Internacionales
Trump anula una medida utilizada durante 60 años para luchar contra la discriminación laboral

El presidente Donald Trump anuló esta semana un decreto de casi 60 años que prohibía a los contratistas del Gobierno discriminar en sus prácticas de contratación, despido, ascenso o remuneración.
En su lugar, hay un nuevo requisito de que esos empleadores certifiquen que no tienen lo que calificó de programas “ilegales” de diversidad, equidad e inclusión, también conocidos como DEI. También ordenó a cada agencia federal que identificara hasta nueve objetivos de investigaciones federales sobre sus prácticas de DEI para ver si deben ser consideradas “ilegales”. Eso incluye corporaciones privadas que cotizan en bolsa, grandes corporaciones o asociaciones sin fines de lucro y grandes fundaciones.
El decreto que Trump anuló, firmado originalmente por el presidente Lyndon Johnson, se aplicaba a prácticamente todas las grandes empresas y a muchas pequeñas compañías que, en conjunto, emplean a cerca de una cuarta parte de los trabajadores en Estados Unidos. Había permanecido en vigor durante gobiernos demócratas y republicanos, incluido el primer mandato del propio Trump.
Y su medida ha generado la preocupación de que incluso las empresas que ven un valor en tener una fuerza de trabajo diversa y el liderazgo estarán nerviosos acerca de llegar a las mujeres, las minorías y otras clases protegidas, y que van a abandonar esos esfuerzos en lugar de correr el riesgo de entrar en conflicto con la nueva administración.
Las acciones dejan claro que Trump pretende hacer algo más que librar al propio gobierno federal de los controvertidos programas de DEI. Busca poner fin a muchos esfuerzos de una amplia gama de empleadores que habían estado tomando medidas para tener una fuerza de trabajo más diversa.
Este decreto, poco conocido y que data de hace 60 años, permitía investigar las prácticas de empleo de los contratistas y a menudo descubría casos de discriminación que incluso los empleados afectados desconocían. Y la amenaza de esas investigaciones, y los requisitos de las normas, fueron un poderoso motor de los esfuerzos de diversidad en toda la economía.
A los críticos de la medida les preocupa que muchos empleadores vean la acción de Trump como una señal de que ya no tienen que preocuparse por enfrentarse a sanciones por discriminar en sus prácticas de empleo.
“Aquellos que han sido más reticentes y reacios (a realizar actividades de divulgación) recibirán el mensaje de que todo puede pasar, y puedes hacer lo que quieras”, dijo Jocelyn Frye, presidenta de National Partnership for Women & Families, un grupo de interés público.
Pero el decreto que anuló, conocido como EO 11246, “no permitía cuotas, preferencias ni exclusiones. Están estrictamente prohibidas”, según las normas establecidas por el Departamento de Trabajo. Sí obligaba a las empresas que tienen contratos con el Gobierno a presentar datos anuales sobre sus prácticas de empleo, y esos informes podían dar lugar a una constatación de discriminación que obligara a los empleadores a indemnizar a los trabajadores que resultaran discriminados.
Alrededor de una cuarta parte de las personas que se determinó que habían sido discriminadas, y que recibieron compensaciones, eran hombres blancos, dijo Craig Leen, jefe de la oficina del Departamento de Trabajo que supervisó el decreto durante la mayor parte del primer mandato de Trump.
Leen dijo que rescindir el decreto no da luz verde a los contratistas para empezar a discriminar. Dijo que todavía deben cumplir con el Título VII de la ley de Derechos Civiles de 1964 que prohíbe la discriminación.
“Creo que van a seguir haciendo cumplir la no discriminación”, dijo Leen, que ahora es un abogado del sector privado. Dijo que la medida de Trump se debe a la sospecha conservadora de que las empresas están contratando en función de la raza o el género.
“Ha habido una preocupación en el lado republicano durante mucho tiempo, de que a veces (los contratistas) sí tienen preferencias y cuotas”, afirmó.
Sin embargo, Leen defiende los esfuerzos de los empresarios por contar con una mano de obra más diversa. En su opinión, quienes no buscan grupos infrarrepresentados durante el proceso de contratación antes de tomar una decisión de contratación o ascenso no solo se perjudican a sí mismos, sino que perjudican a la economía estadounidense en general.
“No se puede contratar a todo el mundo por el boca a boca y que todos sean hombres (blancos). Eso viola el Título VII, esté en vigor [el] 11246 o no”, indicó. “Así que si realmente quieres hacer contrataciones con base en el mérito, que es de lo que habla (el decreto de Trump) … significa que tienes que auditarte cada año. Tienes que asegurarte de que estás dando a las mujeres la misma oportunidad de ser promovidas que los hombres”.
