Internacionales
Trump anula una medida utilizada durante 60 años para luchar contra la discriminación laboral
El presidente Donald Trump anuló esta semana un decreto de casi 60 años que prohibía a los contratistas del Gobierno discriminar en sus prácticas de contratación, despido, ascenso o remuneración.
En su lugar, hay un nuevo requisito de que esos empleadores certifiquen que no tienen lo que calificó de programas “ilegales” de diversidad, equidad e inclusión, también conocidos como DEI. También ordenó a cada agencia federal que identificara hasta nueve objetivos de investigaciones federales sobre sus prácticas de DEI para ver si deben ser consideradas “ilegales”. Eso incluye corporaciones privadas que cotizan en bolsa, grandes corporaciones o asociaciones sin fines de lucro y grandes fundaciones.
El decreto que Trump anuló, firmado originalmente por el presidente Lyndon Johnson, se aplicaba a prácticamente todas las grandes empresas y a muchas pequeñas compañías que, en conjunto, emplean a cerca de una cuarta parte de los trabajadores en Estados Unidos. Había permanecido en vigor durante gobiernos demócratas y republicanos, incluido el primer mandato del propio Trump.
Y su medida ha generado la preocupación de que incluso las empresas que ven un valor en tener una fuerza de trabajo diversa y el liderazgo estarán nerviosos acerca de llegar a las mujeres, las minorías y otras clases protegidas, y que van a abandonar esos esfuerzos en lugar de correr el riesgo de entrar en conflicto con la nueva administración.
Las acciones dejan claro que Trump pretende hacer algo más que librar al propio gobierno federal de los controvertidos programas de DEI. Busca poner fin a muchos esfuerzos de una amplia gama de empleadores que habían estado tomando medidas para tener una fuerza de trabajo más diversa.
Este decreto, poco conocido y que data de hace 60 años, permitía investigar las prácticas de empleo de los contratistas y a menudo descubría casos de discriminación que incluso los empleados afectados desconocían. Y la amenaza de esas investigaciones, y los requisitos de las normas, fueron un poderoso motor de los esfuerzos de diversidad en toda la economía.
A los críticos de la medida les preocupa que muchos empleadores vean la acción de Trump como una señal de que ya no tienen que preocuparse por enfrentarse a sanciones por discriminar en sus prácticas de empleo.
“Aquellos que han sido más reticentes y reacios (a realizar actividades de divulgación) recibirán el mensaje de que todo puede pasar, y puedes hacer lo que quieras”, dijo Jocelyn Frye, presidenta de National Partnership for Women & Families, un grupo de interés público.
Pero el decreto que anuló, conocido como EO 11246, “no permitía cuotas, preferencias ni exclusiones. Están estrictamente prohibidas”, según las normas establecidas por el Departamento de Trabajo. Sí obligaba a las empresas que tienen contratos con el Gobierno a presentar datos anuales sobre sus prácticas de empleo, y esos informes podían dar lugar a una constatación de discriminación que obligara a los empleadores a indemnizar a los trabajadores que resultaran discriminados.
Alrededor de una cuarta parte de las personas que se determinó que habían sido discriminadas, y que recibieron compensaciones, eran hombres blancos, dijo Craig Leen, jefe de la oficina del Departamento de Trabajo que supervisó el decreto durante la mayor parte del primer mandato de Trump.
Leen dijo que rescindir el decreto no da luz verde a los contratistas para empezar a discriminar. Dijo que todavía deben cumplir con el Título VII de la ley de Derechos Civiles de 1964 que prohíbe la discriminación.
“Creo que van a seguir haciendo cumplir la no discriminación”, dijo Leen, que ahora es un abogado del sector privado. Dijo que la medida de Trump se debe a la sospecha conservadora de que las empresas están contratando en función de la raza o el género.
“Ha habido una preocupación en el lado republicano durante mucho tiempo, de que a veces (los contratistas) sí tienen preferencias y cuotas”, afirmó.
Sin embargo, Leen defiende los esfuerzos de los empresarios por contar con una mano de obra más diversa. En su opinión, quienes no buscan grupos infrarrepresentados durante el proceso de contratación antes de tomar una decisión de contratación o ascenso no solo se perjudican a sí mismos, sino que perjudican a la economía estadounidense en general.
