Internacionales
Trump anula una medida utilizada durante 60 años para luchar contra la discriminación laboral
El presidente Donald Trump anuló esta semana un decreto de casi 60 años que prohibía a los contratistas del Gobierno discriminar en sus prácticas de contratación, despido, ascenso o remuneración.
En su lugar, hay un nuevo requisito de que esos empleadores certifiquen que no tienen lo que calificó de programas “ilegales” de diversidad, equidad e inclusión, también conocidos como DEI. También ordenó a cada agencia federal que identificara hasta nueve objetivos de investigaciones federales sobre sus prácticas de DEI para ver si deben ser consideradas “ilegales”. Eso incluye corporaciones privadas que cotizan en bolsa, grandes corporaciones o asociaciones sin fines de lucro y grandes fundaciones.
El decreto que Trump anuló, firmado originalmente por el presidente Lyndon Johnson, se aplicaba a prácticamente todas las grandes empresas y a muchas pequeñas compañías que, en conjunto, emplean a cerca de una cuarta parte de los trabajadores en Estados Unidos. Había permanecido en vigor durante gobiernos demócratas y republicanos, incluido el primer mandato del propio Trump.
Y su medida ha generado la preocupación de que incluso las empresas que ven un valor en tener una fuerza de trabajo diversa y el liderazgo estarán nerviosos acerca de llegar a las mujeres, las minorías y otras clases protegidas, y que van a abandonar esos esfuerzos en lugar de correr el riesgo de entrar en conflicto con la nueva administración.
Las acciones dejan claro que Trump pretende hacer algo más que librar al propio gobierno federal de los controvertidos programas de DEI. Busca poner fin a muchos esfuerzos de una amplia gama de empleadores que habían estado tomando medidas para tener una fuerza de trabajo más diversa.
Este decreto, poco conocido y que data de hace 60 años, permitía investigar las prácticas de empleo de los contratistas y a menudo descubría casos de discriminación que incluso los empleados afectados desconocían. Y la amenaza de esas investigaciones, y los requisitos de las normas, fueron un poderoso motor de los esfuerzos de diversidad en toda la economía.
A los críticos de la medida les preocupa que muchos empleadores vean la acción de Trump como una señal de que ya no tienen que preocuparse por enfrentarse a sanciones por discriminar en sus prácticas de empleo.
“Aquellos que han sido más reticentes y reacios (a realizar actividades de divulgación) recibirán el mensaje de que todo puede pasar, y puedes hacer lo que quieras”, dijo Jocelyn Frye, presidenta de National Partnership for Women & Families, un grupo de interés público.
Pero el decreto que anuló, conocido como EO 11246, “no permitía cuotas, preferencias ni exclusiones. Están estrictamente prohibidas”, según las normas establecidas por el Departamento de Trabajo. Sí obligaba a las empresas que tienen contratos con el Gobierno a presentar datos anuales sobre sus prácticas de empleo, y esos informes podían dar lugar a una constatación de discriminación que obligara a los empleadores a indemnizar a los trabajadores que resultaran discriminados.
Alrededor de una cuarta parte de las personas que se determinó que habían sido discriminadas, y que recibieron compensaciones, eran hombres blancos, dijo Craig Leen, jefe de la oficina del Departamento de Trabajo que supervisó el decreto durante la mayor parte del primer mandato de Trump.
Leen dijo que rescindir el decreto no da luz verde a los contratistas para empezar a discriminar. Dijo que todavía deben cumplir con el Título VII de la ley de Derechos Civiles de 1964 que prohíbe la discriminación.
“Creo que van a seguir haciendo cumplir la no discriminación”, dijo Leen, que ahora es un abogado del sector privado. Dijo que la medida de Trump se debe a la sospecha conservadora de que las empresas están contratando en función de la raza o el género.
“Ha habido una preocupación en el lado republicano durante mucho tiempo, de que a veces (los contratistas) sí tienen preferencias y cuotas”, afirmó.
Sin embargo, Leen defiende los esfuerzos de los empresarios por contar con una mano de obra más diversa. En su opinión, quienes no buscan grupos infrarrepresentados durante el proceso de contratación antes de tomar una decisión de contratación o ascenso no solo se perjudican a sí mismos, sino que perjudican a la economía estadounidense en general.
“No se puede contratar a todo el mundo por el boca a boca y que todos sean hombres (blancos). Eso viola el Título VII, esté en vigor [el] 11246 o no”, indicó. “Así que si realmente quieres hacer contrataciones con base en el mérito, que es de lo que habla (el decreto de Trump) … significa que tienes que auditarte cada año. Tienes que asegurarte de que estás dando a las mujeres la misma oportunidad de ser promovidas que los hombres”.
Menos aplicación de la ley sin el decreto
Pero el Título VII no obliga a las empresas a facilitar información sobre sus prácticas de empleo. Sin el decreto 11246, será más difícil que la gente confirme que está siendo discriminada, y habrá muchos menos controles sobre los empresarios que sí practican la discriminación, consciente o inconscientemente. La mayoría de las personas que no consiguen un empleo no saben nada del proceso de toma de decisiones.
“Hay que saberlo para presentar una denuncia al respecto”, afirma Frye, de la National Partnership for Women & Families. Con el decreto 11246, el Departamento de Trabajo podía “ir in situ y comprobar si los empleadores cumplen con su obligación. [La derogación] erosiona su capacidad para hacerlo”.
Incluso algunos empleadores que creen que se benefician de una mano de obra diversa podrían dejar de impulsar sus programas de divulgación y de otro tipo por miedo a ser objeto de las nuevas políticas.
