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La Corte Penal Internacional está perdiendo su independencia ante potentes jugadores políticos

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¿Qué es CPI?

La Corte Penal Internacional (CPI) se lanzó oficialmente en 1998. Los países participantes pusieron muchas esperanzas en el organismo autónomo cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad entre otros. El instrumento constitutivo de la CPI es el Estatuto de Roma. Al ratificarlo, un país se compromete a cumplir sus artículos y normas con relación a dichos crímenes. Cabe mencionar que la jurisdicción del Tribunal no predomina ante la nacional. Además, el Tribunal no puede investigar crímenes cometidos antes de la ratificación del Estatuto de Roma.

Actualmente, la convención cuenta 183 signatarios y 123 ratificaciones. La mayoría es de Europa y América Latina. Estados Unidos, China, Rusia y la mayor parte de los países asiático negaron a firmar y ratificar el Estatuto de Roma.

¿Cómo se puede perder la independencia por Afganistán?

Tras su fundación el Tribunal representaba una amenaza real para los intereses nacionales de unos países. Los estados tomaron medidas contra actividad judicial del Tribunal. Para ilustrar se puede acudir al ejemplo estadounidense. En 2002 Estados Unidos aprobó la Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense (American Service-Members’ Protection Act, ASPA). Dicha ley prohíbe cualquier tipo de colaboración y cooperación con el Tribunal y autoriza el uso del ejército de USA para liberar a los militares o civiles estadounidenses detenidos o procesados por la CPI. Los defensores de los DDHH bautizaron dicha medida “Ley de Invasión de la Haya”. Según el documento, también está prohibido el suministro de la ayuda militar a los países que ratificaron el el Estatuto de Roma.Con el tiempo, las medidas tomadas mostraron su alta eficacia e intransigencia.

En 2006 la fiscal adjunta de la CIP, Fatou Bensouda, inició su guerra de muchos años contra Estados Unidos lanzando una primera investigación de los presuntos crímenes de guerra cometidos por los talibanes y las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Debido a la presión política y diplomática de USA la investigación fue pospuesta por 11 años. Según el exasesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, la Corte Penal Internacional amenaza inaceptablemente la soberanía estadounidense y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. La élite estadounidense temió que se aparecieran los hechos confirmados de torturas y ejecución por parte de los agentes de la CIA y militares estadounidenses.

Solo en 2017 Bensouda en cargo de la fiscal general de la CIP intentó nuevamente abrir una investigación contra Estados Unidos e ya en 2018 USA entró en la guerra diplomática con la CPI amenazando con sanciones y arrestos a los jueces que van a enjuiciar a militares estadounidenses y miembros de la CIA por presuntos crímenes cometidos en Afganistán. USA dio la vida a sus amenazas y el 5 de abril de 2019 retiró el visado al fiscal general del Tribunal. Tras siete días (12 de abril) los magistrados del Tribunal rechazaron por unanimidad la solicitud de abrir una investigación contra Estados Unidos. Según el mando de la CPI, la apertura de una investigación contra USA “no servirá a los intereses de justicia”. Fatou Bensouda perdió su segunda batalla contra Estados Unidos.

La paz entre los enemigos no existía mucho. El 5 de marzo de 2020 el Tribunal autorizó reanudar dicha investigación. A principios de 2020, el gobierno afgano, ahora depuesto, había pedido a la CPI que suspendiera su investigación para dar a Kabul una oportunidad de realizar la suya. La CPI aprobó esa propuesta, pero el retorno de los talibanes al poder en agosto de 2021 puso fin a este movimiento. Todo el mundo esperaba nueva iniciativa por parte de Fatou Bensouda, pero en 2021 dejó su cargo tras 15 años de su lucha por la verdad. Así Bensouda perdió su guerra de muchos años contra Estados Unidos. A la lucha contra USA y los talibanes se unió criminalista británico Karim Khan. Khan logró abrir una investigación amplia y bien verificada. Logró iniciar la investigación solo contra los talibanes. Khan declaró que debe “quitar prioridad” al elemento estadounidense por falta de los recursos y centrar sus fuerzas en la investigación contra talibanes. Así USA ganó su guerra de muchos años contra la CPI. La activista afgana de DDHH, Horia Mosadig, calificó el anuncio de Khan de “insulto a otros miles de victimas de crímenes cometidos por las fuerzas gubernamentales afganas y las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN”.

