ahora reinventándose como activista, organizando el grupo New Yorkers Against Medical Mandates (neoyorquinos en contra de los mandatos médicos).
“No lo pensamos 2 veces. Lo que ha habido aquí es duelo”, dice. “Realmente me importan mis pacientes, así que ser vetada por una entidad del gobierno que dice ‘ya no tienes lugar aquí’, es difícil”.
Libertad personal
Danielle, quien trabajó de manera remota para Citigroup desde Misuri como administradora de riesgos operacionales, dice que ella no es política o “alguien que esté en contra de las vacunas”.
Pero la madre de 33 años, que tiene cuatro hijos, ha rehusado ponerse una vacuna que, según ella, “no pareciera estar parando este virus”.
Su último día fue el 14 de enero. Dice que tiene suerte de estar en una posición financiera que le permite renunciar a su trabajo sin tener planes, por ahora, de conseguir otro.
No se molestó en buscar una excepción médica o religiosa.
“Yo debería tener el derecho de escoger”, dice. “Pero claro, hay muchas emociones… es un gran cambio para nuestra familia”.
Las compañías con mandatos de vacunas dicen que esas medidas lograron convencer a gran parte de su fuerza de trabajo para vacunarse.
En la fábrica de alimentos Tyson Foods, unas 60,000 personas -o más del 40% de su fuerza laboral en EE.UU.- se apuntaron a la vacuna luego de que la compañía instituyera el requerimiento en agosto, llamándolo la “cosa más efectiva que podemos hacer para proteger a los miembros de nuestro equipo”.
En United Airlenes el jefe ejecutivo Scott Kirby dijo que la política de su compañía redujo el número de empleados en el hospital, notando que, antes del mandato, moría al menos un empleado a la semana en promedio.
Horas antes de que venza su ultimátum, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que «una civilización entera morirá» si este martes no se alcanza un acuerdo con Irán, el cual denunció ataques a sus infraestructuras, como dos puentes y una autopista.
«Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá», escribió Trump en su plataforma Truth Social.
No dio detalles, pero ya había dicho que su ejército podría bombardear puentes, centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles iraníes hasta devolver a la república islámica a la «edad de piedra».
Trump ha fijado como plazo la medianoche GMT del martes para que Irán ponga fin al cierre de facto del estrecho de Ormuz, una estrecha vía navegable utilizada para transportar petróleo y otras materias primas.
El lunes, afirmó que la propuesta de alto el fuego temporal que circula es insuficiente.
Irán rechaza la presión de Washington.
Según los medios estatales, las autoridades no quieren un simple alto el fuego, sino el fin de la guerra desatada el 28 de febrero con una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra su territorio.
Lejos de darse por vencidos, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, ha amenazado con llevar a cabo acciones contra infraestructuras que «privarán a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años».
«Más allá de la región»
«Si el ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta se extenderá más allá de la región», añadió.
En Truth Social, Trump dejó la puerta abierta a un acuerdo de última hora.
«Ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso ¿QUIÉN SABE? Lo descubriremos esta noche», escribió usando mayúsculas como suele hacer.
De visita en Budapest, su vicepresidente, JD Vance, previó intensas negociaciones en las próximas horas pero advirtió que Washington tiene «herramientas» que por el momento no ha usado.
En este 39º día de guerra, hubo bombardeos en la provincia de Alboz (norte), según medios locales. Dieciocho personas murieron en una zona residencial, entre ellas dos niños.
Dos puentes también fueron alcanzados al sur de Teherán, uno de ellos en Kashan, donde dos personas murieron, y otro cerca de Qom.
Las autoridades cerraron una importante autopista que conecta Tabriz (norte) con la capital tras un ataque, según la prensa iraní.
Además los trenes hacia y desde la segunda ciudad de Irán, Mashhad, fueron cancelados después de que Israel desaconsejara a los habitantes usar este medio de transporte hasta las 17H30 GMT.
Se llevaron a cabo ataques asimismo contra la isla de Jarg en el Golfo, punto neurálgico de la industria petrolera iraní, según la agencia Mehr y un periodista del sitio de información estadounidense Axios.
En un comunicado, el ejército israelí afirmó haber llevado a cabo «una ola de ataques a gran escala contra decenas de sitios de infraestructuras» en varias zonas de Irán. No especificó cuáles ni dónde.
«Estoy aterrorizada»
Los iraníes oscilan entre el miedo y la indiferencia.
«Estoy aterrorizada, y todo el mundo en este país debería estarlo también», dijo a la AFP Metanat, una estudiante de 27 años que afirma haber perdido a una compañera de clase en un ataque.
«Algunos se burlan de Trump y de sus amenazas», pero «esto es una guerra y no tiene nada de gracioso», asegura.
Morteza Hamidi, un jubilado de 62 años, resta importancia al nuevo ultimátum.
