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El exfiscal Douglas Meléndez acusado de corrupción y de fabricar casos en la FGR ha estado protegido por la embajada de USA
Retomado: La Noticia SV
El exfiscal Douglas Meléndez, quien es gravemente señalado de fabricar casos para inculpar a altos funcionarios y empresarios salvadoreños para que fueran procesados por la justicia salvadoreña ha estado protegido por la embajada de los Estados Unidos en el país.
El presidente de la República, Nayib Bukele, informó esta tarde que, durante una reunión que sostuvo con la exencargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Jean Manes, le pidió no procesar a Douglas Meléndez. Manes ha sido fuertemente vinculada de sostener un vínculo con el exfiscal.
“En nuestra última reunión, la exencargada de negocios de EEUU, Jean Manes, me pidió 4 cosas: 1. La liberación de Ernesto Muyshondt. 2. La no reelección del fiscal general Rodolfo Delgado.3. El compromiso no tocar a dos personas: Alfredo Cristiani y Douglas Meléndez.”, difundió el presidente en Twitter.
El exfiscal general, Douglas Meléndez, también ha sido señalado por poner a cargo de la Unidad de Escuchas telefónicas de la Fiscalía General de la República a un agente de la DEA, por órdenes, Jean Manes. Además, ha sido denunciado penalmente por el delito de omisión en la investigación.
Meléndez fue señalado, además, de fabricar casos junto a fiscales a su cargo, Froilán Francisco Coto Cabrera, exdirector del Centro de Escuchas Telefónicas de la Fiscalía General de la República (FGR) y el exjefe de la Unidad de Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz. Dentro de los casos fabricados se encuentra el contra el anterior titular de la institución Luis Antonio Martínez, señalado de formar parte de una red de crimen organizado, acusación que fue desvanecida por las diferentes Cámaras y la Corte Suprema.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTDA), resolvió en un reciente informe que el gobierno salvadoreño debe “llevar a cabo una investigación exhaustiva” entorno a los casos donde el exfiscal es señalado por fabricar pruebas y actuar de manera arbitraria.
La exencargada de negocios también pidió al presidente Bukele liberar a Ernesto Muyshondt, procesado por negociar con pandillas, no procesar a Alfredo Cristiani, expresidente salvadoreño, señalado de iniciar un mecanismo de entrega de sobresueldos a funcionarios de su gobierno y no reelegir al actual fiscal Rodolfo Delgado.
“Mis respuestas a Jean Manes fueron estas: 1. No tenía la facultad de liberar a Ernesto Muyshondt; ademas era evidente que ÉL SÍ HABÍA ENTREGADO DINERO A PANDILLAS y que habían 2 videos que lo comprobaban. Uno de ellos lo muestra entregando una montaña de dinero en efectivo. 2. Que creía que Rodolfo Delgado había hecho un buen trabajo hasta ahora, como fiscal general, por lo que no interferiría si la @AsambleaSV decidía reelegirlo. 3. Que no tenía nada personal contra Alfredo Cristiani, ni contra Douglas Meléndez, pero que tampoco iba a protegerlos”, explicó el mandatario salvadoreño.
Otras de las peticiones de Manes al gobierno fue detener los arrestos de las personas implicadas en los sobresueldos. Según investigaciones de la Comisión de Sobresueldos, son más de 600 exfuncionarios durante los gobiernos de ARENA y el FMLN recibieron sobresueldos con recursos de la partida secreta. Entre estos se encuentran Rolando Alvarenga, exsecretario jurídico durante Gobierno del expresidente Francisco Flores, Federico Hernández, César Funes, Margarita Escobar, Benjamín Cestoni, exviceministro de Transporte y exdirector de la ANSP, Rodrigo Ávila, , Luis Mario Rodríguez, Carlos Quintanilla, Jorge Nieto Menéndez y Albino Román, entre otros.
El mandatario salvadoreño afirmó que ante esto le dijo a Manes, que “no intercedería ante la Fiscalía por ningún delincuente, aunque no presionaría personalmente por sus enjuiciamientos”.
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Ingreso de visitantes internacionales crece 49 % en El Salvador
El Salvador recibió entre el sábado 28 de marzo y miércoles 1o. de abril a 121,000 visitantes internacionales, lo que representa un incremento del 49 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando fueron registrados 81,000 visitantes, según cifras oficiales.
Por nacionalidad, un poco más de la mitad [55 %] proceden de Guatemala, mientras que el 18 % son originarios de Honduras, 17 % proceden de Estados Unidos y 10 % del resto del mundo.
Los cinco principales lugares más buscados y visitados por los turistas internacionales son Surf City 1, que comprende las playas de La Libertad, El Tunco y El Zonte; la ciudad de San Salvador en segundo lugar; seguida por el renovado Centro Histórico de San Salvador; en cuarto lugar está la Ruta de la Flores, en la zona occidental del país; y en quinto lugar la ciudad de San Miguel, en el oriente.
En cuanto a lugares públicos con más turistas en dicho periodo de Semana Santa, totalizan 927,000, que también representa un alza respecto a los registros del año pasado, cuando sumaron 645,000; es decir, un incremento del 44 %.