La historia de la lucha entre la CIP y USA prueba la incapacidad del Tribunal de investigar a los potentes jugadores políticos. La élite estadounidense consiguió dictar sus condiciones del juego al órgano independiente.

Transparencia de ingresos, Libia y armas nucleares

Otro elemento que prueba la dependencia de la CPI es fuentes de financiación. Según los documentos del organismo, el Tribunal se financia con las contribuciones de los Estados Partes, contribuciones voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y donaciones. La frase clave y corrupta es contribuciones voluntarias. Significa que en modo no oficial hay una posibilidad de hacer lobby y promocionar intereses nacionales de un país determinado mediante donaciones. Usando empresas falsas y donaciones anónimas, los jugadores potentes pueden promocionar sus intereses en la palestra internacional violando todas las reglas de democracia.

Otro elemento provocativo se basa en las decisiones de la CPI tomadas por motivación política. Pues, en 2011 en cumplimiento de la Resolución de la ONU (1970 el 26 de febrero de 2011) el Tribunal emitió órdenes de detención contra exlider de Libia, Muamar Gadafi, acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. Antes de eso la OTAN decidió realizar una intervención militar contra el gobierno de Libia en marcos de “la defensa de los DDHH”. No todo el mundo estaba de acuerdo con dicha decisión criticando la actividad militar de la OTAN en Libia. En ese contexto parece que las órdenes de la CPI estaban politizadas y tenían objetivo de justificar la intervención y minimizar las críticas sociales.

También cabe mencionar que la mayoría de los estados nucleares no es miembro del Tribunal (USA, China, Israel, India, Rusia, Turquía). Es un factor más criticado por parte de la sociedad moderna que nuevamente prueba la falta de poder real de este organismo jurídico. Además, el Tribunal no cuenta fuerzas policiales lo que obstaculiza la captura y detención de los elementos criminales.

Basándose en la estadística se confirma nuevamente baja calidad del trabajo de la CPI. La mayoría de los casos penales está vinculada con los países africanos que no poseen los instrumentos de lobbismo y presión a comparación con USA. Una excepción es la orden de captura al presidente ruso Vladimir Putin por la presunta deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia. Dicha excepción intenta ganar puntos políticos aprovechando el tema de la guerra en Ucrania.

Ejemplo latinoamericano

Necesita prestar nuestra atención al caso venezolano en el que el Tribunal se comprometió parcialmente. Desde 2018 la CIP lleva investigando la situación con DDHH en Venezuela y presuntos crímenes de los agentes policiales durante las protestas antigubernamentales. Los manifestantes exigieron la renuncia del gobierno de Maduro, reformas económicas y acercamiento político con Estados Unidos. Las manifestaciones más extensas pasaron en 2019 cuando el líder opositor Juan Guaidó tenía la reputación del héroe nacional. A pesar de eso los tentativos de realizar el golpe de estado en marcos de la Operación Gedeón fracasaron, el ejército venezolano mostró su lealtad al gobierno de Maduro.

Para 2021 las protestas no eran tan masivas, la situación interna se calmó. Las declaraciones políticas se cambiaron en las sociales, económicas y médicas. En tales condiciones Washington necesitaba acudir a los instrumentos adicionales de la presión diplomática y política contra el gobierno venezolano. La CPI salió a la escena política. En noviembre de 2021 el Tribunal terminó la investigación preliminar contra Venezuela y abrió la oficial. Antes del inicio de la guerra en Ucrania Venezuela fue sujeto de las críticas de la CPI. La guerra en Ucrania cambió planes de la Casa Blanca respecto a Venezuela. Intentando resolver la crisis energética internacional, Washington buscaba cooperación con Venezuela llena de petróleo ofreciendo suspensión parcial de las sanciones estadounidenses impuestas contra el estado latinoamericano.

