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Internacionales

Trump anula una medida utilizada durante 60 años para luchar contra la discriminación laboral

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El presidente Donald Trump anuló esta semana un decreto de casi 60 años que prohibía a los contratistas del Gobierno discriminar en sus prácticas de contratación, despido, ascenso o remuneración.

 

En su lugar, hay un nuevo requisito de que esos empleadores certifiquen que no tienen lo que calificó de programas “ilegales” de diversidad, equidad e inclusión, también conocidos como DEI. También ordenó a cada agencia federal que identificara hasta nueve objetivos de investigaciones federales sobre sus prácticas de DEI para ver si deben ser consideradas “ilegales”. Eso incluye corporaciones privadas que cotizan en bolsa, grandes corporaciones o asociaciones sin fines de lucro y grandes fundaciones.

El decreto que Trump anuló, firmado originalmente por el presidente Lyndon Johnson, se aplicaba a prácticamente todas las grandes empresas y a muchas pequeñas compañías que, en conjunto, emplean a cerca de una cuarta parte de los trabajadores en Estados Unidos. Había permanecido en vigor durante gobiernos demócratas y republicanos, incluido el primer mandato del propio Trump.

Y su medida ha generado la preocupación de que incluso las empresas que ven un valor en tener una fuerza de trabajo diversa y el liderazgo estarán nerviosos acerca de llegar a las mujeres, las minorías y otras clases protegidas, y que van a abandonar esos esfuerzos en lugar de correr el riesgo de entrar en conflicto con la nueva administración.

 

Las acciones dejan claro que Trump pretende hacer algo más que librar al propio gobierno federal de los controvertidos programas de DEI. Busca poner fin a muchos esfuerzos de una amplia gama de empleadores que habían estado tomando medidas para tener una fuerza de trabajo más diversa.

Este decreto, poco conocido y que data de hace 60 años, permitía investigar las prácticas de empleo de los contratistas y a menudo descubría casos de discriminación que incluso los empleados afectados desconocían. Y la amenaza de esas investigaciones, y los requisitos de las normas, fueron un poderoso motor de los esfuerzos de diversidad en toda la economía.

 

A los críticos de la medida les preocupa que muchos empleadores vean la acción de Trump como una señal de que ya no tienen que preocuparse por enfrentarse a sanciones por discriminar en sus prácticas de empleo.

“Aquellos que han sido más reticentes y reacios (a realizar actividades de divulgación) recibirán el mensaje de que todo puede pasar, y puedes hacer lo que quieras”, dijo Jocelyn Frye, presidenta de National Partnership for Women & Families, un grupo de interés público.

Pero el decreto que anuló, conocido como EO 11246, “no permitía cuotas, preferencias ni exclusiones. Están estrictamente prohibidas”, según las normas establecidas por el Departamento de Trabajo. Sí obligaba a las empresas que tienen contratos con el Gobierno a presentar datos anuales sobre sus prácticas de empleo, y esos informes podían dar lugar a una constatación de discriminación que obligara a los empleadores a indemnizar a los trabajadores que resultaran discriminados.

Alrededor de una cuarta parte de las personas que se determinó que habían sido discriminadas, y que recibieron compensaciones, eran hombres blancos, dijo Craig Leen, jefe de la oficina del Departamento de Trabajo que supervisó el decreto durante la mayor parte del primer mandato de Trump.

Leen dijo que rescindir el decreto no da luz verde a los contratistas para empezar a discriminar. Dijo que todavía deben cumplir con el Título VII de la ley de Derechos Civiles de 1964 que prohíbe la discriminación.

“Creo que van a seguir haciendo cumplir la no discriminación”, dijo Leen, que ahora es un abogado del sector privado. Dijo que la medida de Trump se debe a la sospecha conservadora de que las empresas están contratando en función de la raza o el género.

“Ha habido una preocupación en el lado republicano durante mucho tiempo, de que a veces (los contratistas) sí tienen preferencias y cuotas”, afirmó.

Sin embargo, Leen defiende los esfuerzos de los empresarios por contar con una mano de obra más diversa. En su opinión, quienes no buscan grupos infrarrepresentados durante el proceso de contratación antes de tomar una decisión de contratación o ascenso no solo se perjudican a sí mismos, sino que perjudican a la economía estadounidense en general.