“No se puede contratar a todo el mundo por el boca a boca y que todos sean hombres (blancos). Eso viola el Título VII, esté en vigor [el] 11246 o no”, indicó. “Así que si realmente quieres hacer contrataciones con base en el mérito, que es de lo que habla (el decreto de Trump) … significa que tienes que auditarte cada año. Tienes que asegurarte de que estás dando a las mujeres la misma oportunidad de ser promovidas que los hombres”.
Menos aplicación de la ley sin el decreto
Pero el Título VII no obliga a las empresas a facilitar información sobre sus prácticas de empleo. Sin el decreto 11246, será más difícil que la gente confirme que está siendo discriminada, y habrá muchos menos controles sobre los empresarios que sí practican la discriminación, consciente o inconscientemente. La mayoría de las personas que no consiguen un empleo no saben nada del proceso de toma de decisiones.
“Hay que saberlo para presentar una denuncia al respecto”, afirma Frye, de la National Partnership for Women & Families. Con el decreto 11246, el Departamento de Trabajo podía “ir in situ y comprobar si los empleadores cumplen con su obligación. [La derogación] erosiona su capacidad para hacerlo”.
Incluso algunos empleadores que creen que se benefician de una mano de obra diversa podrían dejar de impulsar sus programas de divulgación y de otro tipo por miedo a ser objeto de las nuevas políticas.
“Tienen que certificar que no tienen un programa ilegal de DEI. Eso no se ha definido en la interpretación del decreto”, dijo David Fortney, un abogado que trabajó en el Departamento de Trabajo bajo la administración de George W. Bush. “Tengo clientes que empiezan a hacer esa pregunta. La respuesta es que no lo sabemos con seguridad. Perdón por el juego de palabras, no sé si hay una respuesta en blanco y negro al respecto”.
“Mi experiencia es que la mayoría de los clientes creen firmemente que tener una plantilla diversa en sentido amplio produce mejores resultados”, dijo. “Creo que potencialmente tendrá cierto nivel de efectos amedrentadores”.
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, expresó su admiración por los resultados de la estrategia de seguridad implementada en El Salvador bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, enfocada en el combate a la delincuencia y el crimen organizado.
En una entrevista, Fernández señaló que respeta los cambios realizados en el manejo de la seguridad en El Salvador y destacó los resultados obtenidos a través de políticas públicas dirigidas a enfrentar el crimen organizado. Asimismo, afirmó que el país pasó de altos niveles de violencia a estándares que considera superiores, lo que calificó como un resultado digno de análisis.
La mandataria electa indicó que aspectos de este modelo podrían ser replicados en Costa Rica, subrayando que no concibe que la población deba modificar su vida cotidiana debido a la inseguridad. En ese sentido, cuestionó las condiciones en las que ciudadanos, estudiantes y comerciantes enfrentan el temor ante la delincuencia.
Consultada sobre la posibilidad de restringir derechos como medida ante un aumento de la criminalidad, Fernández señaló que, de presentarse un incremento significativo en fenómenos como el sicariato o el narcotráfico, solicitaría autorización a la Asamblea Legislativa para implementar acciones en esa línea.
Además, destacó cualidades del presidente salvadoreño, como la valentía para enfrentar el crimen, y afirmó que en El Salvador la población puede utilizar los espacios públicos con mayor tranquilidad.
Internacionales
En Venezuela, excarcelan a 46 presos políticos vinculados con la industria petrolera
Al menos 46 de los más de 170 presos políticos acusados de delitos relacionados con la industria petrolera en Venezuela fueron excarcelados el jueves, según constató un equipo de la AFP. Las liberaciones se produjeron de forma intermitente en la prisión de Yare, ubicada a unos 75 kilómetros de Caracas, donde decenas de familiares se congregaron a la espera de noticias.
El proceso ocurre en medio de una ley de amnistía impulsada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la caída de Nicolás Maduro a inicios de enero. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales estiman que alrededor de 500 personas no han sido beneficiadas y permanecen detenidas.
Uno de los casos excluidos de esta amnistía es el denominado “PDVSA Obrero”, que agrupa a más de 170 detenidos, entre trabajadores de la estatal petrolera, agentes policiales y otras personas acusadas de delitos como contrabando, sabotaje y corrupción.
Familiares de los detenidos continúan a la espera de nuevas excarcelaciones. Algunos señalan que estos procesos también responden a gestiones con el Parlamento, que creó una comisión para atender casos no contemplados en la ley. Mientras tanto, personas liberadas han cuestionado las acusaciones y la lentitud en la aplicación de las medidas.
