Como un grave atentado al medio ambiente y al debido proceso, califica el abogado ambientalista Edgar Lemus, las acciones que está realizando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para otorgar al Botadero municipal del Puerto de Libertad que administra una empresa propiedad de Salume, un permiso para recibir hasta 1,600 toneladas a pesar de no cumplir con los requisitos legales y técnicos para obtener esa autorización, en vista de encontrase ubicado el botadero dentro de la zona protegida del boque natural “Walter Thilo Deininger” y la región costera-litoral de La Libertad, con el único  fin de beneficiar económicamente los negocios de Salume.

De acuerdo a Lemus, quien recibió información de un concejal de la Alcaldía de Soyapango que no está de acuerdo con la forma poco transparente en que la alcadesa Nercy Montano está llevando las gestiones y finanzas de Soyapango, la alcadesa ha sostenido por medio de un delegado de su “confianza” reuniones con Salume, en el entendido de obtener “beneficios” por trasladar toda la basura recolectada en el municipio de Soyapango al botadero municipal ubicado en el Puerto La Libertad (propiedad de Salume)

La alcaldesa pretende realizar una contratación directa con la empresa de Salume, el problema es que el botadero municipal solo cuenta con un permiso ilegal para recibir 500 toneladas diarias de basura, las cuales ya tiene cubiertas con otras alcaldías de manera irregular como lo es Santa Tecla quien el alclade Henry Flores ha seguido la misma ilegalidad que Roberto Dabuison, ha pesar que Corte de Cuentas ha condenado ya en dos auditorias las ilegalidades de esas contrataciones.

Entonces, Nercy Montano para completar su “negociación” con Salume le solicita al Ministro de Medio Ambiente ( como lo explica claramente la nota ) que le extienda los permisos al Botadero Municipal del Puerto de La Libertad, con el objetivo que pueda recibir la basura recolectada en Soyapango. De acuerdo a la fuente que brindó la información al abogado Lemus, el Ministerio de Medio Ambiente ha marginado la nota para que se otorgue un permiso que pase la capacidad de basura que el mencionado botadero puede recibir de 500 toneladas diarias a 1,600 toneladas diarias, sin cumplir con los requisitos que la Ley de Medio Ambiente establece para esta clase de proyectos, a manera de ejemplo la presentación de un formulario ambiental, para ampliación del proyecto que genere los términos de referencia para elaborar un Estudio de Impacto Ambiental; y el desarrollo de consulta pública a las comunidades circunvecinas que se ven afectadas por la contaminación que produce el botadero. En conclusión una decisión de esa naturaleza infringe la Constitución de la República, la ley ambiental y su reglamento, afirma Lemus.

Largo historial de ilegalidades del botadero municipal del Puerto de La Libertad.

Lemus afirmó que la situación del botadero municipal es más que alarmante, porque tiene un largo historial de actos ilegales tanto para su otorgamiento, como posteriormente omisiones de investigación administrativa y penal por el alto grado de contaminación que ha evidenciado, especialmente durante los años 2017 y 2018 en los que prestó servicios fuera de la cobertura de 40 toneladas diarias que tenía autorizado a recibir, llegando a dar tratamiento en esa época a un promedio de 550 toneladas diarias de basura, provocando impactos severos al medio ambiente, los cuales a la fecha son objeto de una reclamación judicial de daños que no ha podido avanzar por las múltiples trabas generadas por el Ex juez ambiental de Santa Tecla, Rafael Menéndez Contreras. 

También recordó que aproximadamente en el año 2011 se concedió al botadero municipal en mención la autorización para pasar de ser un Relleno Manual a ser un Relleno Sanitario Semi Mecanizado, sin haberle sido requerido Estudio de Impacto Ambiental, sino una mera carta de ampliación, como ahora nuevamente pretende hacer el MARN. Para Lemus, la forma en que se generó aquel cambio debe ser objeto de investigación, por posibles actos de corrupción, pues no puede obviarse que en aquel momento (2011) siendo Viceministra del MARN Lina Pohl, el Primer Delegado a la Presidencia era el Sr. Nicolás Salume, de quien se hizo público un préstamo por la suma de Tres millones de Dólares para la campaña que llevó a la silla presidencial a Mauricio Funes.

Recientemente exigió al Alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, cumplir con la ley y sancionar a la empresa de Salume con inhabilitación por CINCO AÑOS, por haber incurrido en la infracción grave contemplada en la Ley de Contrataciones del Estado consistente en “invocar hechos falsos para obtener una contratación”, lo que ocurrió en los años 2017 y 2018 cuando solamente contaba con un permiso para recibir hasta 42 toneladas diarias de basura y Santa Tecla recolectaba unas 160 toneladas diarias de basura en aquel momento. En lugar de cumplir con la ley, el Alcalde le otorgó un nuevo contrato por un valor muy por encima de las otras ofertas para el mismo servicio.

De manera que el abogado ambientalista hace de conocimiento de este medio que ante los hechos y evidencias que cuestionan la legalidad y legitimidad de los permisos concedidos a la empresa propiedad del Botadero Municipal del Puerto de La Libertad, ha decidido interponer una demanda de amparo con el objetivo que se anulen los permisos del botadero municipal.