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Por incumplimiento de sentencia, Cámara ordena descuentos a salarios de alcalde d’Aubuisson y sus concejales
Una resolución de una cámara ordenó a la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, realizar descuentos a los salarios del alcalde Roberto d’Aubuisson y a los 14 concejales a partir de septiembre, por incumplimiento de sentencia, luego que el concejo se negara a acatar una orden judicial para reinstalar a empleados despedidos, además de pagarles los salarios no devengados.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, quién ha velado por el grupo de sindicalistas afectados en Santa Tecla, y mantiene otro litigio contra la alcaldía de San Salvador, comentó que en el primer caso la denuncia es «por miles de dólares», en cambio en San Salvador, será «por millones».
El tribunal respectivo dio por incumplida la sentencia definitiva contra el concejo tecleño, y por lo tanto ordenó iniciar el proceso sancionatorio, además de hacer los descuentos a los salarios del concejo plural para pagar a los afectados.
La resolución de la cámara ordena además el reinstalo de los despedidos en los mismos puestos que ocupaban o en otros similares que no les afecte en los salarios.
El alcalde d’Aubuisson, por su parte, se negó desde un principio a acatar la resolución, alegando que todo se trataba de un «acoso» de parte del Ministro de Trabajo. Igualmente, el alcalde Ernesto Muyshondt, quien ha sido demandado por Castro por despidos «injustificados» y por retención de cuotas de los trabajadores, considera estar siendo acosado por el funcionario.
En Santa Tecla, un centenar de trabajadores de la unidad de Desechos Sólidos fueron despedidos en agosto de 2018 por órdenes del concejo municipal durante una modernización del sistema de recolección de basura, que le fue otorgada a una empresa colombiana. La mayoría de despedidos son trabajadores sindicalizados y durante estos años han estado reclamando sus derechos.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
Esta mañana un joven trabajador murió al caer sobre su cuerpo un promontorio de laminas que habían llegado a dejar a una ferretería en el Cantón Coyolito, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares fueron alertados y al llegar al lugar del percance, realizaron maniobras para poder recuperar al joven quien fue identificado como Juan Joel Vargas Rosa, de 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de socorro y del SEM, la persona perdió la vida, debido a los traumas sufridos al caer sobre su cuerpo el peso de las láminas desde una altura de dos metros.
Dos trabajadores más que estaban en el lugar lograron salir a tiempo y evitar de esta manera una tragedia mayor.
