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3 años de servicio comunitario para ciudadano alemán por adopción ilegal de una bebé
El Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador condenó al alemán Nils Sjard Schultz, en procedimiento abreviado, a tres años de prisión, los cuales serán suplantado por 144 jornadas de utilidad pública, por los delitos de suplantación y alteración del estado familiar en perjuicio del Estado Familiar de una niña y por falsedad ideológica, en la Fe Pública.
Por este mismo caso ya fue condenada su esposa Claudia Esperanza Aguilar Garza, a tres años de prisión por los mismos hechos.
En 2016, él y su esposa tuvieron contacto con Nicole Guerrero, de nacionalidad costarricense, mediante una página de adopción de bebés, en la que al tener contacto con Guerrero les indicó que no quiere tener a su bebé, porque su mamá se molestaría si se daba cuenta de su estado por lo que quería darla en adopción, a lo que Aguilar Garza le manifestó que era empleada de Relaciones Exteriores en El Salvador y que junto a su esposo, le podrían dar un hogar estable a su hija.
Guerrero manifestó que Aguilar Garza le envió una carta en la que el Estado de El Salvador, le otorgaba una pasantía, lo que según su dicho era falsas, con dicha carta le dijo a su madre que viajaría a El Salvador y que el Estado salvadoreño pagaría su estadía.
Posteriormente, el ahora condenado dijo que le alquilaron un apartamento para ella y su novio, que también viajó desde Costa rica; la pusieron en control de embarazo y los mantuvieron el tiempo que estuvieron en el país.
En agosto de 2016, la trasladan hacia el hospital Pro Familia donde dio a luz a su hija, sin embargo dijo llamarse Claudia Esperanza Aguilar Garza porque es lo que supuestamente habían acordado con la imputada y el esposo de ésta.
Ocho días después. El alemán hizo el retiro de la niña de dicho nosocomio, haciéndose s pasar como el padre biológico de la menor, debido a que la madre de la niña estaba en depresión postparto y bajo medicamentos.
El juzgador en su falló dijo que se la acción de los dos delitos cometidos por el ahora condenado había sido una sola, pero que respetaba el acuerdo establecido por las partes, por lo tanto fue condenado por los dos delitos, pero dicha condena la cumplirá realizando 144 jornadas de utilidad públicas, las cuales serán interpuestas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
En Soyapango, la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó la captura de José Luis Obando Vásquez, de 38 años, quien ingreso a un local para hurtar 47 teléfonos celulares y otros dispositivos por un monto de $25,000.
Según el informe policial el saqueador se ocultó en un establecimiento contiguo al local y por la noche abrió un agujero para ingresar a la tienda de donde sustrajo los celulares.
Tras cometer el hurto se desplazó por el techo hasta llegar al baño de un restaurante donde permaneció escondido a esperar que abrieran y salir con los aparatos.
La Policía recibió la denuncia de lo hurtado y tras una búsqueda en la zona, equipos de investigadores lo ubicaron y le decomisaron 47 dispositivos.
«Además se encontraron 23 celulares y una tableta en varias partes del establecimiento donde se ocultó. El valor de lo incautado es de aproximadamente $25,000. Será remitido por el delito de hurto», publico la PNC.
El detenido será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República para que en los próximos 15 días sea acusado ante un juzgado de paz de ese distrito y enfrente la primera audiencia por el delito de hurto.
El delito de hurto es sancionado con prisión de dos a cinco años si el valor de lo sustraído sobrepasa los $20 y si al momento de acusar la Fiscalía inicia la causa como hurto agravado la pena a imponer es de cinco a ocho años de cárcel.
La medianoche de este martes 24 de marzo, la Marina y la Fuerza Armada de El Salvador difundieron información sobre el rescate de 16 náufragos de nacionalidad ecuatoriana en sus costas. De acuerdo con el reporte, dos de ellos presentaban quemaduras, por lo que fueron trasladados a puerto seguro en la Base Naval de La Unión. El resto arribaría en las próximas horas para verificar su estado de salud y estatus legal.
