Judicial
$5.2 millones reclama la Fiscalía a exfuncionarios acusados de enriquecimiento ilícito
Más de $5 millones suman las demandas por enriquecimiento ilícito que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado en lo que va de 2024 ante distintas cámaras contra cinco exfuncionarios de los dos gobiernos del FMLN y un exdiputado de ese partido político.
De acuerdo con datos del ministerio público, las demandas presentadas en lo que va de este año ascienden a $5,298,715.02.
Las acusaciones se enmarcan en la guerra contra la corrupción que el presidente Nayib Bukele anunció el 1.º de junio de 2023, cuando señaló la importancia de atacar ese flagelo en todos los niveles y destacó que, gracias a las reformas aprobadas por la pasada Asamblea Legislativa, los delitos de corrupción no prescriben, ya que no importa cuando se han cometido.
«Declaramos la guerra contra la corrupción. Así como actuamos contra los pandilleros actuaremos contra los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. No importa si robó hace uno, cinco o 30 años, porque les recuerdo que los delitos de corrupción ya no prescriben», afirmó el gobernante en esa oportunidad. Estos son los cinco acusados por la Fiscalía en lo que va de este año.
Una de las cantidades más grandes que la FGR pretende que se reintegre al Estado son $3,892,095.46, fortuna con la que el ex secretario privado de la presidencia Francisco José Cáceres Zaldaña y su grupo familiar se habrían enriquecido ilícitamente.
El exfuncionario ocupó dicho cargo durante la gestión de Mauricio Funes entre 2009 y 2014. El caso se presentó en mayo ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, donde se le reclama el monto de $3,541,407.87 por 44 irregularidades en depósitos en efectivo y en cheques de cuentas de ahorro por pagos de préstamos y de tarjetas de crédito.
La demanda incluye a su cónyuge, Reina Guadalupe Flores de Cáceres, a quien le señalan 11 inconsistencias en depósitos en cuenta de ahorro, la adquisición de vehículos y de inmuebles por un monto de $346,553.85; y a su hija, Mariana Cáceres Flores, se le ha observado una irregularidad en depósitos a cuenta corriente por $6,133.74.
El ministerio público informó que el proceso civil se basa en el informe de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó este año un juicio civil contra el exfuncionario por las irregularidades presentadas en sus declaraciones patrimoniales.
El segundo monto más alto demandado es $572,015.22 y se le reclama al exministro de Turismo Napoleón Duarte y su grupo familiar. Duarte Durán fungió como ministro de Turismo, director del Concejo Salvadoreño del Café y presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), cargos que desempeñó entre 2009 y 2019.
El reporte fiscal indica que al exfuncionario se le reclama el monto de $126,083.98 por 21 irregularidades que no justificó en depósitos bancarios, pago de tarjetas de créditos y diferencias entre los ingresos y los egresos.
En cuanto a su esposa, María Cristina Benítez de Duarte, se le demanda por $79,344.53, producto de cuatro irregularidades relacionadas con depósitos a plazo, adquisición de vehículo y diferencia negativa en sus gastos e ingresos.
En lo que respecta a su hijo, José Napoleón, responderá civilmente por 23 irregularidades equivalentes a $218,904.74. También, su hija, María Cristina, enfrenta la demanda por nueve irregularidades que no justificó y suman $64,919.42.
Y su otro hijo, Juan Carlos, está demandado por 15 irregularidades por $82,762.55. Los hijos del demandado no justificaron compras de automóviles, pagos de tarjetas de créditos y depósitos bancarios
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
