Opinet
La Corte Penal Internacional está perdiendo su independencia ante potentes jugadores políticos
¿Qué es CPI?
La Corte Penal Internacional (CPI) se lanzó oficialmente en 1998. Los países participantes pusieron muchas esperanzas en el organismo autónomo cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad entre otros. El instrumento constitutivo de la CPI es el Estatuto de Roma. Al ratificarlo, un país se compromete a cumplir sus artículos y normas con relación a dichos crímenes. Cabe mencionar que la jurisdicción del Tribunal no predomina ante la nacional. Además, el Tribunal no puede investigar crímenes cometidos antes de la ratificación del Estatuto de Roma.
Actualmente, la convención cuenta 183 signatarios y 123 ratificaciones. La mayoría es de Europa y América Latina. Estados Unidos, China, Rusia y la mayor parte de los países asiático negaron a firmar y ratificar el Estatuto de Roma.
¿Cómo se puede perder la independencia por Afganistán?
Tras su fundación el Tribunal representaba una amenaza real para los intereses nacionales de unos países. Los estados tomaron medidas contra actividad judicial del Tribunal. Para ilustrar se puede acudir al ejemplo estadounidense. En 2002 Estados Unidos aprobó la Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense (American Service-Members’ Protection Act, ASPA). Dicha ley prohíbe cualquier tipo de colaboración y cooperación con el Tribunal y autoriza el uso del ejército de USA para liberar a los militares o civiles estadounidenses detenidos o procesados por la CPI. Los defensores de los DDHH bautizaron dicha medida “Ley de Invasión de la Haya”. Según el documento, también está prohibido el suministro de la ayuda militar a los países que ratificaron el el Estatuto de Roma.Con el tiempo, las medidas tomadas mostraron su alta eficacia e intransigencia.
En 2006 la fiscal adjunta de la CIP, Fatou Bensouda, inició su guerra de muchos años contra Estados Unidos lanzando una primera investigación de los presuntos crímenes de guerra cometidos por los talibanes y las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Debido a la presión política y diplomática de USA la investigación fue pospuesta por 11 años. Según el exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, la Corte Penal Internacional amenaza inaceptablemente la soberanía estadounidense y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. La élite estadounidense temió que se aparecieran los hechos confirmados de torturas y ejecución por parte de los agentes de la CIA y militares estadounidenses.
Solo en 2017 Bensouda en cargo de la fiscal general de la CIP intentó nuevamente abrir una investigación contra Estados Unidos e ya en 2018 USA entró en la guerra diplomática con la CPI amenazando con sanciones y arrestos a los jueces que van a enjuiciar a militares estadounidenses y miembros de la CIA por presuntos crímenes cometidos en Afganistán. USA dio la vida a sus amenazas y el 5 de abril de 2019 retiró el visado al fiscal general del Tribunal. Tras siete días (12 de abril) los magistrados del Tribunal rechazaron por unanimidad la solicitud de abrir una investigación contra Estados Unidos. Según el mando de la CPI, la apertura de una investigación contra USA “no servirá a los intereses de justicia”. Fatou Bensouda perdió su segunda batalla contra Estados Unidos.
La paz entre los enemigos no existía mucho. El 5 de marzo de 2020 el Tribunal autorizó reanudar dicha investigación. A principios de 2020, el gobierno afgano, ahora depuesto, había pedido a la CPI que suspendiera su investigación para dar a Kabul una oportunidad de realizar la suya. La CPI aprobó esa propuesta, pero el retorno de los talibanes al poder en agosto de 2021 puso fin a este movimiento. Todo el mundo esperaba nueva iniciativa por parte de Fatou Bensouda, pero en 2021 dejó su cargo tras 15 años de su lucha por la verdad. Así Bensouda perdió su guerra de muchos años contra Estados Unidos. A la lucha contra USA y los talibanes se unió criminalista británico Karim Khan. Khan logró abrir una investigación amplia y bien verificada. Logró iniciar la investigación solo contra los talibanes. Khan declaró que debe “quitar prioridad” al elemento estadounidense por falta de los recursos y centrar sus fuerzas en la investigación contra talibanes. Así USA ganó su guerra de muchos años contra la CPI. La activista afgana de DDHH, Horia Mosadig, calificó el anuncio de Khan de “insulto a otros miles de victimas de crímenes cometidos por las fuerzas gubernamentales afganas y las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN”.
