Judicial
20 pandilleros de la 18 que operaban en el Mercado Tinetti pasan a instrucción con detención acusados de múltiples delitos
El juzgado 10° de Paz de San Salvador resolvió instrucción formal con detención provisional para 20 miembros activos de la Pandilla 18 Revolucionarios que según testigos operaba y controlaba en la zona del Mercado Tinetti y sus alrededores.
Los imputados son: Miguel Ángel Pozo, de 32 años de edad; José Luis Flores Cortez, de 21; Carlos David Aranda, de 29; Fabio Marcelo Garcilazo Herrera, de 22; César Alexis Carrillo Hernández, de 18; Margarita Antonia Rodríguez, de 62; Josué Eliseo Fuentes Velasco, de 19; David Esteban Guerra Guerra, de 19; Roberto Antonio Enríquez Peña, de 19; Jesús Alicia Sánchez Pinzón, de 24; Elmer Enrique Morales López. de 32: Rina de Jesús Mena Cortez, de 36; Kevin Estelin Gómez, de 29; Adela Vásquez de Pozo, de 60; Marlene Esperanza Cuéllar de Urrutia, de 34; Kevin Haldair Carrillo Hernández, de 23; Elizabeth Bonilla Estrada, de 53; todos por acusados por el delito de Limitación Ilegal a la Libertad de circulación y amenazas con agravación especial en perjuicio de cinco víctimas con régimen de protección.
Asimismo Oscar Adonay Cruz Fuentes, de 32 años y Angélica María López, de 32, a quienes además se les imputa el delito de Homicidio en perjuicio de Eugenia Marcela Ávila Castillo.
Según la relación circunstancial de los hechos presentados en requerimiento, por la Fiscalía todos los acusados han sido identificados por más de cinco víctimas con régimen de protección quienes han manifestado que junto a su familia tuvieron que desalojar sus viviendas y sus negocios entregando las llaves a este grupo de pandilleros quienes les obligaron durante muchísimo tiempo a pagar la denominada renta hasta por $ 200 dólares a la semana, pero en noviembre del año 2015 empezaron a desalojar a la gente, amenazándole con matarlos si no cumplían con retirarse de la colonia.
Los ahora imputados “controlaban” con amenazas en la zona del Mercado Tinetti; Comunidad Tinetti, Avenida Peralta, 18 avenida Norte y la 20 calle Oriente. En repetidas ocasiones según las denuncias se presentaron en las casas de las víctimas con armas en mano para se fueran de su hogar con todos los miembros de su familia, sin tener éstas para dónde ir.
En una de estas ocasiones el 27 de noviembre del 2015 los pandilleros se presentaron en la cervecería Caribe, ubicada en calle Castillo del barrio Concepción de San Salvador, alrededor de las 8:00 p.m., mientras los demás pandilleros esperaban afuera con arma en mano haciendo vigilancia, Óscar Adonay Cruz Fuentes y Angélica María López ingresaron en el local buscando a alguien, se cruzaron entre todos los clientes hasta llegar a una habitación, donde María López sacó un arma de su delantal y se lo entrega a Adonay Fuentes quien le reclamó a una mujer por no desalojar el lugar y le descargó cuatro disparos, posteriormente le regresó el arma a María y se echan a correr todos en diferente dirección. Los presentes en el lugar reconocieron a la víctima como Eugenia Marcela Ávila Castillo, ysegún informe de Medicina Legal murió por las graves lesiones en sus órganos causados por los cuatro disparos en el tórax.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