El Centro Histórico de San Salvador recibió a 445,000, las playas públicas tuvieron 197,000 visitantes, los sitios turísticos públicos 152,000, mientras que los sitios culturales públicos registraron 77,000. Los sitios administrados por el Ministerio de Obras Públicas recibieron a 46,000 y en las áreas naturales protegidas se tuvo a 10,000 turistas.
De entre los sitios públicos más visitados destacan el centro Histórico de San Salvador, Surf City 1, Biblioteca Nacional de El Salvador y Surf City fases 4 [playas de la zona occidental] y 2 [playas de la zona oriental].
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Cinco partidos ya prevén aspirar a la presidencia
El 28 de febrero de 2027, los salvadoreños elegirán presidente, vicepresidente, diputados y concejos municipales.
Cinco de los 11 partidos inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) han contemplado ya la presentación de candidaturas para presidente y vicepresidente de la república para las elecciones de febrero de 2027.
De acuerdo con las convocatorias a elecciones internas, los partidos FMLN, PDC, PCN, GANA y Fuerza Solidaria prevén competir con sus fórmulas para dirigir el Ejecutivo durante el sexenio 2027-2033.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, confirmó esta semana que competirán en la elección presidencial.
«Vamos a participar, claro que sí. Hay cientos de miles de salvadoreños que no quieren este régimen y lo van a demostrar en las urnas. Nosotros somos una opción», manifestó Flores.
Guillermo Gallegos, del partido GANA, aseveró en la entrevista El Urbano que evalúan tener candidato para la presidencia de la república.
En tanto, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), a través de su secretario de Asuntos Jurídicos, Nelson Alvarado, informó que no competirían en la elección presidencial; sin embargo, en su convocatoria para el proceso interno indicaron que elegirán candidatos para el referido cargo.
De igual manera, el Partido de Concertación Nacional (PCN) en su convocatoria indicó que hará proceso de elección para aspirar al Ejecutivo.
Fuerza Solidaria también tendrá representación presidencial, legislativa y municipal en los comicios. Mientras que VAMOS descartó su participación en la carrera por la presidencia.
Otros partidos aún no informan su proceso interno y las candidaturas por las que entrarían en la contienda. Todos los institutos políticos interesados en competir deberán tomar en consideración la última fecha para elegir a sus candidatos: 29 de julio de 2026. El martes 7 de abril finalizará el período establecido para que convoquen a dicho proceso interno.
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Criminólogo aclara que en El Salvador no había pena perpetua
La reforma del inciso segundo del artículo 27 de la Constitución de la República entrará en vigencia hasta que la CSJ adecúe las enmiendas de las leyes secundarias.
El experto en criminología Ricardo Sosa aclaró, en la entrevista Las cosas como son, que en El Salvador no existía la pena perpetua como algunas personas han opinado en distintos medios de comunicación, incluyendo redes sociales.
«Es lamentable que un profesional de las ciencias del derecho diga que lo que se ha hecho es elevar a rango constitucional algo que ya existía, porque no es cierto», afirmó Sosa, agregando que con dicho argumento «lo único que logran es confundir a la población».
De acuerdo con el experto, en la ley que estaba vigente «la pena máxima de prisión era de 60 años, de ahí todo lo que ha ocurrido en el presente siglo son condenas que acumulan delitos que no tienen relación entre ellos, y el juez establece una condena por cada delito».
Sosa aclaró que, bajo ese marco normativo, si la persona condenada sigue con vida después de cumplir los 60 años en prisión, debe salir libre.
A su juicio, el motivo para que algunos abogados estén enviando el mensaje de que la pena perpetua ya existía es porque necesitan mantener un discurso que le haga pensar a las personas condenadas que podrán salir de la cárcel; y seguir ofreciéndoles sus servicios de jurídicos.
«Engañan a la gente diciéndole que en la primera audiencia le van a sacar a su pariente», indicó, y reiteró que algunos abogados mantienen ese discurso y prometen que en la segunda audiencia sacarán libre al procesado, pero terminan culpando a los familiares de no presentar los arraigos a tiempo.
El jueves 26 de marzo, la Asamblea Legislativa ratificó la reforma constitucional que permite la cadena perpetua para asesinos, violadores y terroristas, la cual entrará en vigencia una vez sea publicada en el «Diario Oficial» y se haya capacitado al personal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ha solicitado un mes para adecuación de leyes secundarias.
Sosa también se refirió al informe sobre derechos humanos en El Salvador que presentó recientemente Gipes, encabezado por Santiago Cantón, Susana Sácouto, Claudia Marín, José Antonio Guevara y Gino Costa.
«Usted cree que estas cinco personas con sus hojas de vida, títulos universitarios y cantidad de cursos de ese sistema, de esa ideología, van a redactar capturas arbitrarias, 89,000, y luego se confunden y dan otra cifra. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de rigurosidad tiene?», dijo.
Sosa aprovechó para invitar a miembros de Gipes para que vengan a El Salvador y se muestren como querellantes de los 89,000 reclusos que aseguran fueron detenidos de forma arbitraria.