“Tienen que certificar que no tienen un programa ilegal de DEI. Eso no se ha definido en la interpretación del decreto”, dijo David Fortney, un abogado que trabajó en el Departamento de Trabajo bajo la administración de George W. Bush. “Tengo clientes que empiezan a hacer esa pregunta. La respuesta es que no lo sabemos con seguridad. Perdón por el juego de palabras, no sé si hay una respuesta en blanco y negro al respecto”.
“Mi experiencia es que la mayoría de los clientes creen firmemente que tener una plantilla diversa en sentido amplio produce mejores resultados”, dijo. “Creo que potencialmente tendrá cierto nivel de efectos amedrentadores”.
Consternación ha generado en Nicaragua la muerte de una niña de cuatro años, registrada el pasado 18 de agosto en la comunidad Denis Larios, municipio de Ticuantepe, Managua.
Según información difundida por medios oficialistas, las investigaciones preliminares señalan que la menor habría fallecido luego de que su madre, identificada como Angélica María Mairena López, de 31 años, presuntamente la sumergiera en un balde con agua.
El hecho habría ocurrido aproximadamente a las 6:40 de la tarde. Posteriormente, la niña fue trasladada a un centro hospitalario, donde se confirmó su fallecimiento.
Mairena fue detenida y presentada ante las autoridades por el delito de parricidio. De acuerdo con las versiones difundidas, la mujer presuntamente atravesaría un cuadro depresivo; sin embargo, esta circunstancia deberá ser determinada y valorada dentro del proceso correspondiente.
La investigación continúa y será la justicia la encargada de establecer las responsabilidades correspondientes.
Ucrania anunció sanciones destinadas a limitar la difusión de la serie de animación infantil «Masha y el Oso», que narra las aventuras de una niña y un oso, al considerar que constituye un vehículo de propaganda rusa dirigido a los menores.
Kiev sostiene que la producción representa una herramienta de poder cultural en manos de Moscú y contribuye a proyectar una imagen positiva de Rusia, debido a que el oso pardo es utilizado con frecuencia como símbolo del país.
«Ucrania impuso sanciones contra los productores y distribuidores de la serie de animación rusa Masha y el Oso», afirmó este viernes la ministra de Cultura, Tetiana Berejna.
«La propaganda rusa no tiene cabida en las pantallas de los niños, ni en Ucrania ni en ningún otro lugar del mundo», agregó.
Según la funcionaria, las medidas establecen «una base legal para bloquear este contenido en Ucrania» y solicitar «a las plataformas internacionales que restrinjan su monetización y difusión».
Las sanciones adoptadas por Ucrania afectan, entre otros, a los creadores rusos de la serie y al estudio responsable de su producción, de acuerdo con un decreto publicado el jueves por la noche por la presidencia ucraniana.
El documento sostiene que la serie «transmite narrativas prorrusas disfrazadas de contenido infantil» y genera ingresos fiscales para Rusia.
A finales de junio, Ucrania ya había protestado por la decisión de Netflix de adquirir los derechos de dos nuevas temporadas y ampliar su licencia para esta serie de animación.
«Masha y el Oso» fue estrenada en 2009 por el estudio ruso Animaccord. La producción también se transmite en cadenas de televisión de todo el mundo y está disponible en YouTube.
Consultado este viernes sobre las sanciones, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respondió que «Ucrania declaró la guerra a los dibujos animados».
«Masha y el Oso conquistaron al mundo entero» y únicamente promueven «las mejores cualidades humanas», afirmó.
Ucrania, que combate la invasión rusa a gran escala desde 2022, busca limitar la influencia cultural de Rusia mediante iniciativas orientadas a excluirla de ámbitos como el deporte, el cine y el arte.
Los ucranianos se han alejado de películas, series, libros y músicas rusas, que hasta entonces tenían una influencia considerable en el país.
La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha causado más de 2,500 muertos y «avanza de forma exponencial», alertó este viernes Julien Harneis, coordinador principal para el ébola dentro de Naciones Unidas.
«La epidemia de ébola avanza de forma exponencial» y «se expande ampliamente: ya cubre una superficie superior a la de Francia», afirmó Harneis desde Bunia, en la RDC, durante una rueda de prensa transmitida en la ciudad suiza de Ginebra.
El funcionario precisó que, hasta el momento, la epidemia ha provocado «más de 2,500 muertos», de los cuales la mitad falleció «en los veinte últimos días».
«Su avance supera la rapidez de nuestra respuesta, se intensifica y se expande más rápido que los esfuerzos desplegados en toda la región», enfatizó Harneis.
En apenas tres meses, el brote ya superó en mortalidad al registrado entre 2018 y 2020 en el este de la RDC, considerado entonces el más mortífero de la historia del país. Durante ese periodo se contabilizaron 2,299 fallecidos de 3,381 casos confirmados, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), basadas en los reportes de las autoridades congoleñas.
El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca una fiebre hemorrágica. Durante los últimos cincuenta años, la enfermedad ha causado más de 15,000 muertes en África.
Actualmente, no existe ninguna vacuna ni tratamiento específico aprobado contra la cepa Bundibugyo, responsable del brote actual, aunque hay ensayos clínicos en curso.
Esta semana se aprobó el envío a la RDC de un lote de 70,000 dosis de la vacuna Ervebo, homologada contra otra cepa del virus, Zaire, con el objetivo de evaluar su eficacia frente a la variedad Bundibugyo.
La respuesta sanitaria ha sido cuestionada por su lentitud y falta de organización, además de enfrentar la desconfianza de una parte de la población.