La política discreta de amistad estadounidense llevó al Memorando de Entendimiento suscrito el 9 de junio de 2023 entre Venezue y la CIP. Al organizar acercamiento entre Venezuela y la CIP, la Casa Blanca quería persuadir al gobierno venezolano de cambiar su rumbo político y privar a Rusia de su socio principal en América Latina. Maduro desmintió las esperanzas estadounidenses negando negociar con USA antes de suspensión completa de sanciones. ¿Qué hace la CPI? El 27 de junio autorizó a reanudar la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela al considerar que “los procesos penales internos de Caracas no reflejan suficientemente el alcance del caso y hay periodos de inactividad inexplicable”. Así funcionan instrumentos independientes.

Perspectivas

En conclusión se puede decir que con el tiempo el proyecto ambicioso nombrado el CIP se convirtió en el instrumento de promoción de los intereses políticos.

Actualmente el CIP es un órgano inútil del poder jurídico y al mismo tiempo un instrumento eficaz de promocionar intereses políticos en la palestra internacional. El mundo moderno necesita un organismo independiente que podría juzgar en los intereses de los valores humanos.

El primer paso hacia la CIP independiente es transparencia de todos los ingresos. Así se hará casi imposible hacer lobby. Una desventaja de esa medida es riesgo de crecimiento de corrupción. Ya que necesita reforzar el comité anticorrupción.

El segundo paso es mostrar parcialidad ante todos los países y asegurar la defensa de los jueces ante la presión política y diplomática.

Escrito por: Jorge Sánchez, periodista de telegram canal La Jirafa

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Analizando el contraste entre la hispanidad y la modernidad liberal

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Por: Lisandro Prieto Femenía

“La Hispanidad no es un mero accidente geográfico o histórico, sino una vocación universal, una forma de entender y ordenar la vida política y social”

Miguel Ayuso, La Monarquía hispánica y el Nuevo Mundo: La Leyenda Negra al descubierto (2014), p. 12.

Comienza octubre y, antes de empezar a soportar barbaridades en los medios, se me hace necesario ofrecer esta humilde reflexión. Hemos escuchado un millar de veces esta sentencia: “la historia siempre la redacta y la cuenta el vencedor”, y sí, es cierto, porque aquellos cuyas ideologías han prevalecido, suelen velar verdades incómodas y construir relatos que justifican ciertos paradigmas. Como ya hemos proclamado en otras oportunidades, la persistencia de la Leyenda Negra sobre la conquista española es un ejemplo paradigmático de cómo una narrativa, nutrida desde los albores de la modernidad, ha logrado arraigarse en el imaginario colectivo, eclipsando la riqueza y la complejidad de la hispanidad. Esta operación ideológica no fue fortuita; constituyó, en rigor, una de las primeras campañas formales de guerra psicológica y de desprestigio geopolítico de la historia humana, diseñada por las potencias emergentes del norte de Europa para erosionar el prestigio de la monarquía hispánica. Para comprender un poco mejor esta trama, la mirada de un excelentísimo pensador como Miguel Ayuso resulta invaluable. Su agudo discernimiento sobre los males de la modernidad liberal y su reivindicación de la tradición hispánico-cristiana nos ofrecen una mirada crítica para reinterpretar no sólo el pasado, sino también las implicaciones del presente.

Ayuso, figura prominente del pensamiento tradicionalista, no se limita a realizar una revisión histórica, sino que su análisis es una profunda crítica a los cimientos ideológicos que moldearon el Estado moderno, y con él, la forma en que se ha interpretado la aventura transatlántica de España. Para él, el liberalismo, con su énfasis puesto únicamente en el individuo atomizado y un contractualismo desprovisto de ligazones naturales y trascendentes, ha disuelto la noción de una verdadera comunidad política. Frente a la visión organicista aristotélico-tomista, en la que el ser humano es por naturaleza un ser social emparejado con cuerpos intermedios (gremios, municipios, familias y reinos), el liberalismo hobbesiano y lockeano impuso una ficción antropocéntrica basada en el egoísmo utilitario. Como bien lo explicita en su obra titulada “La constitución cristiana de los Estados”, “el liberalismo desvertebra la sociedad, haciendo de la suma de individuos la única realidad política admisible, sin atender a los cuerpos intermedios o a las relaciones comunitarias naturales” (Ayuso, 2008, p. 57). Esta “atomización” es crucial, pues contrasta vivamente con la visión orgánica de la sociedad que subyacía en la monarquía hispánica, que buscaba integrar, aunque con normales imperfecciones, a diversas realidades en un todo armónico bajo principios trascendentes.

