Internacionales
Trump anula una medida utilizada durante 60 años para luchar contra la discriminación laboral
El presidente Donald Trump anuló esta semana un decreto de casi 60 años que prohibía a los contratistas del Gobierno discriminar en sus prácticas de contratación, despido, ascenso o remuneración.
En su lugar, hay un nuevo requisito de que esos empleadores certifiquen que no tienen lo que calificó de programas “ilegales” de diversidad, equidad e inclusión, también conocidos como DEI. También ordenó a cada agencia federal que identificara hasta nueve objetivos de investigaciones federales sobre sus prácticas de DEI para ver si deben ser consideradas “ilegales”. Eso incluye corporaciones privadas que cotizan en bolsa, grandes corporaciones o asociaciones sin fines de lucro y grandes fundaciones.
El decreto que Trump anuló, firmado originalmente por el presidente Lyndon Johnson, se aplicaba a prácticamente todas las grandes empresas y a muchas pequeñas compañías que, en conjunto, emplean a cerca de una cuarta parte de los trabajadores en Estados Unidos. Había permanecido en vigor durante gobiernos demócratas y republicanos, incluido el primer mandato del propio Trump.
Y su medida ha generado la preocupación de que incluso las empresas que ven un valor en tener una fuerza de trabajo diversa y el liderazgo estarán nerviosos acerca de llegar a las mujeres, las minorías y otras clases protegidas, y que van a abandonar esos esfuerzos en lugar de correr el riesgo de entrar en conflicto con la nueva administración.
Las acciones dejan claro que Trump pretende hacer algo más que librar al propio gobierno federal de los controvertidos programas de DEI. Busca poner fin a muchos esfuerzos de una amplia gama de empleadores que habían estado tomando medidas para tener una fuerza de trabajo más diversa.
Este decreto, poco conocido y que data de hace 60 años, permitía investigar las prácticas de empleo de los contratistas y a menudo descubría casos de discriminación que incluso los empleados afectados desconocían. Y la amenaza de esas investigaciones, y los requisitos de las normas, fueron un poderoso motor de los esfuerzos de diversidad en toda la economía.
A los críticos de la medida les preocupa que muchos empleadores vean la acción de Trump como una señal de que ya no tienen que preocuparse por enfrentarse a sanciones por discriminar en sus prácticas de empleo.
“Aquellos que han sido más reticentes y reacios (a realizar actividades de divulgación) recibirán el mensaje de que todo puede pasar, y puedes hacer lo que quieras”, dijo Jocelyn Frye, presidenta de National Partnership for Women & Families, un grupo de interés público.
Pero el decreto que anuló, conocido como EO 11246, “no permitía cuotas, preferencias ni exclusiones. Están estrictamente prohibidas”, según las normas establecidas por el Departamento de Trabajo. Sí obligaba a las empresas que tienen contratos con el Gobierno a presentar datos anuales sobre sus prácticas de empleo, y esos informes podían dar lugar a una constatación de discriminación que obligara a los empleadores a indemnizar a los trabajadores que resultaran discriminados.
Alrededor de una cuarta parte de las personas que se determinó que habían sido discriminadas, y que recibieron compensaciones, eran hombres blancos, dijo Craig Leen, jefe de la oficina del Departamento de Trabajo que supervisó el decreto durante la mayor parte del primer mandato de Trump.
Leen dijo que rescindir el decreto no da luz verde a los contratistas para empezar a discriminar. Dijo que todavía deben cumplir con el Título VII de la ley de Derechos Civiles de 1964 que prohíbe la discriminación.
“Creo que van a seguir haciendo cumplir la no discriminación”, dijo Leen, que ahora es un abogado del sector privado. Dijo que la medida de Trump se debe a la sospecha conservadora de que las empresas están contratando en función de la raza o el género.
“Ha habido una preocupación en el lado republicano durante mucho tiempo, de que a veces (los contratistas) sí tienen preferencias y cuotas”, afirmó.