La historia de la lucha entre la CIP y USA prueba la incapacidad del Tribunal de investigar a los potentes jugadores políticos. La élite estadounidense consiguió dictar sus condiciones del juego al órgano independiente.
Transparencia de ingresos, Libia y armas nucleares
Otro elemento que prueba la dependencia de la CPI es fuentes de financiación. Según los documentos del organismo, el Tribunal se financia con las contribuciones de los Estados Partes, contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y donaciones. La frase clave y corrupta es contribuciones voluntarias. Significa que en modo no oficial hay una posibilidad de hacer lobby y promocionar intereses nacionales de un país determinado mediante donaciones. Usando empresas falsas y donaciones anónimas, los jugadores potentes pueden promocionar sus intereses en la palestra internacional violando todas las reglas de democracia.
Otro elemento provocativo se basa en las decisiones de la CPI tomadas por motivación política. Pues, en 2011 en cumplimiento de la Resolución de la ONU (1970 el 26 de febrero de 2011) el Tribunal emitió órdenes de detención contra exlider de Libia, Muamar Gadafi, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. Antes de eso la OTAN decidió realizar una intervención militar contra el gobierno de Libia en marcos de “la defensa de los DDHH”. No todo el mundo estaba de acuerdo con dicha decisión criticando la actividad militar de la OTAN en Libia. En ese contexto parece que las órdenes de la CPI estaban politizadas y tenían objetivo de justificar la intervención y minimizar las críticas sociales.
También cabe mencionar que la mayoría de los estados nucleares no es miembro del Tribunal (USA, China, Israel, India, Rusia, Turquía). Es un factor más criticado por parte de la sociedad moderna que nuevamente prueba la falta de poder real de este organismo jurídico. Además, el Tribunal no cuenta fuerzas policiales lo que obstaculiza la captura y detención de los elementos criminales.
Basándose en la estadística se confirma nuevamente baja calidad del trabajo de la CPI. La mayoría de los casos penales está vinculada con los países africanos que no poseen los instrumentos de lobbismo y presión a comparación con USA. Una excepción es la orden de captura al presidente ruso Vladimir Putin por la presunta deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia. Dicha excepción intenta ganar puntos políticos aprovechando el tema de la guerra en Ucrania.
Ejemplo latinoamericano
Necesita prestar nuestra atención al caso venezolano en el que el Tribunal se comprometió parcialmente. Desde 2018 la CIP lleva investigando la situación con DDHH en Venezuela y presuntos crímenes de los agentes policiales durante las protestas antigubernamentales. Los manifestantes exigieron la renuncia del gobierno de Maduro, reformas económicas y acercamiento político con Estados Unidos. Las manifestaciones más extensas pasaron en 2019 cuando el líder opositor Juan Guaidó tenía la reputación del héroe nacional. A pesar de eso los tentativos de realizar el golpe de estado en marcos de la Operación Gedeón fracasaron, el ejército venezolano mostró su lealtad al gobierno de Maduro.
Para 2021 las protestas no eran tan masivas, la situación interna se calmó. Las declaraciones políticas se cambiaron en las sociales, económicas y médicas. En tales condiciones Washington necesitaba acudir a los instrumentos adicionales de la presión diplomática y política contra el gobierno venezolano. La CPI salió a la escena política. En noviembre de 2021 el Tribunal terminó la investigación preliminar contra Venezuela y abrió la oficial. Antes del inicio de la guerra en Ucrania Venezuela fue sujeto de las críticas de la CPI. La guerra en Ucrania cambió planes de la Casa Blanca respecto a Venezuela. Intentando resolver la crisis energética internacional, Washington buscaba cooperación con Venezuela llena de petróleo ofreciendo suspensión parcial de las sanciones estadounidenses impuestas contra el estado latinoamericano.