Frente a la despersonalización y el utilitarismo del Estado liberal, Ayuso postula la hispanidad como una comunidad política natural y enraizada en el derecho natural y el derecho público cristiano. Esta concepción se opone diametralmente a la visión de una “tabula rasa” sobre la cual se construirían sociedades ex novo, propia del pensamiento ilustrado y luego liberal. Mientras que el proyecto anglosajón en Norteamérica se inclinó por el desplazamiento y la segregación de los nativos, partiendo de una lógica de apropiación de tierras vacías para individuos que buscaban su fortuna, la empresa española incorporó una dimensión misional y de integración. La Corona, influenciada por juristas y teólogos, debatió sin cesar sobre la condición del indio, llegando a reconocer su humanidad y sus derechos inalienables (discusión que en Inglaterra jamás se dio, por cierto). Conviene destacar aquí la trascendencia insoslayable de la Escuela de Salamanca, con figuras tutelares como Francisco de Vitoria (Relectio de Indis) y Domingo de Soto, quienes sentaron las bases primigenias del derecho internacional moderno. Eventos inéditos en las anaglifas de la historia universal, como la Junta de Valladolid (1550-1551), llevaron a la Monarquía a paralizar sus conquistas para discernir sobre la justicia de sus títulos y el trato debido a los aborígenes. El mestizaje, tanto biológico como cultural, lejos de ser una anécdota, fue un pilar fundamental de la nueva sociedad hispanoamericana, una realidad que no encuentra parangón en otras conquistas de la historia de la humanidad.

La concepción de Ayuso pone el foco en que la hispanidad no fue un mero conglomerado territorial, sino una civilización con una vocación universalista, impulsada por principios católicos. Esta vocación se manifestó en la fundación de universidades, hospitales y ciudades, y en la temprana promulgación de leyes para la protección de los indígenas. Las estructuras virreinales no actuaban simplemente como “colonias” de extracción sumisa, sino como reinos e instituciones con personalidad jurídica propia, reflejadas en las Leyes de Indias y en instituciones como la Real Audiencia o los Cabildos, garantizando incluso cátedras universitarias en lenguas vernáculas como el quechua y el náhuatl. Mientras la modernidad liberal europea comenzaba a gestar las ideas de la segregación racial y el positivismo jurídico que justificaría, siglos después, la exclusión de minorías en sus propios territorios -recordemos que la integración educativa de afroamericanos en Estados Unidos no se concretó sino hasta mediados del siglo XX-, la monarquía hispánica ya había establecido marcos legales que, aunque a los ojos de presente pueden acusarse de imperfectos, al menos reconocían la dignidad de todos sus súbditos, independientemente de su origen étnico. Al respecto, José Antonio Escudero, en su estudio sobre el derecho indiano, resalta que “la preocupación de la Corona por el buen tratamiento de los indios y por su evangelización fue constante, dando lugar a una legislación casuística de una magnitud sin precedentes” (Escudero, 2005, p. 112). Esta preocupación, emanada de una concepción teocéntrica de la justicia, dista bastante de la fría racionalidad utilitarista que caracterizaría a las demás potencias coloniales, cuya máxima fue y sigue siendo “cuánto tienes, cuánto vales” y la adoración de un billete verde en lugar de una cruz.

La imposición del Estado liberal no fue un simple cambio de régimen, sino que representó una ruptura epistémica y ontológica para los vastos territorios que conformaban el reino español. Lo que se presentó como un proceso emancipador de “independencia” fue, en no pocas ocasiones, la disolución forzada de una unidad orgánica y policéntrica, dando paso a la fragmentación de una comunidad civilizatoria que se extendía desde Ushuaia hasta California. Ayuso, en su ardua e incisiva crítica a la Modernidad, ha sostenido con vehemencia que el liberalismo, al desmantelar las estructuras naturales de la sociedad y sustituirlas por un contrato social abstracto, minó los fundamentos de la verdadera comunidad política. Para él, “el Estado liberal es el resultado de la atomización social y la consiguiente despolitización de la vida pública, donde los lazos naturales de pertenencia son reemplazados por una agregación de individuos desvinculados” (Ayuso, 2011, p. 89). Esta intencional disgregación, importada acríticamente, contrastaba totalmente con la concepción hispánica de un orden jerárquico y orgánico, donde los cuerpos intermedios y las leyes divinas y naturales daban cohesión al conjunto.

