Internacionales
Trump anula una medida utilizada durante 60 años para luchar contra la discriminación laboral
El presidente Donald Trump anuló esta semana un decreto de casi 60 años que prohibía a los contratistas del Gobierno discriminar en sus prácticas de contratación, despido, ascenso o remuneración.
En su lugar, hay un nuevo requisito de que esos empleadores certifiquen que no tienen lo que calificó de programas “ilegales” de diversidad, equidad e inclusión, también conocidos como DEI. También ordenó a cada agencia federal que identificara hasta nueve objetivos de investigaciones federales sobre sus prácticas de DEI para ver si deben ser consideradas “ilegales”. Eso incluye corporaciones privadas que cotizan en bolsa, grandes corporaciones o asociaciones sin fines de lucro y grandes fundaciones.
El decreto que Trump anuló, firmado originalmente por el presidente Lyndon Johnson, se aplicaba a prácticamente todas las grandes empresas y a muchas pequeñas compañías que, en conjunto, emplean a cerca de una cuarta parte de los trabajadores en Estados Unidos. Había permanecido en vigor durante gobiernos demócratas y republicanos, incluido el primer mandato del propio Trump.
Y su medida ha generado la preocupación de que incluso las empresas que ven un valor en tener una fuerza de trabajo diversa y el liderazgo estarán nerviosos acerca de llegar a las mujeres, las minorías y otras clases protegidas, y que van a abandonar esos esfuerzos en lugar de correr el riesgo de entrar en conflicto con la nueva administración.
Las acciones dejan claro que Trump pretende hacer algo más que librar al propio gobierno federal de los controvertidos programas de DEI. Busca poner fin a muchos esfuerzos de una amplia gama de empleadores que habían estado tomando medidas para tener una fuerza de trabajo más diversa.
Este decreto, poco conocido y que data de hace 60 años, permitía investigar las prácticas de empleo de los contratistas y a menudo descubría casos de discriminación que incluso los empleados afectados desconocían. Y la amenaza de esas investigaciones, y los requisitos de las normas, fueron un poderoso motor de los esfuerzos de diversidad en toda la economía.
A los críticos de la medida les preocupa que muchos empleadores vean la acción de Trump como una señal de que ya no tienen que preocuparse por enfrentarse a sanciones por discriminar en sus prácticas de empleo.
“Aquellos que han sido más reticentes y reacios (a realizar actividades de divulgación) recibirán el mensaje de que todo puede pasar, y puedes hacer lo que quieras”, dijo Jocelyn Frye, presidenta de National Partnership for Women & Families, un grupo de interés público.
Pero el decreto que anuló, conocido como EO 11246, “no permitía cuotas, preferencias ni exclusiones. Están estrictamente prohibidas”, según las normas establecidas por el Departamento de Trabajo. Sí obligaba a las empresas que tienen contratos con el Gobierno a presentar datos anuales sobre sus prácticas de empleo, y esos informes podían dar lugar a una constatación de discriminación que obligara a los empleadores a indemnizar a los trabajadores que resultaran discriminados.
Alrededor de una cuarta parte de las personas que se determinó que habían sido discriminadas, y que recibieron compensaciones, eran hombres blancos, dijo Craig Leen, jefe de la oficina del Departamento de Trabajo que supervisó el decreto durante la mayor parte del primer mandato de Trump.
Leen dijo que rescindir el decreto no da luz verde a los contratistas para empezar a discriminar. Dijo que todavía deben cumplir con el Título VII de la ley de Derechos Civiles de 1964 que prohíbe la discriminación.
“Creo que van a seguir haciendo cumplir la no discriminación”, dijo Leen, que ahora es un abogado del sector privado. Dijo que la medida de Trump se debe a la sospecha conservadora de que las empresas están contratando en función de la raza o el género.
“Ha habido una preocupación en el lado republicano durante mucho tiempo, de que a veces (los contratistas) sí tienen preferencias y cuotas”, afirmó.
Sin embargo, Leen defiende los esfuerzos de los empresarios por contar con una mano de obra más diversa. En su opinión, quienes no buscan grupos infrarrepresentados durante el proceso de contratación antes de tomar una decisión de contratación o ascenso no solo se perjudican a sí mismos, sino que perjudican a la economía estadounidense en general.
“No se puede contratar a todo el mundo por el boca a boca y que todos sean hombres (blancos). Eso viola el Título VII, esté en vigor [el] 11246 o no”, indicó. “Así que si realmente quieres hacer contrataciones con base en el mérito, que es de lo que habla (el decreto de Trump) … significa que tienes que auditarte cada año. Tienes que asegurarte de que estás dando a las mujeres la misma oportunidad de ser promovidas que los hombres”.