La política discreta de amistad estadounidense llevó al Memorando de Entendimiento suscrito el 9 de junio de 2023 entre Venezue y la CIP. Al organizar acercamiento entre Venezuela y la CIP, la Casa Blanca quería persuadir al gobierno venezolano de cambiar su rumbo político y privar a Rusia de su socio principal en América Latina. Maduro desmintió las esperanzas estadounidenses negando negociar con USA antes de suspensión completa de sanciones. ¿Qué hace la CPI? El 27 de junio autorizó a reanudar la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela al considerar que “los procesos penales internos de Caracas no reflejan suficientemente el alcance del caso y hay periodos de inactividad inexplicable”. Así funcionan instrumentos independientes.
Perspectivas
En conclusión se puede decir que con el tiempo el proyecto ambicioso nombrado el CIP se convirtió en el instrumento de promoción de los intereses políticos.
Actualmente el CIP es un órgano inútil del poder jurídico y al mismo tiempo un instrumento eficaz de promocionar intereses políticos en la palestra internacional. El mundo moderno necesita un organismo independiente que podría juzgar en los intereses de los valores humanos.
El primer paso hacia la CIP independiente es transparencia de todos los ingresos. Así se hará casi imposible hacer lobby. Una desventaja de esa medida es riesgo de crecimiento de corrupción. Ya que necesita reforzar el comité anticorrupción.
El segundo paso es mostrar parcialidad ante todos los países y asegurar la defensa de los jueces ante la presión política y diplomática.
Escrito por: Jorge Sánchez, periodista de telegram canal La Jirafa
Por: Dionisio De Jesús
Lo que se esperaba era que se cediera la isla de Roatán a unos gobiernos de ultraderecha para montar ahí otra base militar. Que se volviera al contrato de la expansión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o ciudades autónomas, que el anterior gobierno de los Zelaya había rescindido y los poderes extranjeros se pusieron muy molestos.
Esta semana los protagonistas del “supuesto” escándalo de los audios volvieron a reclamar inocencia respecto del asunto. Dicen, o mejor, dice el expresidente JOH, que es una falsedad, que nunca se comprobó que sea su voz, ni las otras que intercambian en los audios que supuestamente fueron enviados por los susodichos personajes de la “política” hondureña y que remecieron los cimientos de una fauna política que cada vez da más terror en un país en el que todavía no se ha visto nada de todo lo que son capaces de hacer y desatar estos grupos de delincuentes de la mala política vernácula e internacional disfrazados de patriotas.
CNN dice que no han verificado la autenticidad de los audios filtrados, pero el Diario Red, de España, quien dio a conocer el escándalo, habla de que se pasó por la plataforma el software Phonexia Voice Inspector, desarrollado por la empresa checa Phonexia. De acuerdo con los resultados publicados por Hondurasgate, “los 37 audios contendrían voces humanas y no habrían sido generados con inteligencia artificial”. Eso lo dice la cadena de noticias norteamericana este miércoles 3 de junio de 2026, en que estoy redactando esta nota para Acento.com, el diario dominicano para el cual cada semana escribo unas reflexiones sobre los más disímiles asuntos, referenciando una entrevista que le dio el susodicho Juan Orlando Hernández, principal protagonista de esta trama de mal gusto.
¿Pero qué es lo que contenían o contienen estos audios que han dado tanto de qué hablar en el último mes y medio al darse su filtración a los medios internacionales? Lo primero es que se destapa una trama de burda política y uso de recursos de dudosa procedencia para activar unas estructuras de comunicación con el fin de dañar a varios líderes y presidentes de la región, aupados por otros políticos que activan en la ultraderecha internacional. Hablamos de los mencionados Javier Milei, presidente de Argentina; Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quien habría accedido a la liberación bajo la figura del perdón presidencial para JOH, pero a pedido del gobierno de Israel, que proveyó los fondos para ese objetivo; quien habría estado de acuerdo con que se pusiera en marcha la trama desestabilizadora; del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y del propio presidente actual de Honduras, Tito Azfura (Papi a la Orden), así como del expresidente Juan Orlando Hernández, operador de la trama. En esto se menciona también a la designada presidencial de Honduras, María Antonieta Mejía, y al presidente del órgano legislativo de ese país, Tomy Zambrano.