“No se puede contratar a todo el mundo por el boca a boca y que todos sean hombres (blancos). Eso viola el Título VII, esté en vigor [el] 11246 o no”, indicó. “Así que si realmente quieres hacer contrataciones con base en el mérito, que es de lo que habla (el decreto de Trump) … significa que tienes que auditarte cada año. Tienes que asegurarte de que estás dando a las mujeres la misma oportunidad de ser promovidas que los hombres”.

Menos aplicación de la ley sin el decreto
Pero el Título VII no obliga a las empresas a facilitar información sobre sus prácticas de empleo. Sin el decreto 11246, será más difícil que la gente confirme que está siendo discriminada, y habrá muchos menos controles sobre los empresarios que sí practican la discriminación, consciente o inconscientemente. La mayoría de las personas que no consiguen un empleo no saben nada del proceso de toma de decisiones.

“Hay que saberlo para presentar una denuncia al respecto”, afirma Frye, de la National Partnership for Women & Families. Con el decreto 11246, el Departamento de Trabajo podía “ir in situ y comprobar si los empleadores cumplen con su obligación. [La derogación] erosiona su capacidad para hacerlo”.

Incluso algunos empleadores que creen que se benefician de una mano de obra diversa podrían dejar de impulsar sus programas de divulgación y de otro tipo por miedo a ser objeto de las nuevas políticas.

“Tienen que certificar que no tienen un programa ilegal de DEI. Eso no se ha definido en la interpretación del decreto”, dijo David Fortney, un abogado que trabajó en el Departamento de Trabajo bajo la administración de George W. Bush. “Tengo clientes que empiezan a hacer esa pregunta. La respuesta es que no lo sabemos con seguridad. Perdón por el juego de palabras, no sé si hay una respuesta en blanco y negro al respecto”.

“Mi experiencia es que la mayoría de los clientes creen firmemente que tener una plantilla diversa en sentido amplio produce mejores resultados”, dijo. “Creo que potencialmente tendrá cierto nivel de efectos amedrentadores”.

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Costa Rica endurece controles en cárceles: destruyen seis consolas PlayStation decomisadas a reclusos

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El Gobierno de Costa Rica reforzó las medidas de seguridad en sus centros penitenciarios tras decomisar y destruir seis consolas PlayStation, junto con controles y accesorios, que eran utilizadas por privados de libertad en el Centro Especializado para el Adulto Joven, en Alajuela.

La medida forma parte del programa «Cero Ocio», impulsado por el Ministerio de Justicia y Paz, que busca eliminar privilegios dentro de las cárceles y sustituir las actividades recreativas por programas de trabajo y reinserción social. Como parte del plan, los reclusos serán incorporados a labores de mantenimiento en carreteras, escuelas y espacios públicos.

Los privados de libertad serán incorporados al programa "Cero Ocio", que contempla labores de mantenimiento de vías, escuelas y otros espacios públicos. Crédito: Ministerio de Justicia y PazLos privados de libertad serán incorporados al programa «Cero Ocio», que contempla labores de mantenimiento de vías, escuelas y otros espacios públicos. Crédito: Ministerio de Justicia y Paz

Las autoridades señalaron que las consolas habían ingresado con permisos otorgados en administraciones anteriores, pero la nueva política penitenciaria eliminó ese beneficio al considerar que estos dispositivos no son compatibles con los objetivos del sistema carcelario.

El decomiso ha generado un amplio debate en Costa Rica sobre el equilibrio entre los derechos de los privados de libertad, la disciplina en los centros penales y los procesos de rehabilitación.

El ministro Gabriel Aguilar aseguró que quienes deseen acceder al beneficio del "dos por uno" deberán hacerlo mediante trabajo, orden y disciplina. Crédito: Transmisión Presidencia de la RepúblicaEl ministro Gabriel Aguilar aseguró que quienes deseen acceder al beneficio del «dos por uno» deberán hacerlo mediante trabajo, orden y disciplina. Crédito: Transmisión Presidencia de la República

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27 años de prisión por asesinar a su esposa y dispersar sus restos en un parque de París

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Un tribunal de París condenó este viernes a 27 años de prisión a un hombre de 53 años por el asesinato de su esposa, un crimen ocurrido en la capital francesa.