Asimismo, el precitado desmembramiento no fue un fenómeno natural, sino la consecuencia directa de la importación de modelos políticos ajenos, diseñados bajo premisas individualistas y contractualistas opuestas a la tradición hispánica. La promesa de libertad y progreso, vehiculizada por las nuevas élites criollas imbuidas del pensamiento ilustrado y liberal, se tradujo paradójicamente en una era de caudillismo, guerras civiles y una inestabilidad crónica que aún resuena en el presente. Los siglos XIX y XX son testigos de las consecuencias devastadoras de esta imposición foránea. La disolución política derivó en la creación de múltiples repúblicas, muchas veces con fronteras artificiales, que rápidamente se vieron envueltas en conflictos fratricidas por cuestiones territoriales, aduaneras o ideológicas. Esta división, lejos de fortalecer, debilitó estructuralmente a los nuevos Estados, haciéndolos vulnerables a la injerencia de potencias externas que veían en la fragmentación hispanoamericana una oportunidad fantástica para consolidar su propia hegemonía económica, política y cultural. Como bien señala Vicente Gonzalo Quesada en su obra sobre la historia de la América del Sur, “la desintegración política, consecuencia del influjo de las ideas liberales y de la ambición de los caudillos, dejó a estas naciones a merced de los intereses extranjeros, incapaces de forjar una verdadera unidad de propósitos” (Quesada, 1876, vol. II, p. 345). En este punto, la crítica de Ayuso se vuelve muy pertinente, ya que al comprender que la debilidad de estos nuevos Estados radicaba precisamente en su origen desvinculado de las raíces históricas y sociales de los pueblos que pretendían representar, inaugurando un ciclo de ingobernabilidad y dependencia que dura hasta nuestros días.

El legado de esta fractura es un continente dividido, empobrecido y en constante conflicto interno. La promesa de prosperidad liberal, se trocó en la consolidación de oligarquías, la explotación de los recursos naturales en beneficio de metrópolis externas, y una persistente desigualdad social orquestada intencionalmente. Los sistemas educativos, herederos de la narrativa de la Leyenda Negra y de la glorificación de la “independencia” disgregadora, han perpetuado una visión que ignora la profunda herida que supuso la disolución de la unidad. Hoy, los territorios que otrora compartieron un mismo idioma, una misma fe, una misma moneda (como el Real de a ocho, primigenia divisa de cambio global) y un mismo marco jurídico-político, se encuentran segregados por fronteras aduaneras, visiones nacionalistas estrechas y, en muchos casos, por un empobrecimiento endémico que contrasta con la inmensa riqueza natural de la región. En pocas palabras, la imposición del modelo liberal, que desestructuró la organicidad hispánica, puede ser vista, en retrospectiva, no como el amanecer de la libertad, sino como el inicio de una era de vulnerabilidad y fragmentación cuyas cicatrices son visibles todavía en la América hispánica contemporánea.

Llegando a este punto de la reflexión, queda claro que la Leyenda Negra no es sólo una tergiversación histórica, sino que representa un arma ideológica gestada en el seno de la modernidad liberal para desacreditar un modelo de civilización alternativo. Al presentar a España como el epítome de la crueldad y el genocidio, se buscaba no sólo justificar la propia expansión de otras potencias, sino también eclipsar los principios de comunidad, tradición y derecho natural que el imperio hispánico, con todas las falencias que pudo tener, intentó encarnar. La pervivencia de esta leyenda nefasta en la currícula de los sistemas educativos actuales tampoco es casual, porque responde a la hegemonía de una visión del mundo que prefiere la anulación de lo diferente a la comprensión de lo complejo.

Es fundamental reconocer que la expansión y la imposición de ciertos modelos hegemónicos no siempre se manifiestan a través de la ocupación militar directa o la anexión territorial. Si bien la historia registra episodios de invasión con ejércitos y cañones, la influencia y el control pueden ejercerse de maneras más sutiles y, a menudo, más perdurables. El caso de la influencia anglosajona en Hispanoamérica ofrece un contrapunto crucial a la narrativa de la conquista española. A excepción de episodios como la contienda por las Islas Malvinas, la dominación británica no se concretó primariamente mediante la invasión militar masiva de territorios americanos, sino a través de un dominio económico y cultural estratégicamente orquestado.

