Judicial
FISCALÍA: Spa de Ada Michelle Guzmán recibió $3.5 millones de fondos construcción presa El Chaparral
Se ocuparon empresas fachadas a nombre de la Menéndez para desviar fondos.
Representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron que dentro de las investigaciones realizadas en el caso «El Chaparral» se determinó que parte de los fondos de la construcción de esta presa fueron destinados para la creación de los spa a nombre de Ada Michelle Guzmán, compañera de vida del expresidente Mauricio Funes.
“En total Astaldi le transfirió $3 millones a las empresas fachadas de Mauricio Funes y Miguel Menéndez de lo cual buena parte fue destinada para la creación y funcionamiento de la franquicia de la sociedades Latin America Spa», señaló el documento presentado en el Juzgado Noveno de paz de San Salvador.
El ministerio público sostiene que el expresidente y el empresario “Mecafé” utilizaron el problema de construcción de la presa para desviar fondos públicos, ocupar empresas fachadas en Panamá para luego llevarlas al negocio de masajes y peluquería.
“De esos fondos a nombre de esta sociedad, fueron adquiridos dos inmuebles de alto valor comercial, uno en la Colonia Maquilishuat, donde funcionaba el Spa, y otro en Sierra de Santa Elena, que era residencia de la señora Guzmán”, señaló en Twitter la Fiscalía. En este caso, Guzmán es acusada de lavado de dinero.
#CasoChaparral Luego del acuerdo ASTALDI le transfirió $3,500,000.00 a las empresas fachadas de Mauricio Funes y Miguel Menéndez, de lo cual buena parte fue destinada para la creación y funcionamiento de la franquicia de la sociedad LATIN AMERICA SPAS.
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 4 de enero de 2019
Funes se defiende
Al conocer la acusación, Funes salió a la defensa de su compañera de vida y cuestionó al fiscal general, Douglas Menéndez, que en junio del 2018 señaló que el spa de Guzmán había sido pagado con fondos provenientes de Casa Presidencial.
Nota original tomada de El Salvador Times
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