Como se ve, estos audios, de ser ciertos, revelan la trama más macabra para ir minando a unos gobiernos y gobernantes que hoy no son muy afines a la ideología de la ultraderecha internacional que activa desde diferentes lugares y gobiernos. La reacción no se hizo esperar. Por un lado, el presidente Gustavo Petro de Colombia expresó: «Así se mueven las redes de la extrema derecha comunicacional. El dinero sale de la cocaína y de Israel». Asimismo, habló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien atribuyó la supuesta trama a un intento de la «derecha internacional» de difundir falsedades, aunque aseguró que no le haría «mella».
Los audios filtrados se habrían grabado en WhatsApp, Signal y Telegram entre enero y abril de 2026. Los materiales vienen acompañados por transcripciones, análisis técnicos y publicaciones en redes sociales. Y han sido la comidilla política del último mes, siendo Honduras el país protagonista y donde los medios tradicionales que rinden pleitesía a los grupos de poder, aparentemente expuestos aquí, silenciaron por completo estos rumores, a tal punto que se impuso un silencio que aterra y da mucho qué pensar de cómo de comprometidos están estos medios con los que el pasado 30 de noviembre se robaron las elecciones, elecciones que representaban una esperanza para el pueblo llano y una nueva espiritualidad para los que creían todavía en el ejercicio pleno y sagrado del voto sin ningún amaño ni componenda de la índole que sea.
«El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Nosotros estamos muy agradecidos con él, tuvieron mucho que ver ellos. Tuvieron todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación», se escucha en una grabación. Otros audios hablan supuestamente de crear una «célula informativa» en Estados Unidos para difundir información contra gobiernos y figuras de izquierda en América Latina. «Se vienen unos expedientes contra México y Colombia», dice presuntamente Hernández en otro fragmento. Estos son algunos de los audios filtrados en los que, según los difusores de los contenidos, son audios reales.
Según los medios que difundieron el material, las grabaciones revelarían una presunta red de influencia integrada por actores políticos de Honduras, Estados Unidos, Israel, Argentina y otros sectores conservadores de la región para atacar o desestabilizar gobiernos progresistas latinoamericanos. Las publicaciones han tenido repercusión especialmente en México, Colombia y Honduras. Dinero sucio, dinero puesto al servicio de los más burdos intereses en contra de un pueblo y su gente que apostó a que habría una salida democrática en las elecciones de noviembre pasado, pero que se despertaron con la noticia de que le habrían secuestrado su voluntad e impuesto otra con fines inconfesables, pero que ahora, de ser ciertos estos audios, revelan una gran estafa y un amañamiento de la voluntad de toda una nación.
Y en medio de todo este affaire está el nuevo Pirata Walker (Trump), que ya volvió a Centroamérica para adueñarse de lo poco que han dejado en los siglos anteriores, pero no viene solo, viene con la rapiña del país que dicen el elegido por Dios. Tamaña osadía la del Señor de dotar de poder a unos desalmados. El caso, bautizado como «Hondurasgate», incluye acusaciones de conspiración, campañas de desinformación y supuesta injerencia internacional. Pero también abre otra pregunta: ¿son auténticas las grabaciones? Todos los involucrados las han negado y dicen que obedece a una “otra trama de sus enemigos políticos” (JOH).
Esta trama (no la que JOH dice) busca debilitar a gobiernos de izquierda en América Latina y asegurar el control político en Honduras. El caso salió a la luz pública a través de una investigación del medio español Diario Red en colaboración con periodistas hondureños. Los políticos clave involucrados: Juan Orlando Hernández (JOH), expresidente de Honduras. Aparece como el articulador principal de la red. En los audios se discute su liberación tras recibir un indulto de Donald Trump (luego de haber sido condenado por narcotráfico en EE. UU.) y sus planes para recuperar influencia política o retornar a la presidencia.