Menos aplicación de la ley sin el decreto
Pero el Título VII no obliga a las empresas a facilitar información sobre sus prácticas de empleo. Sin el decreto 11246, será más difícil que la gente confirme que está siendo discriminada, y habrá muchos menos controles sobre los empresarios que sí practican la discriminación, consciente o inconscientemente. La mayoría de las personas que no consiguen un empleo no saben nada del proceso de toma de decisiones.
“Hay que saberlo para presentar una denuncia al respecto”, afirma Frye, de la National Partnership for Women & Families. Con el decreto 11246, el Departamento de Trabajo podía “ir in situ y comprobar si los empleadores cumplen con su obligación. [La derogación] erosiona su capacidad para hacerlo”.
Incluso algunos empleadores que creen que se benefician de una mano de obra diversa podrían dejar de impulsar sus programas de divulgación y de otro tipo por miedo a ser objeto de las nuevas políticas.
“Tienen que certificar que no tienen un programa ilegal de DEI. Eso no se ha definido en la interpretación del decreto”, dijo David Fortney, un abogado que trabajó en el Departamento de Trabajo bajo la administración de George W. Bush. “Tengo clientes que empiezan a hacer esa pregunta. La respuesta es que no lo sabemos con seguridad. Perdón por el juego de palabras, no sé si hay una respuesta en blanco y negro al respecto”.
“Mi experiencia es que la mayoría de los clientes creen firmemente que tener una plantilla diversa en sentido amplio produce mejores resultados”, dijo. “Creo que potencialmente tendrá cierto nivel de efectos amedrentadores”.
Los maestros mexicanos que mantuvieron una huelga durante 20 días en Ciudad de México acordaron el sábado levantar su protesta, luego de realizar bloqueos callejeros y manifestaciones con las que buscaron presionar por sus demandas laborales y boicotear el inicio del Mundial de fútbol.
La movilización fue encabezada por un ala disidente del sindicato de la educación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos integrantes exigían un aumento salarial del 100% y la derogación de una ley de pensiones.
Durante las protestas, los docentes intentaron afectar el inicio del Mundial en Ciudad de México, programado para el pasado 11 de junio. Sin embargo, las autoridades desplegaron medidas de seguridad para proteger los accesos al estadio Azteca, donde comenzó el torneo con el partido entre México y Sudáfrica.
El grupo también intentó llegar al estadio el pasado 17 de junio, cuando Colombia enfrentó a Uzbekistán, pero sus integrantes fueron bloqueados por la policía. Además, las autoridades impidieron que los maestros llegaran al Zócalo, la principal plaza pública del país, donde se desarrolla la fan fest del Mundial de fútbol, evento que ha atraído a multitudes.
Los docentes instalaron tiendas de campaña y colocaron mantas en varias calles del Centro Histórico de la capital mexicana durante el periodo de protesta.
En medio de las manifestaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no recurriría a la represión ni caería en provocaciones, y llamó al diálogo entre las partes.
Decenas de negocios reportaron afectaciones debido a los bloqueos en el centro de la ciudad y solicitaron a las autoridades retirar a los maestros de la zona.
“Hoy regresamos a nuestras aulas, porque vamos a cumplir con nuestros estudiantes, las comunidades y los padres”, declaró en rueda de prensa Pedro Hernández, representante de la CNTE en Ciudad de México.
Hernández aseguró que el movimiento no está derrotado y señaló que la lucha continuará. “No han logrado mermar nuestra convicción de que esta lucha va a seguir, de que esta lucha tiene que triunfar”, expresó.
Estados Unidos e Irán retomaron este domingo en Suiza las negociaciones orientadas a buscar un acuerdo que permita poner fin a la guerra en Oriente Medio, con conversaciones centradas en el conflicto en Líbano y el programa nuclear iraní.
El acuerdo marco firmado por Teherán y Washington el pasado miércoles establece un período de 60 días renovable para alcanzar un pacto. Sin embargo, desde su firma se han acumulado diversos obstáculos que dificultan el avance de las conversaciones.
Irán exige que las negociaciones incluyan un alto el fuego en Líbano entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá. Ante la continuidad de los bombardeos israelíes, el sábado Teherán anunció como represalia el cierre del estrecho de Ormuz, una zona considerada clave para el comercio mundial de hidrocarburos.
Durante esa jornada, al menos 30 personas murieron en el este y el sur del territorio libanés. La calma regresó al final del día, luego de que el ejército israelí recibiera la orden de cesar los enfrentamientos con Hezbolá.
Catar, que participa como mediador junto a Pakistán, informó sobre el inicio de las negociaciones denominadas “Cumbre del Lago de Lucerna”, con la primera reunión de un comité de alto nivel en la que participan representantes de Estados Unidos, la República Islámica de Irán y los dos países mediadores.