De acuerdo con la investigación, trabajadores del parque Buttes Chaumont, un popular lugar frecuentado por familias y corredores en el noreste de París, encontraron una bolsa de plástico con partes del cuerpo de la víctima. La cabeza de la mujer fue localizada al día siguiente.

Los investigadores determinaron que la pareja era originaria de Argelia y tenía tres hijos. Ambos residían en las afueras de París, pero su relación se había deteriorado y atravesaban dificultades económicas.

Según los elementos recopilados durante la investigación, tras asesinar a su esposa, el hombre colocó el cuerpo en el sofá, lo cubrió con una manta y les dijo a sus hijos que no la molestaran porque estaba cansada. Posteriormente, salió a comprar una amoladora angular.

El condenado también envió mensajes al teléfono de la víctima preguntándole dónde se encontraba, con el objetivo de desviar las sospechas. Sin embargo, posteriormente confesó el crimen ante la policía.

El caso se da a conocer en un contexto de violencia contra las mujeres en Francia. Según cifras oficiales, en 2024 un total de 107 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja en ese país, lo que representa un aumento del 11 % respecto al año anterior.

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Incendio en Almería deja 12 fallecidos y 23 personas sin localizar mientras continúan las labores de emergencia

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Un incendio forestal de gran magnitud registrado en la provincia de Almería, en el turístico sur de España, dejó 12 personas fallecidas que intentaban escapar de las llamas, mientras que 23 continúan sin localizar, según informaron autoridades regionales.

El fuego se propagó rápidamente el jueves en la zona de Los Gallardos, un área con una orografía escarpada, caracterizada por barrancos y viviendas dispersas en zonas forestales, lo que habría dificultado la evacuación y atrapado a algunas personas que intentaban huir.

El presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, informó el viernes que el balance preliminar era de 12 fallecidos y 23 personas no localizadas, aunque pidió prudencia debido a que algunas podrían no haber logrado comunicarse con sus familiares o autoridades.

«Tenemos 12 personas fallecidas, 23 personas no localizadas», declaró Moreno Bonilla ante los periodistas, al tiempo que calificó la situación como «una tragedia».

Posteriormente, en una entrevista con la radio andaluza, el presidente regional indicó que aún se buscaba a 19 personas que permanecían sin localizar.

El incendio, que continúa fuera de control y es considerado uno de los más graves de la historia reciente de España, también dejó ocho personas heridas, cuatro de ellas con lesiones de mayor gravedad.

La rápida propagación de las llamas convirtió la zona, ubicada a pocos kilómetros de la costa Mediterránea, en una especie de «ratonera», según describió Moreno Bonilla.

El responsable de Emergencias, Antonio Sanz, señaló que todo apunta a que la mayoría o la totalidad de las víctimas podrían ser extranjeras, aunque aclaró que esta información no puede confirmarse hasta completar la identificación de los fallecidos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, cuatro de las víctimas se encontraban dentro de un vehículo que tenía el volante al lado derecho, por lo que se investiga si podrían ser de nacionalidad británica. Este dato aún no ha sido confirmado.

Las otras siete personas habrían intentado escapar caminando por los caminos escarpados de la zona, donde quedaron rodeadas por el avance del fuego.

El alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, explicó que las autoridades alertaron a los habitantes «puerta por puerta» sobre el peligro, pero señaló que un grupo de personas no atendió las recomendaciones de vecinos que les pedían permanecer en sus viviendas, situación que habría dejado siete fallecidos.

Ante la emergencia, Antonio Sanz insistió en la importancia de acatar las indicaciones oficiales. «No son recomendaciones, son instrucciones», afirmó, al señalar que cuando las autoridades ordenan evacuar y establecen las rutas de salida, es fundamental seguirlas.

Más de 400 efectivos de diferentes cuerpos de emergencia, entre ellos 150 bomberos regionales con medios aéreos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias, continúan trabajando para controlar el incendio, que ya consumió 3,150 hectáreas.

Las autoridades indicaron que las labores han sido complicadas debido a la compleja orografía del terreno. Además, consideran como una de las hipótesis que el incendio pudo originarse por la caída de una línea de tendido eléctrico que provocó la ignición de la vegetación y su rápida expansión impulsada por el viento.

Mientras continúan los trabajos de control, numerosas personas permanecen desalojadas, y cerca de 200 están siendo ubicadas en distintos puntos municipales.

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