Este predominio se materializó en la imposición de restricciones comerciales y productivas que limitaban el desarrollo autónomo de las nacientes repúblicas hispanoamericanas. Mediante acuerdos comerciales leoninos y la consolidación de deudas externas, se configuró una dependencia económica que ahogó la posibilidad de una industrialización propia y diversificada. Paralelamente, se desplegó una eficaz agenda cultural que, a lo largo del tiempo, ha permeado las instituciones, los sistemas educativos y los medios masivos de comunicación. Esta agenda no sólo promovió una visión particular del progreso y la civilización, sino que también ha dictado -y en muchos casos, sigue dictando- lo que se considera políticamente correcto, estableciendo paradigmas de pensamiento y comportamiento que invisibilizan o deslegitiman otras cosmovisiones, incluyendo la propia herencia hispánica. Esta forma de “invasión invisible” ha demostrado ser extraordinariamente efectiva en moldear identidades y en perpetuar dependencias que trascienden la ausencia de una ocupación militar formal. En la posmodernidad, esta hegemonía ha derivado en la imposición del constructivismo social atómico y la ingeniería cultural anglosajona. Sólo alcanza con explicitar que, entre tantas agendas culturales impuestas, la agenda LGBT y el movimiento WOKE no fueron fundados en Lima, Santiago, Buenos Aires o Asunción, sino en naciones donde se habla la lengua inglesa y francesa, actuando como la continuación refinada del mismo proyecto individualista y desvinculante que ataca las raíces tradicionales de los pueblos.

En definitiva, queridos lectores, queda claro que en un mundo globalizado que tiende a homogeneizar y a disolver las identidades, la reflexión de Miguel Ayuso nos interpela de manera crucial: ¿estamos condenados a aceptar la historia que nos ha sido impuesta, o tenemos la responsabilidad de desenterrar las capas de silencio y tergiversación que ocultan la verdadera esencia de nuestra herencia? ¿Acaso la crítica a la modernidad liberal, tan lúcidamente expuesta por Ayuso, no nos ofrece una clave para comprender no sólo el pasado, sino también los desafíos contemporáneos que enfrenta la noción misma de comunidad y pertenencia? Pues bien, caros amigos, la desmitificación de la Leyenda Negra no es un mero ejercicio de revisionismo, sino un acto de honestidad intelectual que busca reconciliarnos con nuestra compleja identidad y abrir caminos hacia una comprensión más profunda de la humanidad misma.

Referencias Bibliográficas

  • Ayuso, M. (2008). La constitución cristiana de los Estados. Ediciones Criterio Libros.
  • Ayuso, M. (2011). El concepto de Estado en la Monarquía tradicional. Ciudadela Libros.
  • Ayuso, M. (2014). La Monarquía hispánica y el Nuevo Mundo: La Leyenda Negra al descubierto. Marcial Pons.
  • Escudero, J. A. (2005). Curso de Historia del Derecho: Fuentes y grandes instituciones. Editorial Colex.
  • Gullo, M. (2021). Madre Patria: Desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Espasa.
  • Quesada, V. G. (1876). La vida intelectual en la América del Sur (Vol. II). Imprenta de Mayo.
  • Vitoria, F. de. (1934). Relectio de Indis (L. Getino, Ed.). Imprenta de San Esteban. (Obra original publicada en 1539).

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Rusia-Ucrania, una guerra civil azuzada por intereses externos

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Viví siete años en la extinta Unión Soviética, donde estudié un año de ruso entre Moscú y Rostov del Don, y residí seis años en Kiev con prácticas de ingeniería agronómica en Dushambe (República de Tayikistán, Asia Central), Sochi (en el mar Negro) y en las afueras de Kiev, en un koljoz, granja colectiva, que producía maíz y trigo.

Ucrania era un remanso de paz para los estudiantes extranjeros becarios que gozábamos de todas las facilidades; una sociedad sin discriminación racial y sin conflictos étnicos. Estuve casado varios años con una ciudadana soviética cuyo padre, ruso, era un alto funcionario en la sección de la producción de leche y carne de la República Socialista Soviética de Ucrania, y cuya madre, ucraniana, era maestra. Mi esposa era rusa y en casa se hablaba ruso, la madre además hablaba el ucraniano.