«Ha cambiado las fechas tantas veces que ya somos insensibles a sus amenazas», afirma.
En la región, los llamados a encontrar una salida diplomática se multiplican.
Según Axios, algunos países mediadores han propuesto la idea de un alto el fuego de 45 días.
Según la agencia de noticias iraní Irna, Teherán exige «el fin de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro a través del estrecho de Ormuz», así como «la reconstrucción y el levantamiento de las sanciones».
Dos millones por barco
Irán estaría dispuesto a levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz, imponiendo un derecho de paso de 2 millones de dólares por barco, que compartiría con el sultanato de Omán, situado al otro lado de la vía marítima, escribió el New York Times.
Utilizaría estos ingresos para reconstruir las infraestructuras destruidas por los ataques israelo-estadounidenses, en lugar de reclamar compensaciones directas.
Sina Toossi, del Centro para la Política Internacional en Washington, estima que Irán «no cederá en sus intereses vitales, sobre todo en su control del estrecho de Ormuz, cueste lo que cueste».
Por de pronto la república islámica sigue atacando a diario a los países del Golfo, a los que acusa de ayudar a Estados Unidos.
En las últimas horas fue alcanzado el gigantesco complejo petroquímico de Jubail, en el este de Arabia Saudita, indicó a la AFP un testigo.
«Si la escalada no se contiene, acabaremos en una situación que ya no se podrá controlar. Y estamos muy cerca de ese punto», advirtió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores catarí, Majed al Ansari.
El pasado domingo, un tramo del km 48 de la carretera CA-4 en Quimistán, Santa Bárbara, Honduras (zona cuesta de Los Limones, La Ceibita) se registró un fatal accidente de tránsito. Una rastra que movilizaba cianuro granulado en estado sólido impactó contra un microbús tipo coaster, el cual transportaba a hondureños que regresaban de una excursión en Guatemala, con motivo de las vacaciones de Semana Santa, informaron medios locales.
El microbús volcó. Ocho personas fallecieron y las demás fueron rescatadas de entre los hierros retorcidos del vehículo y fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos.
El mismo día por la noche, el Comité Permanente de Contingencias (COPECO) emitió alerta roja indefinida en la zona del percance vial y 800 metros a la redonda del mismo. Esto debido a la peligrosidad de dicho material altamente tóxico para la salud.
Habitantes de comunidades cercanas fueron evacuados, reportó la institución.
Personal de la Empresa Nacional Portuaria, Cuerpo de Bomberos y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se trasladaron al lugar para realizar aseguramiento y evaluación para proteger a la población.
Se activó una ruta alterna entre San Marcos y Petoa, por tiempo indefinido.
El jefe del poder judicial de Irán instó este martes a los tribunales a acelerar las sentencias relacionadas con la guerra contra Estados Unidos e Israel, incluida la pena capital, mientras que los activistas alertaron de un aumento de las ejecuciones de presuntos presos políticos.
Desde que empezó la guerra el 28 de febrero, Irán ha ahorcado a siete personas en relación con las manifestaciones de enero, seis por pertenecer al grupo opositor Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), una organización opositora prohibida, y a un ciudadano iranosueco acusado de espiar por cuenta de Israel.
Grupos de defensa de los derechos humanos advirtieron que decenas de personas podrían ser ejecutadas por las protestas de enero o como sospechosas de haber ayudado al enemigo durante la actual contienda.
«Es necesario acelerar la emisión de sentencias de pena de muerte y de confiscación de propiedades», dijo Gholam Hosein Mohseni Ejei a funcionarios judiciales de alto rango, en un encuentro retransmitido por televisión.
Recurrir a las leyes existentes contra el espionaje «es necesario para seguir dictando sentencias judiciales contra elementos y agentes del agresor enemigo con mayor rapidez», insistió.
La premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, que vive en el exilio, afirmó en Telegram que, en vez de defender a los iraníes de la amenaza planteada por el presidente estadounidense Donald Trump, la república islámica acelera «las ejecuciones, la represión y la confiscación de las propiedades de la oposición».
Entre los ejecutados por las protestas de enero había dos adolescentes arrestados durante la campaña de represión de las autoridades, que dejó miles de muertos, según organizaciones de derechos humanos, que denunciaron juicios «extremadamente injustos».
«En medio de la actual guerra, que se ejecute a los presos políticos y a los manifestantes a través de procesos precipitados y no transparentes se considera un intento de instigar miedo y de mantener el control de la sociedad», afirmó la organización de defensa de los derechos humanos Abdorrahman Boroumand Center, radicada en Estados Unidos.
Organizaciones como esa acusan a las autoridades iraníes de recurrir a la tortura para obtener confesiones falsas de los detenidos, que son transmitidas después por televisión.
