Judicial
Nueva prorroga de 30 días del régimen de excepción
Con 67 votos, el pleno legislativo extendió por 30 días más el régimen de excepción, una medida que, desde su implementación a finales de marzo de 2022, ha permitido la reducción de homicidios y extorsiones que eran cometidos por los grupos terroristas.
“Este año se convertirá en el más seguro de nuestra historia. Ya no somos el país más violento”, manifestó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y a la vez agregó que el régimen de excepción «es tan exitoso y tiene una aprobación masiva porque se han obtenido resultados positivos».
Por su parte, la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suecy Callejas precisó que con la extensión del régimen “queremos asegurarle a los salvadoreños que no estamos dispuestos a sacrificar a la población honrada para proteger a los criminales”.
Mientras, Caleb Navarro destacó que esta legislatura le ha dado al mandatario la gobernabilidad necesaria para ejecutar iniciativas a favor de la vida de los salvadoreños.
“Por primera vez, en 2002 años de historia, tenemos una verdadera paz. ¿De qué siente libertad ahora la gente? Salen sin miedo a ser asesinados, tienen libertad para emprender sus negocios sin que estos sean extorsionados al segundo día y tienen libertad los padres para salir con sus hijos a un parque a jugar en la noche sin ser acribillados por estos pandilleros”, expresó.
Su homólogo, Walter Coto, recordó que “el fenómeno de las pandillas fue una creación de esa gobernanza corrupta. Esos grupos dominaban el territorio junto a los partidos políticos nefastos”.
La prórroga de la medida constitucional se justifica por los resultados positivos que ha dejado a la fecha, con casi 73,000 pandilleros capturados y, convirtiendo al país en el más seguro de Latinoamérica.
Desde la aprobación del régimen de excepción, El Salvador ha logrado 446 días sin homicidios durante la actual administración, de los cuales 332 se han registrado durante el régimen de excepción, según los datos oficiales.
Además, durante este año, se registran 170 días sin homicidios y en lo que va de septiembre ya se contabilizan siete días sin muerte violentas.
La medida también ha permitido la captura de más de 72 mil personas vinculadas a pandillas y se han incautado 3,500 armas, más de 16 mil celulares, 4 mil vehículos, 3 millones de dólares en efectivo y más de 12 toneladas de drogas valoradas en casi $300 millones.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
