Judicial
Disminuye el hurto y robo de carros gracias al Plan Control Territorial
La efectividad del Plan Control Territorial ha permitido que los delitos como el hurto y robo de vehículos tuvieran una reducción importante en relación con los casos reportados en 2018 y en los años anteriores.
Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), hasta antes de la puesta en marcha del Plan Control Territorial, el promedio anual de vehículos con reporte de hurto y robo era de 2,702, es decir, que cada día eran reportados a la Policía en promedio 7.4 vehículos en esta condición durante el período señalado y parte de 2019.
La respuesta que vendría con la estrategia de seguridad del presidente Bukele contrarrestó este delito, pues al cierre de 2019 las autoridades promediaron 4.7 denuncias por robo y hurto de vehículos, lo que significó que 973 ciudadanos no fueron despojados de sus automóviles.
Ya para 2020, con las afectaciones provocadas por la pandemia de la COVID-19, el promedio diario de vehículos con reporte de hurto o robo en El Salvador bajó aún más, pues, según los datos policiales, fue de 2.4. Para ese año las autoridades de Justicia y Seguridad Pública aseguraron que la reducción por hurto fue del 58.5 %, mientras que por robo fue del 53.1 %.
A pesar de que estos delitos tuvieron un comportamiento diferente en 2021, cuando ya no había restricciones por la pandemia y con un incremento considerable en el parque vehicular del país, el promedio de hurto y robo ha sido de 3.8, todavía muy por debajo de los 7.4 de 2018.
Y aunque las proyecciones del Viceministerio de Transporte (VMT) indican que al cierre de 2021 el parque vehicular será de 1.5 millones, el accionar de la Policía y de la Fuerza Armada en el marco del Plan Control Territorial ha ayudado a prevenir y combatir estos delitos.
De acuerdo con los registros policiales, 166 personas fueron capturadas por hurto y robo de vehículo entre 2019 y octubre de 2021. Los datos también indican que en ese mismo período fueron recuperados 456 automóviles, de los cuales 245 tenían reporte de hurto y 211, de robo.
El 26 de noviembre de este año, una estructura delincuencial integrada por 35 personas enfrentó audiencia preliminar en el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador acusada de hurto y robo de vehículos con mercadería, privación de libertad y otros delitos.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que esta banda interceptaba vehículos en las carreteras hacia la frontera El Poy, en Chalatenango; de Santa Ana a San Salvador; de San Juan Opico a Quezaltepeque; en la Troncal del Norte, en Apopa y Guazapa; la autopista Este-Oeste, entre Ciudad Delgado y Soyapango, y en la Panamericana, entre San Martín, Cojutepeque y San Vicente; además, en la carretera Panamericana en el tramo que conduce a Los Chorros, en el municipio de Colón, La Libertad; en la carretera de Sonsonate a Acajutla, y en diferentes puntos de la autopista hacia el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero.
Los departamentos donde más reportes por estos delitos recibe la Policía son San Salvador, que en 2019 registró 775 denuncias, mientras que en 2020 fueron 394 y hasta octubre de 2021 la cifra era de 510; La Libertad, con 291, 159 y 159 casos, respectivamente, y en tercer lugar está Santa Ana, con 149, 72 y 79 denuncias en los períodos antes señalados.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