Menos aplicación de la ley sin el decreto
Pero el Título VII no obliga a las empresas a facilitar información sobre sus prácticas de empleo. Sin el decreto 11246, será más difícil que la gente confirme que está siendo discriminada, y habrá muchos menos controles sobre los empresarios que sí practican la discriminación, consciente o inconscientemente. La mayoría de las personas que no consiguen un empleo no saben nada del proceso de toma de decisiones.
“Hay que saberlo para presentar una denuncia al respecto”, afirma Frye, de la National Partnership for Women & Families. Con el decreto 11246, el Departamento de Trabajo podía “ir in situ y comprobar si los empleadores cumplen con su obligación. [La derogación] erosiona su capacidad para hacerlo”.
Incluso algunos empleadores que creen que se benefician de una mano de obra diversa podrían dejar de impulsar sus programas de divulgación y de otro tipo por miedo a ser objeto de las nuevas políticas.
“Tienen que certificar que no tienen un programa ilegal de DEI. Eso no se ha definido en la interpretación del decreto”, dijo David Fortney, un abogado que trabajó en el Departamento de Trabajo bajo la administración de George W. Bush. “Tengo clientes que empiezan a hacer esa pregunta. La respuesta es que no lo sabemos con seguridad. Perdón por el juego de palabras, no sé si hay una respuesta en blanco y negro al respecto”.
“Mi experiencia es que la mayoría de los clientes creen firmemente que tener una plantilla diversa en sentido amplio produce mejores resultados”, dijo. “Creo que potencialmente tendrá cierto nivel de efectos amedrentadores”.
Internacionales
Un segundo vuelo con deportados llegó a Brasil desde Estados Unidos, en medio de las tensiones entre Lula y Trump

Un segundo vuelo con deportados llegó a Brasil desde Estados Unidos, en medio de las tensiones entre Lula y Trump
Un segundo vuelo con deportados proveniente de Estados Unidos llegó este viernes a Brasil, en medio de las recientes tensiones surgidas entre los presidentes Lula da Silva y Donald Trump.
Una fuente del Ejecutivo local confirmó que cerca de las 16:15 horas, la nave procedente del estado de Luisiana aterrizó en Fortaleza, al noreste del país, con 111 pasajeros. Según sumó el funcionario, “la información que tenemos es que todos son brasileños” que fueron devueltos a Brasil porque agotaron los recursos legales para poder permanecer en Norteamérica, tal como “se acordó con los estadounidenses”.
Su destino final será Belo Horizonte, a donde serán llevados en un avión de la Fuerza Aérea Nacional.
Este es el segundo vuelo de deportados que Brasil recibe desde que Trump regresó a la presidencia y ordenó los masivos operativos contra la inmigración en el país, que ya han devuelto a cientos de otros civiles a sus respectivas naciones.
No obstante, estos en particular no guardan “relación directa” con las recientes directrices sino que se dan “en otro contexto: un entendimiento bilateral entre Brasil y Estados Unidos de 2017, que permanece en vigor” y que ya condujo a otras expulsiones en años previos, con miras a reducir el tiempo que estos ciudadanos pasan en centros de detención en el exterior.
De hecho, según cifras de la Policía Federal de Brasil, en los últimos cuatro años se registraron 94 vuelos con más de 7.500 ciudadanos en ellos.
El primero de ellos ocurrido desde el regreso de Trump a la presidencia, sin embargo, generó polémica y derivó en el primer cruce entre los países.
El vuelo tuvo lugar el pasado 26 de enero y transportó a 88 brasileños, que pasaron las largas horas del trayecto esposados. Las imágenes en las que se los veía descender en la ciudad de Manaos con sus manos y tobillos amarrados, y los relatos de los involucrados que dan cuenta de “agresiones físicas, amenazas y trato degradante” y la prohibición de alimentos y uso libre del baño, llevaron al Gobierno de Lula a denunciar un “tratamiento denigrante” hacia sus connacionales y a convocar al encargado de negocios de Washington en el país para reevaluar las condiciones de estos operativos.
Dichas condiciones demuestran un “flagrante desprecio a los derechos fundamentales” de estas personas, apuntó Lula, que recordó que “cuando el avión abre su puerta, los deportados están bajo legislación brasileña y vamos a cuidar eso con cariño”.
Poco después, la crisis pareció contenerse y las partes confirmaron la creación de un grupo de trabajo para “intercambiar información y mejorar la operatividad de los vuelos de retorno de los brasileños, garantizando la seguridad y el tratamiento digno y respetuoso de los pasajeros”. Asimismo, el Gobierno de Lula creó un puesto de atención a migrantes en el aeropuerto de Belo Horizonte, con el objetivo de recibir de forma adecuada a los expulsados.
En este contexto, el vuelo de las últimas horas, que será “objeto de evaluación con vistas a la organización de los próximos”, jugó un rol clave en la relación entre las naciones y la efectividad de esta medida conjunta
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Un juez federal bloqueó a Elon Musk el control del sistema de pagos del Tesoro de EEUU tras la demanda de 19 fiscales generales

Un juez federal bloqueó a Elon Musk el control del sistema de pagos del Tesoro de EEUU tras la demanda de 19 fiscales generales
Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este sábado el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, a los registros del Departamento del Tesoro, en respuesta a una demanda presentada por 19 fiscales generales demócratas contra el presidente Donald Trump.
