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Homicidios disminuirán hasta en un 97 % en El Salvador en 2024
Las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno de El Salvador Salvador, como el régimen de excepción aún vigente en el país, permitirán que la nación experimente una reducción de hasta un 97 % en los homicidios en este 2024, con respecto a los años anteriores.
La proyección del presidente Bukele fue expresada a través de la red social X en respuesta a una publicación de The Economist, en la que aseguran que las pandillas están ganando terreno en varios países de América Latina y critica medidas como las implementadas en El Salvador Salvador.
En su respuesta, Bukele remarcó que, en 2023, los homicidios en El Salvador experimentaron una reducción del 70 % con respecto a los años anteriores. Sin embargo, la aprobación del régimen de excepción ha permitido que esa disminución sea de un 86 % y que, para este 2024, se proyecte de hasta un 94 %.
«Hubo una caída del 70 % en 2023… Sin embargo, desde la aprobación del Régimen de Excepción ha habido una caída del 86 %, y desde que entramos al gobierno en 2019 la caída ha llegado al 95 %. Proyectamos una caída del 97 % para 2024».
Anteriormente, Bukele había respondido también a la publicación de The Economist señalando que El Salvador Salvador ha logrado reducir la criminalidad, los homicidios y los grupos de pandillas gracias a medidas como el Plan Control Territorial o el régimen de excepción, criticadas por grupos y organismos internacionales.
Sin embargo, dichas medidas han permitido la captura de más de 70,000 miembros y colaboradores de grupos de pandillas y han convertido al país en el más seguro de América, registrando un promedio de 1.5 homicidios por cada 100,000 habitantes en lo que va de 2024, según datos oficiales.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