Internacionales
Irán advierte que podría volver a cerrar el estrecho de Ormuz ante persistencia del bloqueo de EE. UU.
Teherán amenazó el sábado con cerrar el estrecho de Ormuz si Estados Unidos mantiene el bloqueo a los puertos iraníes, hora después de que el paso marítimo fuera reabierto.
El reinicio del tránsito por el estrecho tranquilizó a los mercados el viernes e impulsó el optimismo en Washington.
Irán permitió que se reanudara el tránsito por el estrecho luego de que se confirmara la tregua entre Líbano e Israel.
En diálogo telefónico con la AFP, el presidente Donald Trump aseguró el viernes que no quedan «puntos conflictivos» para concluir un acuerdo de paz. Además dijo que Irán había acordado con entregar su uranio enriquecido, un punto clave de las negociaciones.
«Lo vamos a conseguir entrando en Irán, con muchas excavadoras», dijo Trump en un discurso ante el movimiento conservador Turning Point USA en Phoenix, Arizona.
Irán sin embargo, dijo que su uranio enriquecido no será trasladado a ninguna parte.
También advirtió que si los buques de guerra estadounidenses interceptan embarcaciones que proceden de puertos iraníes podría cerrar de nuevo el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de la producción global de crudo y gas natural licuado.
«Si el bloqueo continúa, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto», escribió el presidente del parlamento iraní, Mohamad Baquer Qalibaf, en X. Añadió que el paso por esa vía marítima dependería de la autorización de Irán.
«Lo que ellos llaman un bloqueo naval tendrá definitivamente la respuesta apropiada de Irán. Un bloqueo naval es una violación al cese al fuego», dijo el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baqaei.
Las notas discordantes llegaron en un día que Trump había calificado de «GRANDE Y BRILLANTE», con una serie de publicaciones en redes sociales en las que elogiaba a Pakistán, mediador de las conversaciones, y a los aliados del Golfo.
En su entrevista telefónica con la AFP, Trump dijo sobre el acuerdo que «parece que va a ser algo muy bueno para todos». Y, ante la pregunta sobre qué cuestiones espinosas quedaban por resolver, respondió: «Ningún punto conflictivo, en absoluto».
El conflicto en Oriente Medio comenzó el 28 de febrero, con ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió con lanzamientos de misiles y drones en el Golfo y el cierre de ese estrecho clave para el transporte de hidrocarburos.
Caen precios del petróleo
Los precios del petróleo ya habían cedido ante la esperanza de una salida negociada al conflicto, y su caída se aceleró el viernes. Las acciones subieron a medida que los inversores se contagiaron del optimismo.
En la noche del viernes, Estados Unidos emitió otra exención que permite la venta de crudo ruso y productos derivados que ya están en el mar, una movida que llevará a la baja los precios del petróleo a medida que aumenta el suministro.
El cese al fuego en Líbano y la reapertura del estrecho marcaron un avance clave en el acuerdo que busca Washington para acabar su guerra con Irán, después de que Teherán insistiera en que la lucha con Líbano debía incluirse en la negociación.
En Líbano, familias desplazadas buscan regresar, durante los 10 días de tregua, a sus hogares en el bombardeado sur de Beirut.
«Nuestros sentimientos son indescriptibles, orgullo y victoria», dijo a la AFP Amani Atrash, de 37 años, y agregó que espera que el cese al fuego continúa.
Trump dijo que Washington le «prohibió» a Israel continuar con sus ataques.
«Es suficiente», dijo, y agregó que Estados Unidos trabajará con Líbano «para lidiar» con Hezbolá.
Tregua bajo presión
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló que la ofensiva contra Hezbolá no ha terminado.
«Todavía hay cosas que planeamos hacer respecto a las amenazas [que plantean] los cohetes y los drones» del movimiento libanés, dijo Netanyahu en un mensaje grabado.
Líbano dijo que trabaja en «un acuerdo permanente» con Israel tras el alto al fuego, afirmó su presidente, Joseph Aoun.
Es «una fase de transición (…) para trabajar en un acuerdo permanente que proteja los derechos de nuestro pueblo», agregó.
Según los términos de la tregua, Israel se reserva el derecho de continuar apuntando contra Hezbolá para evitar «ataques planeados, inminentes o en curso», y mantendrá una zona de seguridad de 10 km en la frontera entre ambos países.
De su lado, Hezbolá advirtió que tiene el «dedo en el gatillo» por si Israel viola la tregua.