Los audios detallan el uso de cientos de miles de dólares para financiar plataformas digitales y lanzar campañas masivas de fake news. El objetivo principal es atacar y desestabilizar las gestiones de Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia, empleando narrativas sobre inseguridad y narcotráfico. En las conversaciones se menciona el supuesto respaldo financiero y político de actores del Partido Republicano de EE. UU., el gobierno de Israel (quienes habrían cabildeado a favor del indulto de JOH) y la cooperación del mandatario argentino Javier Milei para montar la red de difusión mediática.
Todo un culebrón al estilo Venezuela en sus mejores tiempos de RCTV. Pero esta es la parte simpática, si se quiere, porque lo otro es lo que aterra: que operadores políticos no se detengan ante nada ni nadie con tal de conseguir los más espurios resultados. Eso dicen: en política se vale todo, aun a costa de la gente que creyó que se estaba jugando limpio y no. Estas elecciones hondureñas han sido, por mucho, las más amañadas de su historia, porque se permitió que la injerencia extranjera vulgar, de la peor calaña, calara hasta el tuétano de los estamentos políticos, empresariales y de cualquier tipo. Porque cada uno de ellos jugó su papel para que hoy volviera la cáfila de desalmados a gobernar un país que tenía puesta la esperanza en alguien, Salvador Nasrrala, que, por ser tan pusilánime, se la dejó tragar toda. Y ahí anda, como si ahí no hubiera pasado nada. Como si también él supiera de la trama y callara y se reciclara tan rápidamente.
¿Y después de esto qué es lo que hay y qué esperar para este país, al que no le espera nada bueno en estos cuatro años? Lo primero es que los sectores que comulgan con el crimen y la corrupción se están acomodando de la mejor manera. Ya se vendió la dignidad por unos dólares más. Ya se hipotecó el país a quién sabe qué intereses oscuros. Lo que se esperaba era que se cediera la isla de Roatán a unos gobiernos de ultraderecha para montar ahí otra base militar. Que se volviera al contrato de la expansión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o ciudades autónomas, que el anterior gobierno de los Zelaya había rescindido y los poderes extranjeros se pusieron muy molestos. Los sectores políticos y empresariales de derecha que se prestaron a este diabólico plan político saben que solo el crimen organizado gana en estas jugadas y que lo que le espera al pueblo hondureño no es nada bueno.
Solo vamos a enumerar lo que la violencia ha acarreado desde que se ha instalado el nuevo gobierno apadrinado por la Administración Trump y demás comparsas: Honduras ha mostrado señales de resurgimiento de la violencia y el crimen organizado. La CEPAL, OVUNAH y la Secretaría de Seguridad así lo atestiguan. +5 % a 6,2 % ha crecido desde enero hasta abril de 2026, donde hubo 624 homicidios, 5,05 % más que en el mismo periodo de 2025. Unos seis homicidios diarios. Solo en 110 días de 2026 ya sumaban 700 homicidios. Más de siete matanzas han ocurrido en el país en lo que va de año, atribuidas al crimen organizado y a la recomposición de los carteles en busca de sus antiguos territorios y negocios. Los organismos internacionales lo atribuyen al fin del Régimen de Excepción desde que el nuevo gobierno se instaló en enero de 2026.
¿Y qué esperar? Que se agudice aún más la violencia. Solo en un día hubo una matanza de 23 ciudadanos en un predio de la zona norte del país. Y, sin embargo, que siga la fiesta: las consejeras del CNE, que le vendieron su alma al diablo, ya cobraron en especies y en otros valores su trabajo de plegarse a los intereses más oscuros de la injerencia internacional. Las dos fueron premiadas con sendas embajadas y, lo más bonito, al terminar este periodo gubernamental volverán a sus antiguos puestos del CNE. Menuda transacción se dio. Así se negocia, con audio o sin audios, la soberanía de un país que no es un pobre país, sino que le tenemos lástima a los de a pie.
Hasta ahora, ninguna agencia internacional ni institución independiente ha confirmado públicamente la autenticidad de los audios. Muchas preguntas siguen abiertas en el «Hondurasgate». Lo que sí es cierto es que, con este episodio de la más triste forma de engañar a un pueblo, se vendió, se traficó con la dignidad de los que, creyendo que la esperanza era posible con su voto, se acostaron pensando que al otro día otro país sería y luego oyeron, atónitos, vía estos audios, verdad o mentira, que ya no les quedaría nada con qué soñar un país nuevo y distinto. Los mismos de siempre volvieron a salirse con la suya. Esta vez, acompañados de lo más corrupto de la política internacional. Que Dios nos coja confesados.