La noticia se conoció rápidamente en Ecuador, en medio de la desesperación e incertidumbre que viven los familiares de 16 pescadores desaparecidos que viajaban en la embarcación Negra Francisca Duarte II, oriundos de la parroquia San Mateo de Manta y del cantón Jaramijó, en la provincia de Manabí.
Este reporte internacional ha generado un fuerte impacto entre los allegados, quienes han reactivado sus esperanzas al coincidir el número de náufragos —16— con el de los pescadores reportados como desaparecidos desde el pasado martes 17 de marzo. Ese día, las autoridades de la Armada del Ecuador confirmaron el incendio de la embarcación en altamar, cuando sus tripulantes se encontraban en ruta de retorno hacia puerto.
Familias buscan confirmación oficial
Ante esta situación, la mañana de este martes 24 de marzo, familiares de los pescadores se trasladaron hasta la Capitanía del Puerto de Manta en busca de información oficial. En el lugar, el abogado de las familias, Jorge Chiriboga, indicó que, tras conocer el reporte, intentaron comunicarse con el call center de la Armada de El Salvador sin obtener respuestas claras sobre el rescate de los náufragos.
Por ello, decidieron acudir personalmente a la Capitanía, con el objetivo de que las autoridades ecuatorianas establezcan contacto directo con sus pares en El Salvador y puedan confirmar si los rescatados corresponden o no a los pescadores manabitas desaparecidos.
Con centenares de velas encendidas, los allegados elevaron plegarias por sus parientes perdidos en el océano.
Ecuador
Mientras tanto, los familiares permanecen en los exteriores de la Capitanía, aferrados a la esperanza que hoy vuelve a tomar fuerza, a la espera de una confirmación que podría cambiar el rumbo de esta historia.
A 20 años de prisión fue condenado Elmer Josué Mancía, alias «Jocote», por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante a quien la Fiscalía General de la Republica le otorgó la clave «5-2023», para proteger su identidad.
En la vista pública que realizó el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, declararon varios testigos, entre ellos, agentes expertos en investigar extorsiones.
El juez de la causa también dispuso de declaración de clave «5-2023», con quien el ministerio público acreditó que el extorsionista participó en el chantaje.
Un extorsionista alias «Diablito» de la Mara Salvatrucha llegó al negocio de la víctima y amenazó con asesinarla junto a sus empleados y familia, si no pagaba $80 mensuales.
Fueron 10 años de extorsión a los que el comerciante estuvo sometido, comenzaron a exigirle dinero en el 2013 y finalizaron en el 2023, el fiscal del caso, dijo que pese a la instauración del régimen de excepción clave «5-2023», estuvo entregando el dinero.
Desde el 2013, a víctima pagó la cantidad a diversos pandilleros, pero últimamente se quedó cobrando los $80, Elmer Josué Mancía. Con el régimen de excepción el comerciante perdió el miedo y denunció el caso.
El fiscal del caso al exponer sus alegatos finales le dijo al juez que la víctima corroboró mediante su testimonio que fue el imputado quien estuvo recogiendo el dinero, además los investigadores que trabajaron en el caso reforzaron la declaración del afectado.
Un agente investigador de extorsiones que declaró, dijo al juez que identificó al imputado como el extorsionista que llegaba a recoger el dinero, lo logró a través de una entrega controlada efectuada el 19 de enero 2023, en la colonia El Carmen, Barrio La Vega, San Salvador.
Ubicó al chantajista cuando formaba parte del equipo 2, pero no lo detuvieron ya que pasó la información al investigador del caso para que después la Fiscalía emitiera la orden de arresto.
«Esta representación ha podido probar los extremos procesales de esta extorsión agravada. Se tiene un caso bien documentado y pese haberse instaurado el régimen de excepción seguía recogiendo el dinero», expuso el fiscal al juez.
