Judicial
Colombiana vinculada al asesinato de un fiscal paraguayo es captura en el país junto a salvadoreño que le ayudó a esconderse
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, junto con el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, presentaron detalles acerca de la detención de prófugos de la justicia colombiana con orden de captura emitida por la INTERPOL.
Se trata de Margaret Lizeth Chacón Zúñiga, acusada por la justicia colombiana de planear el asesinato del fiscal Antimafia paraguayo, Marcelo Pecci, ocurrido en Cartagena, Colombia, el 10 de mayo de 2022.
Asimismo, fue capturado el salvadoreño Wilber Giovanni Rodríguez Huezo, de 47 años, quien enfrentará la justicia por el delito de agrupaciones ilícitas, ya que fue quien colaboró con esta mujer.
El director de la PNC afirmó que “a la señora alias Margie, como es conocida a nivel internacional, se ha localizado con la única finalidad de ponerla a disposición del requerimiento de la policía de Colombia”.
Ante la captura, el presidente de la República, Nayib Bukele se pronunció en su cuenta de Twitter de forma contundente, al decir que “El Salvador no será refugio de criminales”.
Por su parte el ministro Gustavo Villatoro recalcó que “este país en materia de seguridad se está transformando y El Salvador no será refugio de ningún criminal internacional o terroristas organizados que andan esparciendo su cultura de muerte, de luto y dolor de otros países de nuestra querida América Latina”.
Detalló que el proceso de captura inició el pasado viernes, cuando Interpol Colombia notificó a las autoridades salvadoreñas que la imputada podría encontrarse en el país, de inmediato se procedió a la revisión de bases de datos migratorios y se determinó que había ingresado el 26 de mayo de 2022.
Las autoridades informaro que Chacón Zúñiga, será entregada a las autoridades colombianas para que responda por sus delitos, mientras que Rodríguez Huezo será procesado por agrupaciones ilícitas y por posible ocultamiento para los criminales que planificaron y ejecutaron este asesinato.
“Ya lo decía el señor presidente, el imperio de la ley debe prevalecer y ese imperio de la ley aplica para cualquier criminal y más aún cuando ese delincuente tiene que responder ante la justicia de otros países”, afirmó el ministro Villatoro.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
