Política
TSE busca prohibir el uso de drones en centros de votación para elecciones de febrero próximo
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó a la población que el voto que emitirá cada uno de los salvadoreños en las próximas elecciones presidenciales debe ser secreto, por lo tanto el colegiado buscará prohibir que drones vuelen sobre los centros de votación con la intención de tomar fotografías.
De acuerdo con el magistrado, Miguel Ángel Cardoza, el TSE es el que debe de garantizar que el voto es secreto, por lo que se será más estricto en algunas acciones, por ejemplo como que los que muestren el voto serán sancionados. Ante esta situación buscarán prohibir que estos aparatos se usen cerca de los centros de votación.
“Vamos a tomar la previsión, es un tema que hay que discutir la prohibición de que drones estén volando cerca de los centros votación, para evitar eso (que se controle por quién se está votando), eventualmente podemos mandar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa porque eso sí tiene que estar prohibido, es una obligación del Tribunal garantizar la secretividad”, dijo el magistrado en el programa de entrevista El Salvador Ahora.
De acuerdo con lo planteado por el magistrado, un dron podría fácilmente estar controlando, desde el aire, a las personas que están votando e incluso sacar fotografías de por quién están votando. Que el voto sea secreto es un derecho de los ciudadanos, pero es la obligación de ellos como autoridades garantizarlo.
“Vamos a tratar el tema de los drones porque no es posible que ese día pueda utilizarse algún dron para efectos de tomar fotos para ver por quién se está votando. En este tema hay que ver cuál es el mecanismo más adecuado porque muchos medios utilizan los drones para hacer tomas para ver lo que está ocurriendo ese día”, valoró el magistrado.
Otro punto que se va a tener en cuenta, explicó Cardoza, es que se va a sancionar a todos aquellos que muestren el voto porque si bien es cierto es decisión de los ciudadanos que su voto sea secreto, pero que al mostrar la papeleta con el voto podría considerarse como estar incitando a votar de esa manera.
“Cualquier ciudadano puede renunciar a que su voto sea secreto, pero en estos casos se podría ver afectado otra promoción de ley, que es la de hacer propaganda el día de las elecciones, recuerde que tres días antes y el día D, está prohibido hacer propaganda electoral y quien muestre su papeleta está haciendo propaganda electoral y se le puede sancionar por eso”, sentenció.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
