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1,067 conductores borrachos capturados en lo que va de 2025
El plan de seguridad vial implementado en las carreteras del país para detectar y retirar de circulación a conductores bajo los efectos del alcohol permitió a la Policía Nacional Civil (PNC) capturar a 1,067 automovilistas peligrosos entre el 1° de enero y el 5 de julio de 2025.
De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, esta cifra representa una reducción del 10 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 1,192 arrestos por conducir en estado de ebriedad.
Los operativos de control, coordinados por el Viceministerio de Transporte (VMT) junto con la Dirección de Tránsito Terrestre de la PNC, han logrado sacar de las calles un promedio de seis conductores alcoholizados cada día durante el presente año.
Nuevas sanciones para conductores peligrosos
Las recientes reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial endurecen las medidas contra quienes manejan bajo influencia alcohólica. Ahora, cualquier cantidad de alcohol en el aire espirado clasifica al conductor como peligroso, mientras que anteriormente se permitían hasta 99 miligramos por decilitro.
Los conductores detectados con alcohol en su organismo serán procesados judicialmente, enfrentarán la suspensión de su licencia y multas de $150. En caso de reincidencia, la suspensión será definitiva.
Además, el Código Penal fue modificado para castigar con penas de prisión a quienes causen accidentes fatales bajo la influencia del alcohol: entre 5 y 10 años para vehículos livianos y hasta 15 años para conductores de carga o transporte colectivo.
Tragedia conmociona al país
En diciembre de 2024, un niño de dos años falleció atropellado por un conductor ebrio en el kilómetro 78.5 de la carretera entre Ahuachapán y Santa Ana, cerca del cementerio municipal de El Refugio.
El conductor tenía un nivel de alcohol en sangre de 192°, casi el doble del límite permitido. El presidente Nayib Bukele se pronunció con firmeza tras el hecho: «Un niño de 2 años falleció por culpa de un imbécil que manejaba con 192° de alcohol en la sangre. Imaginen la Navidad que tendrá que vivir esa familia, por culpa de quienes insisten en manejar alcoholizados».
Las autoridades reiteran el compromiso de continuar con los controles para reducir accidentes y proteger la vida en las vías salvadoreñas.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