Tanto en Kiev como en toda Ucrania el idioma oficial y dominante era el ruso, el ucraniano era el segundo idioma oficial. Pese a que en minoritarios círculos estaba ya la llama del nacionalismo ucraniano y del separatismo, estos eran irrelevantes.

Al igual que en toda la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Ucrania era un crisol de nacionalidades y etnias procedentes de las más de 150 nacionalidades de las 15 repúblicas soviéticas. Este fue el paisaje idílico de la Unión Soviética cuando me trasladé a Alemania Occidental, donde residí 25 años.

Allí, el 9 de noviembre de 1989, presencié la caída del muro de Berlín y el comienzo de una nueva etapa histórica para los países de Europa Oriental, debido a la implosión de la Unión Soviética y al colapso del llamado socialismo real.

El Pacto de Varsovia, la alianza militar del campo socialista, se autodisolvió. Lógico hubiese sido que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se autodisolviera, pero ocurrió lo contrario.

A pesar de las promesas que George Bush padre (EE. UU.), Margaret Thatcher (Reino Unido), Helmut Kohl (Alemania Occidental) y François Mitterrand (Francia) le hicieron al último presidente de la URSS Mijáil Gorbachov, de que la OTAN no se extendería ni un milímetro hacia el este, más allá de las por entonces fronteras de la OTAN, a partir de 1990 hasta nuestros días la OTAN pasó de tener 16 a 32 Estados miembros, la mayoría del Este Europeo, y con fronteras cercanas a Rusia. Ello constituye una amenaza militar a la seguridad nacional de Rusia, rodeada de bases militares estadounidenses y de la OTAN.

Es en este contexto cuando surge la problemática de Ucrania, donde la OTAN y EE. UU. propiciaron un golpe de Estado en 2014 contra el presidente ucraniano prorruso Víktor Yanukovich, e instalaron gobiernos nacionalistas prooccidentales que propugnan por el ingreso de Ucrania en la OTAN y la Unión Europea. Un cruce de líneas rojas con la política de seguridad de Rusia que tendría en sus fronteras, a escasos metros, los misiles y bombarderos de la OTAN que podrían atacarla, en segundos.

A partir de 2014 Europa Occidental y EE. UU. propiciaron en Ucrania un nacionalismo fanático y un sentimiento antirruso incitando al Ejército ucraniano a atacar a la población rusa de la región del Donbas (Donetsk, Zaporoshie, Jerson y Lugansk) y que condujo a que Rusia reincorporara a su territorio la península de Crimea (de mayoría rusa e históricamente perteneciente a Rusia, pero «regalada» en 1954 por el secretario general del Partido Comunista de la URSS a Ucrania).

La escalada de violencia antirrusa del Donbas llevó a que en febrero de 2022 sus cuatro regiones se declararan independientes y solicitaran su anexión a la Federación rusa, para lo cual esta desató una operación militar especial que dura hasta el presente.

Más que un conflicto entre naciones, en Ucrania existe una guerra civil, pues Rusia y Ucrania (conocida como Pequeña Rusia antes de la Revolución de 1917) constituyen un mismo pueblo y una misma sangre con una misma base lingüística y religiosa, pues son pocas las diferencias entre el ucraniano y el ruso, y entre la Iglesia ortodoxa rusa y ucraniana. Guerra civil que lleva más de dos millones de bajas en ambos bandos y siete millones de emigrados.

Occidente, sobre todo Inglaterra y Alemania, han manipulado las ilusiones de Ucrania de pertenecer a Occidente y el acceso al bienestar de Europa Occidental, cuando solo están siendo utilizados para desgastar y destruir a la Federación rusa. Ucrania jamás será parte de la Unión Europea, de la OTAN, ni de Occidente por una razón de peso: son eslavos. Al igual que los rusos. Ese mismo pueblo eslavo al cual por siglos históricamente Europa Occidental ha tratado de destruir. Desde las invasiones suecas y de los caballeros de las órdenes de Livonia y Teutonia, derrotados por Alexander Nevsky en el siglo XI, pasando por las invasiones de Napoleón Bonaparte y Adolfo Hitler en siglos recientes.