Sin embargo, Leen defiende los esfuerzos de los empresarios por contar con una mano de obra más diversa. En su opinión, quienes no buscan grupos infrarrepresentados durante el proceso de contratación antes de tomar una decisión de contratación o ascenso no solo se perjudican a sí mismos, sino que perjudican a la economía estadounidense en general.
“No se puede contratar a todo el mundo por el boca a boca y que todos sean hombres (blancos). Eso viola el Título VII, esté en vigor [el] 11246 o no”, indicó. “Así que si realmente quieres hacer contrataciones con base en el mérito, que es de lo que habla (el decreto de Trump) … significa que tienes que auditarte cada año. Tienes que asegurarte de que estás dando a las mujeres la misma oportunidad de ser promovidas que los hombres”.
Menos aplicación de la ley sin el decreto
Pero el Título VII no obliga a las empresas a facilitar información sobre sus prácticas de empleo. Sin el decreto 11246, será más difícil que la gente confirme que está siendo discriminada, y habrá muchos menos controles sobre los empresarios que sí practican la discriminación, consciente o inconscientemente. La mayoría de las personas que no consiguen un empleo no saben nada del proceso de toma de decisiones.
“Hay que saberlo para presentar una denuncia al respecto”, afirma Frye, de la National Partnership for Women & Families. Con el decreto 11246, el Departamento de Trabajo podía “ir in situ y comprobar si los empleadores cumplen con su obligación. [La derogación] erosiona su capacidad para hacerlo”.
Incluso algunos empleadores que creen que se benefician de una mano de obra diversa podrían dejar de impulsar sus programas de divulgación y de otro tipo por miedo a ser objeto de las nuevas políticas.
“Tienen que certificar que no tienen un programa ilegal de DEI. Eso no se ha definido en la interpretación del decreto”, dijo David Fortney, un abogado que trabajó en el Departamento de Trabajo bajo la administración de George W. Bush. “Tengo clientes que empiezan a hacer esa pregunta. La respuesta es que no lo sabemos con seguridad. Perdón por el juego de palabras, no sé si hay una respuesta en blanco y negro al respecto”.
“Mi experiencia es que la mayoría de los clientes creen firmemente que tener una plantilla diversa en sentido amplio produce mejores resultados”, dijo. “Creo que potencialmente tendrá cierto nivel de efectos amedrentadores”.
El papa León XIV recibió este viernes a los obispos de El Salvador, quienes se encuentran en Roma para realizar la visita «ad limina Apostolorum», una jornada en la que los representantes de la Iglesia salvadoreña presentaron al Pontífice la situación de sus diócesis y los principales desafíos pastorales.
El encuentro se desarrolló al cierre de la visita iniciada el pasado 7 de septiembre, durante la cual los obispos sostuvieron reuniones con diferentes organismos de la Curia Romana y compartieron aspectos relacionados con la realidad de El Salvador y de la Iglesia en el país.
Como parte de la visita, los obispos entregaron al papa León XIV una reliquia de primer grado de san Óscar Arnulfo Romero, figura central de la Iglesia salvadoreña y uno de los santos más reconocidos del país.
El cardenal Gregorio Rosa Chávez destacó el ambiente de cercanía durante las actividades realizadas en Roma y señaló que los encuentros permitieron abordar diferentes temas de interés para la Iglesia salvadoreña.
Entre los aspectos señalados por el cardenal estuvo la importancia de colocar a la persona humana en el centro frente a los desafíos actuales. También destacó el legado de san Romero y el cariño que existe hacia su figura dentro de la Iglesia.
Rosa Chávez hizo además un llamado a mantener la esperanza y a trabajar por una cultura de encuentro y diálogo en El Salvador, con una mirada puesta en el futuro del país.
Al finalizar su participación, el cardenal dejó un mensaje para los salvadoreños: «Que no decaiga la esperanza. Que sigamos esperando con esperanza y soñando el futuro que Dios quiere», expresó.
Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, solicitó a la justicia de Estados Unidos que le permita continuar el proceso judicial en su contra bajo arresto domiciliario, debido a problemas cardíacos que, según su defensa, requieren atención médica especializada.
Flores, de 69 años, se encuentra detenida en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York, donde permanece desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro durante un operativo estadounidense en Caracas.
Antes de su captura, Flores «estaba físicamente sana y no tomaba ningún medicamento de forma continua, salvo una inyección mensual», aseguró su abogado Mark Donnelly en un documento fechado el miércoles.
Sin embargo, de acuerdo con su defensa, actualmente toma cuatro medicamentos y presenta problemas cardíacos que requieren una exploración coronaria y una intervención.
Ante esta situación, el abogado solicitó que Flores sea trasladada a una residencia privada en Estados Unidos, donde cumpliría un régimen de arresto domiciliario bajo condiciones estrictas. La propuesta contempla vigilancia armada las 24 horas, el uso de un brazalete electrónico y la confiscación de su pasaporte.
El pedido también señala que las condiciones de reclusión actuales no le permiten recibir la atención que necesita para atender sus problemas de salud.
El exmandatario venezolano y su esposa están procesados en Estados Unidos y acusados de haber ayudado a traficar cocaína hacia ese país, cargos que ambos niegan.
Hace una semana, Maduro solicitó desestimar los cargos en su contra y apeló a su inmunidad como jefe de Estado para argumentar que el tribunal de Nueva York que lleva su caso y el de Flores no es competente.
Desde que Maduro fue depuesto, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna Venezuela de manera interina, bajo fuerte presión de Washington.
Cientos de personas continúan durmiendo en calles, carpas o albergues en Pereira, Colombia, un mes después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, que dejó más de 330 personas fallecidas y provocó el derrumbe de miles de edificios.
Fanery Andrade, una vendedora ambulante de 41 años, permanece junto a su familia en una carpa instalada en un parque, después de que su vivienda quedara reducida a escombros. La mujer espera recibir las ayudas anunciadas por el Gobierno.
«Aún estamos acá porque está difícil los arriendos, hemos mirado, son costosísimos, los subieron por las nubes», relató Andrade a la AFP.
El terremoto, que golpeó el occidente de Colombia, también derribó colegios, hospitales y miles de edificios. Las pérdidas económicas fueron estimadas en $9,500 millones y las labores de reconstrucción tomarán años.
Andrade recordó que logró salir de su vivienda poco antes de que esta se derrumbara, a pocos metros del parque donde actualmente permanece. «Uno duerme todavía con susto», aseguró mientras señalaba los restos de su casa.
La mujer tuvo la posibilidad de trasladarse a un albergue, pero decidió permanecer cerca de seis familias vecinas que también instalaron sus carpas en el lugar. «Entre todos nos colaboramos», expresó.
Andrade, quien padece anemia y otras patologías, también busca recuperar su pequeño puesto de frituras y conseguir nuevamente una vivienda. «Una casita» es uno de sus principales anhelos.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo tres días antes del terremoto, anunció subsidios de $285 mensuales para el alquiler durante tres meses destinados a las personas afectadas. Sin embargo, varios damnificados consultados por la AFP afirmaron que todavía no habían recibido la ayuda gubernamental.
Entre quienes buscan salir adelante se encuentra Francia Elena Vásquez, quien perdió su tienda familiar de velas aromáticas y utensilios desechables, negocio en el que trabajó durante 28 años.
Tras perder el establecimiento, Vásquez retomó sus actividades comerciales en un espacio prestado dentro de un estacionamiento. «Gracias a la comunidad, a la gente, (…) nos ha ido bien», relató la comerciante.
De acuerdo con la entidad de atención de desastres, el terremoto dejó más de 36,300 viviendas destruidas.
Otro de los afectados es Matías Vélez, un auxiliar de enfermería de 36 años que resultó herido durante el terremoto. Tras el colapso de su apartamento, se trasladó a vivir con sus padres mientras se recupera y retoma sus actividades laborales.
«Nos toca empezar de cero», afirmó Vélez.
