Internacionales
Queman vivos a cinco militares bolivianos
En un crimen que ha estremecido a la nación, cinco miembros del Ejército Boliviano fueron brutalmente asesinados el pasado jueves cerca de Villamontes, a unos 90 kilómetros de la frontera con Argentina. Los subtenientes Yamil Argani y José María Romero, junto a los sargentos Braulio Pacaje, Vladimir Pacasi y Ruddy Medoza, fueron incinerados dentro de su vehículo tras ser emboscados por una organización criminal.
Inicialmente se pensó que el incendio había sido causado por un accidente de tránsito, pero el viceministro de Lucha contra el Contrabando, Daniel Vargas, descartó esta versión y denunció que lo sucedido fue un acto criminal premeditado, una manifestación de la violencia que enfrentan las fuerzas armadas en su lucha contra el contrabando y narcotráfico. El funcionario agregó que “se está llevando a cabo una movilización de los grupos de inteligencia militar para dar con los responsables de esta atrocidad”.
Las muertes de los cinco militares conmovieron al país por su particular crueldad. Según una fuente policial, los unifromados asesinados formaban parte de una operación destinada a combatir actividades ilícitas en las zonas fronterizas bolivianas y el día del crimen perseguían un vehículo cargado con sustancias químicas ilegales.
Testigos revelaron que la camioneta militar fue forzada a salirse del camino y volcó. Los atacantes aprovecharon la confusión tras el accidente para desarmar a los militares, rociarlos con gasolina y prenderlos fuego. Después del asesinato, los narcos huyeron, dejando tras de sí botellas de gasolina como testimonio del horror.
Posteriormente, uno de ellos se jactó del crimen, lo que quedó registrado en uno de las varios audios que, por una razón aún no determinada, terminaron en las redes sociales y llegaron a oídos policiales. “Tanto que hacen llorar a la gente estos maleantes, están ardiéndose como perros que son”, se escucha en una de estas grabaciones, que fueron reproducidas por los medios de comunicación.
La comunidad internacional ha puesto sus ojos sobre Bolivia, especialmente al considerar el estado actual de Ecuador, donde el narcotráfico ha cobrado un poder significativo. Según la oposición, Bolivia tiene parecidas vulnerabilidades económicas, sociales e institucionales que este país, y el Gobierno de Luis Arce no está tomando las medidas necesarias para impedir que los narcotraficantes se apoderen de las instituciones públicas, en particular de la policía y las cárceles, ni establezcan zonas liberadas del control del Estado, como las que han creado en las fronteras las más temibles organizaciones de contrabandistas.
Estas organizaciones están armadas e, intermitentemente, responden con fuego y muerte a las brigadas militares que intentan detener los convoyes con mercadería de contrabando, entre la cual se encuentra, a veces, los precursores químicos requeridos para la fabricación de cocaína. Aunque la oposición alerta sobre vulnerabilidades similares que podrían ser explotadas por el crimen organizado en Bolivia, el gobierno de Arce insiste en que la presencia de grandes mafias internacionales no es comparable con la situación ecuatoriana.
Bolivia, no obstante, es el tercer productor mundial de cocaína, justo detrás de Colombia y Perú, con más de 300 toneladas del narcótico puestas en el mercado según estimaciones de 2021 de autoridades estadounidenses.
El año pasado, el país reconoció que ya no solo produce la “pasta base” de la droga, sino también el clorhidrato o la cocaína refinada. Se teme que este hecho signifique que los carteles de la droga ya han aterrizado en Bolivia. Hace una semana, el Gobierno hizo uno de los mayores decomisos de la historia, incautando 8,7 toneladas de cocaína que viajaban hacia Chile para ser trasladas desde ahí hasta los Países Bajos. Y una de las más importantes noticias del año 2023 fue la espectacular fuga del país de Sebastián Marset, considerado por las autoridades un “narco de talla mundial”, que burló a la policía y violó las fronteras nacionales, al parecer para refugiarse en Paraguay.
Tras el ataque contra los militares, Samuel Doria Medina, empresario y líder opositor, expresó en redes sociales que “el Gobierno debe reprimir rigurosamente a los autores de este crimen para impedir que, a la larga, el narco se adueñe del país”.
Un fatídico hecho de sangre se registró este lunes en un restaurante ubicado sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle, de la Zona 6, de la capital guatemalteca. Clientes y empleados de la cevichería «Viña del Mar» fueron atacados a balazos por dos hombres que ingresaron con los rostros cubiertos. En el lugar fallecieron cinco personas, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, posteriormente uno murió en el nosocomio, informó el periódico Prensa Libre.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años que fue movilizado a una unidad de emergencias pediátricas.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, tras recibir llamadas de emergencias de los vecinos, quienes escucharon los disparos.
Actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan el móvil de la masacre.
Según una publicación en la web del medio guatemalteco La Hora, citando versiones de testigos, los atacantes se movilizaban en motocicletas.
En las redes sociales comenzaron a circular las posibles identidades de las víctimas entre ellas Kimberly Pérez Ramos, su pareja Isaías Boch y el hijo en común que resultó herido; los tres residentes de Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Noemí Sinay Hernández ha sido identificada entre las víctimas mortales. La mujer contaba con récord delictivo por asociaciones ilícitas, portación de arma hechiza y conspiración para asesinato, confirmó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar. De todos los fallecidos era la única que contaba con antecedentes policiales, añadió.
Una de las hipótesis de la Policía es que el ataque iba dirigido hacia Hernández por presunta rivalidad entre bandas criminales
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.
La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.
Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.
Internacionales
Masacres en Colombia aumentan un 32% en 2026 y dejan más de 90 víctimas en tres meses
La situación de seguridad en Colombia muestra una crisis durante el inicio de 2026, con un aumento significativo en las masacres registradas entre enero y marzo. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, en ese periodo se contabilizaron 30 hechos que dejaron 94 fallecidos a causa de la violencia, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Según detalla un artículo de «El Colombiano», las cifras reflejan un problema persistente en distintas regiones del país, donde continúan ocurriendo asesinatos colectivos, definidos como la muerte intencional de tres o más personas en un mismo hecho. Este tipo de violencia evidencia la presencia activa de criminales en varios territorios.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó un panorama aún más crítico, con 35 masacres y 133 víctimas durante el primer trimestre de 2026, lo que convierte este periodo en el más violento de la última década en este tipo de crímenes.
Los casos se han concentrado en al menos 34 municipios de 17 departamentos, lo que evidencia una expansión territorial de la violencia, en muchos casos vinculada a disputas entre grupos armados ilegales. Enero y marzo fueron los meses con mayor incidencia, con 13 casos de violencia cada uno, mientras que en febrero se registraron nueve.
El año inició con un hecho que marcó la tendencia. El 3 de enero, en Santander de Quilichao, tres mujeres fueron asesinadas en un mismo hecho violento. El caso, que incluyó ataques en distintos momentos relacionados entre sí, evidenció la gravedad de la situación y el impacto en las comunidades.
La comparación con años anteriores confirma el aumento de la violencia, ya que en el primer trimestre de 2025 se registraron 16 masacres, en 2024 fueron 18 y en 2023 un total de 27 casos. Según Indepaz, entre 2016 y marzo de 2026 se han documentado 729 masacres y 2,657 víctimas en el país, reflejando la persistencia de este fenómeno a lo largo del tiempo.