El fallo, emitido por el juez del Distrito Sur de Nueva York, Paul Engelmayer, responde a la demanda que alega que la administración Trump permitió “ilegalmente” que el equipo de Musk accediera al sistema central de pagos del Tesoro, que gestiona reembolsos de impuestos, beneficios del Seguro Social y pagos a veteranos, además de contener datos financieros y personales de millones de estadounidenses.
De esta manera, Engelmayer prohibió el acceso a los sistemas de pago y otros datos del Tesoro de Estados Unidos a “todos los cargos políticos”, “todos los agentes especiales del gobierno”, así como a “todos los empleados del gobierno asignados a un organismo externo al Tesoro”.
La orden restrictiva temporal, que permanecerá en vigor hasta una audiencia el 14 de febrero, también dice que cualquier persona que haya accedido a datos de los registros del Departamento del Tesoro desde que Trump asumió como presidente el 20 de enero debe “destruir inmediatamente todas y cada una de las copias del material descargado”.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó que la medida representa un riesgo de seguridad y podría utilizarse para interferir con fondos federales. “Este grupo no electo, liderado por el hombre más rico del mundo, no está autorizado a tener esta información. Buscaron este acceso no autorizado para bloquear ilegalmente pagos que millones de estadounidenses necesitan para atención médica, cuidado infantil y otros programas esenciales”, dijo en un video difundido por su oficina.
El Departamento del Tesoro, bajo la dirección del secretario Scott Bessent, modificó políticas internas para permitir el acceso del equipo de Musk a los registros de pagos, lo que, según la demanda, excede la autoridad de la agencia y viola leyes federales y el principio de separación de poderes de la Constitución.
Elon Musk ha desestimado las críticas a DOGE en su plataforma X, asegurando que la iniciativa está ahorrando millones de dólares a los contribuyentes al eliminar el gasto gubernamental innecesario.
Musk, la persona más rica del mundo, está liderando los esfuerzos de Trump para recortar costos federales bajo el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
Mientras tanto, el fiscal general de Connecticut, William Tong, calificó la situación como “la mayor filtración de datos en la historia de Estados Unidos”.
“DOGE es un grupo ilegalmente constituido de ‘tecnócratas renegados’ revisando registros confidenciales, datos sensibles y sistemas de pago críticos. ¿Qué podría salir mal?”, afirmó Tong en un comunicado.
La administración Trump y el Departamento del Tesoro han defendido el acceso de DOGE, argumentando que su misión es auditar el gasto público y detectar fraudes.
Sin embargo, fuentes citadas por The Associated Press indicaron que la revisión comenzó con el objetivo de suspender pagos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una institución que Trump y Musk han buscado desmantelar.
La orden de Engelmayer decía que los estados que demandaron “enfrentarían daños irreparables en ausencia de una medida cautelar”.
“Esto se debe tanto al riesgo que presenta la nueva política de divulgación de información sensible y confidencial como al mayor riesgo de que los sistemas en cuestión sean más vulnerables que antes a la piratería”, escribió.
El caso sigue en curso en la justicia federal, mientras legisladores demócratas han solicitado una investigación del Tesoro sobre el acceso de DOGE y sindicatos han presentado demandas adicionales para bloquear la revisión de los sistemas de pago del gobierno
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VIDEO | Rompe el silencio el padre que agredió brutalmente a su hija por conducir una moto sin casco

Tras las críticas en las redes sociales por la golpiza que propinó a su hija de 15 años por no llevar casco cuando estaba en una moto, Sergio Martínez aceptó una entrevista con un medio argentino en el que dio su versión de los hechos.
El hombre se mostró arrepentido por lo ocurrido: “No pude controlar mi impotencia. Pero la patada que le di a mi hija, en el piso, estuvo muy mal, aunque no pateé para hacerle daño, sino para llamar la atención”, continuó Martínez.
“No me pude controlar”: la justificación del hombre que le pegó a su hija por andar en moto sin casco https://t.co/9Png2OIKbA pic.twitter.com/10aaCGOfTm
— TN – Todo Noticias (@todonoticias) February 5, 2025
A raíz del video una fiscal impuso una restricción perimetral por un periodo de siete días tanto para con su hija como para con el joven que la acompañaba.
El hombre señaló que interceptó de casualidad a su hija, cuando él se encontraba con su pareja. Señaló que estaba previsto vender la moto hace meses; sin embargo, decidió postergar la decidió.
Mientras tanto, el debate sigue abierto en redes sociales, donde algunos usuarios creen en su arrepentimiento, mientras que otros rechazan cualquier tipo de violencia como método de corrección.