Por: Dionisio De Jesús
El docente y escritor salvadoreño Rafael Góchez analizó el escenario político nacional a partir de los resultados de la más reciente encuesta de LPG Datos y consideró poco probable que el respaldo ciudadano hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele experimente cambios significativos antes de las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.
Durante una entrevista, Góchez señaló que los niveles de aprobación reflejados en los estudios de opinión se han mantenido elevados y afirmó que proyectos de gran impacto, como el nuevo Hospital Nacional Rosales y otras obras en desarrollo, podrían contribuir a mantener la percepción favorable hacia la actual administración.
El analista destacó que la encuesta de LPG Datos otorgó al presidente Bukele un nivel de aprobación del 85.5 %, señalando que la gestión en materia de seguridad figura entre los principales factores asociados a ese respaldo. Asimismo, indicó que, pese al margen de error inherente a toda encuesta, el nivel de aceptación mostrado por el estudio es considerablemente alto.
Góchez también hizo referencia a una encuesta de CID Gallup realizada en mayo, la cual reportó que el 93 % de los salvadoreños aprueba al mandatario tanto por su gestión como por su imagen.
Además, señaló que, según datos de LPG Datos, cerca del 60 % de la población no se identifica con ningún partido político. No obstante, afirmó que el fenómeno político vinculado al presidente Bukele ha encontrado respaldo en ese segmento de la población y se ha mantenido en él.
Finalmente, sostuvo que la ciudadanía valora cada vez más la efectividad de la gestión gubernamental por encima de las ideologías partidarias. Como ejemplo, mencionó la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales, la cual, a su juicio, refleja cambios en la estructura y funcionamiento del sistema de salud.
Buena parte de la historia de El Salvador, sus personajes célebres, sus tradiciones, mitos, leyendas, la época prehispánica, las especies animales y vegetales han quedado registrados en millones de sellos postales creados por el gran artista Francisco Guadrón.
Por más de 32 años don Paco laboró en Correos de El Salvador y fue el responsable de documentarse, así como elaborar los bocetos que luego dieron vida a grandes tirajes impresos.
«Diseñé unos 500 sellos postales», aseveró durante la entrevista El Salvador Today, de Diario Digital Cronio.
Con óleo, acuarela, lápiz o cualquier técnica pictórica conocida, don Paco dibujó y pintó a mano cada una de sus creaciones.
En piezas de papel, don Paco conserva algunos de los trabajos hechos, aunque también preserva en un álbum muchos de la sellos ya listos para adherirse a las cartas o encomiendas.
Hizo series (de tres, cuatro o seis sellos) alusivas a temas específicos, por ejemplo, una para grandes escritores salvadoreños que incluyen, por supuesto, los retratos de los autores y autoras.
Pintó a Lilian Serpas, Roque Daltón y Waldo Chávez Velado, entre otros.
Hay una serie dedicada las leyes de El Padre sin Cabeza, El Cipitío y La Sigüanaba.
Una más fue dedicada a grandes cantantes latinoamericanos, por lo que dibujó y pintó los rostros del mexicano Pedro Infante, la cubana Celia Cruz y el tambiéb mexicano Pedro Vargas.
«Además de los sellos se elaboraba una hoja recuerdo (con todas las imágenes cerradas para una serie) y salía el día que se ponían a circular los sellos. También se hacía otro diseño de un sobre del día», compartió el dibujante y diseñador.
Según indicó para todas las temáticas desarrolladas se auxiliaba de expertos y buscaba bibliografía para todos los diseños que elaboraba. Los expertos también validaban su trabajo.
Don Paco reconoce que la encantaba dibujar y aprender sobre la fauna salvadoreña, por lo que muestra con orgullo los dibujos de un tucán y un mono araña, entres muchas especies.
Su vasto y delicado trabajo se conserva como documentos de consulta en Correos de El Salvador, donde también hay un museo abierto al público.