Las delegaciones estadounidense e iraní llegaron horas antes al hotel de Bürgenstock, ubicado a orillas del lago de Lucerna, donde se desarrollarán las conversaciones. La representación de Estados Unidos está encabezada por el vicepresidente JD Vance, mientras que la delegación iraní es liderada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.
Vance afirmó el sábado que las discusiones podrían extenderse “unos días” y señaló que permanecería en Suiza uno o dos días. También indicó que en el lugar se encontraban el emisario Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.
“Espero que logremos avanzar en la cuestión nuclear, avanzar en el tema del alto el fuego en Líbano. Esos son los dos grandes asuntos en los que estaremos enfocados”, declaró Vance antes de partir de Estados Unidos.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, señaló el domingo que Líbano es el principal tema de las conversaciones, junto con los activos congelados de Irán y sus exportaciones de petróleo.
Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, reiteró que Irán está dispuesto a ofrecer garantías de que no fabricará armas nucleares, aunque sostuvo que el país no renunciará a su derecho a enriquecer uranio.
“La otra parte no tendrá más remedio que aceptar este derecho”, afirmó en una publicación difundida en su sitio web oficial.
Internacionales
Los colombianos votan entre un candidato pro-Trump y un delfín de la izquierda en el poder
Los colombianos acudieron este domingo a las urnas para elegir al nuevo presidente del país en una segunda vuelta electoral entre el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, respaldado por el expresidente estadounidense Donald Trump, y el senador izquierdista Iván Cepeda, aliado del actual gobierno.
El balotaje se desarrolla en un contexto considerado clave para el proceso de paz, que atraviesa dificultades, y para las tensas relaciones entre Colombia y Washington.
Las encuestas prevén una contienda reñida en la que De la Espriella, de 47 años, parte como favorito. El abogado millonario ha concentrado apoyos con un discurso contra las guerrillas y contra lo que denomina el avance de la izquierda, que llegó por primera vez al poder con el presidente Gustavo Petro.
Por su parte, Iván Cepeda, de 63 años, congresista y filósofo cercano al gobierno, reúne el respaldo de sectores populares que destacan la reducción de la pobreza y el aumento del salario mínimo en uno de los países más desiguales del mundo.
“Necesitamos una nueva fuerza que nos dé un nuevo motivo para pensar que el país puede salir adelante”, expresó Nel Bolaño, un ingeniero de sistemas de 55 años, en la ciudad caribeña de Barranquilla.
La jornada electoral convocó a más de 41 millones de personas y se desarrolló hasta las 21:00 GMT. La autoridad electoral esperaba contar con resultados pocas horas después del cierre de las urnas.
Durante la votación, De la Espriella acudió con una camiseta de la selección de fútbol, acompañado por cientos de seguidores que vestían la misma prenda y coreaban “¡fuera Petro!” en Barranquilla, considerada su bastión político.
“Vinimos a cambiar la política para siempre, hoy es el partido más importante de la historia de Colombia”, declaró el candidato ante los medios, quien se hace llamar “El Tigre”.
Cepeda, en tanto, asistió a una escuela ubicada en un barrio popular de Bogotá, acompañado por escoltas con escudos antibalas.
“Cuando triunfemos vamos a gobernar para todo un país y no solo para un sector”, afirmó ante la prensa, mientras sus seguidores gritaban “¡El pueblo está contigo!”.
Una campaña marcada por la violencia
A una década del acuerdo de paz con las FARC, la campaña electoral estuvo marcada por hechos de violencia relacionados con grupos armados, incluidos ataques con bombas, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.
De la Espriella responsabiliza al presidente Petro, a quien llama “jefe de la mafia”, y ha señalado que buscaría llevarlo ante la justicia de Estados Unidos.
El abogado afirmó a la AFP que buscará el respaldo de Donald Trump e Israel para realizar acciones contra las guerrillas mediante bombardeos y fumigaciones de narcocultivos en Colombia, país señalado como el mayor productor mundial de cocaína.
De nacionalidad colombiana y estadounidense, De la Espriella se opone al intento del gobierno de Petro de negociar con grupos armados, proceso que ha tenido pocos avances para poner fin a décadas de conflicto armado.
Según analistas, estas organizaciones aprovecharon el escenario para fortalecerse económicamente y expandirse.
“El miedo subió últimamente porque cogieron mucha fuerza los grupos armados. Eso le da zozobra a uno”, manifestó Jesús Alberto, un comerciante de 58 años del departamento del Cauca.
Iván Cepeda, hijo de un político comunista asesinado por agentes estatales y paramilitares, fue uno de los impulsores de la política de paz del gobierno, aunque en una entrevista con la AFP afirmó estar dispuesto a revisarla.