Vuelvo la vista al presente y me parece increíble que dos pueblos hermanos se estén autodestruyendo como marionetas guiadas por titiriteros externos. Rusia ha demostrado históricamente una invencible capacidad de resistencia que le ha hecho salir adelante y derrotar al enemigo a pesar de encontrarse en las más difíciles circunstancias.

Las actuales visitas a Moscú y Kiev de los enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, así como del secretario de Exteriores del Vaticano, Paul Richard Gallagher, para buscar una solución política al conflicto, son esperanzadoras. No tanto por voluntad política de los europeos, sino por el pragmatismo de Trump que prefiere hacer negocios (la reconstrucción de Ucrania) y no la guerra, y por el cansancio de cuatro largos años de cruenta confrontación entre Rusia y Ucrania, que ponen los muertos.

El hecho de que los emisarios personales de Donald Trump hayan sido recibidos personalmente por Vladímir Putin en su oficina del Kremlin significa que ambos están retomando «el espíritu de la cumbre de Alaska», celebrada en Anchorage el 15 de agosto de 2025, que fue el primer cara a cara entre los dos mandatarios desde la operación rusa en 2022, y el primer encuentro con Putin durante su segundo mandato, donde Trump buscó negociar un acuerdo para poner fin al conflicto, sin la participación del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

No hay duda de que estas negociaciones directas entre ambas potencias, teniendo en cuenta que la guerra arancelaria con China se ha vuelto prioridad para EE. UU., pueden llevar a una paz duradera en Europa Oriental y a un adiós a las armas.

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Bukele marca un antes y un después y la oposición sigue sin propuestas, sostiene el Círculo Siglo XXI

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El Salvador atraviesa una transformación política y social que rompe con el rumbo de los gobiernos anteriores, sostiene el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI en su boletín número 54, correspondiente al 21 al 28 de septiembre de 2026. La publicación presenta una valoración favorable de la gestión de Nayib Bukele y plantea que la seguridad, la educación y la salud constituyen los pilares de un proceso que denomina “reinvencionismo social”: una forma de reorganizar las prioridades del Estado para responder a las necesidades ciudadanas.

Uno de los señalamientos más contundentes del boletín apunta a los partidos tradicionales, a los que describe como organizaciones debilitadas por la falta de liderazgo, renovación y propuestas concretas. Según sus análisis, la oposición concentra sus esfuerzos en rechazar las decisiones del Gobierno, sin explicar cómo financiaría o ejecutaría sus propias alternativas. Desde esa lectura, el Círculo anticipa un escenario favorable al oficialismo en las elecciones de 2027 y sostiene que sus adversarios necesitan recuperar credibilidad y construir un proyecto nacional convincente.

Más allá de la disputa política, la publicación propone evaluar la gestión pública por los resultados que recibe la población. Como ejemplo, relata el caso de Los Toles, en Ahuachapán, donde contrasta las calles de tierra y lodo observadas durante la celebración de la independencia de 2025 con una carretera pavimentada y una nueva escuela un año después. El propio análisis introduce una precisión: construir infraestructura no garantiza por sí solo mejores aprendizajes. El siguiente reto consiste en comprobar si esas inversiones ayudan a completar los estudios y ampliar las oportunidades de los alumnos.

La tecnología ocupa otro lugar destacado. El boletín defiende la incorporación de la inteligencia artificial a la educación, acompañada de controles y un uso adecuado, y cuestiona que sus riesgos justifiquen abandonar las herramientas digitales. También destaca la formación continua como una vía para fortalecer las posibilidades laborales. En materia económica, plantea que la capacidad del Estado para anticiparse, planificar y ejecutar políticas puede marcar diferencias frente a dificultades externas, como las variaciones del mercado petrolero.

La seguridad y la identidad nacional completan los principales ejes de esta edición. El Círculo interpreta las muestras de apoyo a policías y militares durante el desfile del 15 de septiembre como una expresión de agradecimiento por la recuperación de la tranquilidad. Asimismo, propone rescatar la palabra “mara” en su sentido de grupo de amigos, desligándola de su asociación con las pandillas. Ambos planteamientos reflejan la tesis central de la publicación: que los cambios atribuidos al actual Gobierno también están modificando la convivencia y la manera en que los salvadoreños perciben su país.

 

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