Política
Norman Quijano asegura que préstamo para construcción del edificio legislativo no se puede reorientar para escuelas
El presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, manifestó que tras comunicarse con el director del Banco Centroamericano de Integración Económica para El Salvador (BCIE), Guillermo Funes, este le brindó respaldo para la construcción de un lujoso edificio para el primer órgano del Estado.
Según Quijano, el titular del BCIE para El Salvador (quien es hermano del expresidente de la República y prófugo de la justicia, Mauricio Funes) le habría indicado que es improcedente reorientar recursos del préstamo otorgado para construir el edificio legislativo, que tendría un costo de $32 millones.
“Me dice que es improcedente la petición que hicieron los asesores del señor Bukele. No se puede reorientar el préstamo, me lo acaba de decir el director del BCIE. Pero destinar el préstamo para construir escuelas, para construir esto, no se puede”, enfatizó el presidente del parlamento salvadoreño.
Quijano afirmó que el director del BCIE habría indicado que los diputados de la Asamblea Legislativa que aprobaron el crédito ya habían delimitado para que serían usado los fondos y por tanto no se pueden transferir para otro tipo de proyectos.
El Director del BCIE para El Savador es el hermano de Mauricio Funes. Lleva 10 años en el puesto, y es la posición mejor pagada por alguna designación en el Gobierno, ya que la nomina el Presidente del País y la pagan contra tabla salarial internacional del BCIE. Es salario es de $20,000 mensuales libres de impuestos, más viáticos, seguridad y prestaciones. Sólo en Salarios, desde que su hermano lo puso en ese puesto, Guillermo Funes lleva devengados 2.4 Millones de USD.
La semana pasada Norman Quijano, diputado arenero y Presidente de la Asamblea legislativa, dijo a los medios que se están realizando los movimientos para la construcción de un nuevo edificio de lujo para la Asamblea Legislativa.
Norman Quijano dijo que no importaba si la población no estaba de acuerdo con la construcción, ya que este se “va a construir” les guste no les guste. Inmediatamente miles de salvadoreños, a los que siguen llamando troles, opinaron en contra de este proyecto de Quijano, el cual tendría un costo de $32 millones para la construcción, mas $600,000 para el diseño.
Ante esto el Presidente Electo Nayib Bukele dijo que esta semana presentaría una pieza a la Asamblea que buscará que $16 millones del presupuesto para la construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa sean reorientados.
Dicha suma de dinero sería utilizada para construir 50 nuevos centros educativos. Así lo afirmó el triunfador de las elecciones presidenciales de este mes mediante sus cuentas de redes sociales.
Bukele afirmó que el próximo lunes presentará ante los legisladores una pieza de correspondencia para proponer reorientar los $16 millones.
Pero Norman Quijano respondió rápidamente a Bukele y se negó a tomar en cuenta la propuesta ya que claramente se ve el interés de Quijano en construir este edificio de lujo de $32 millones para diputados.
“Ante la propuesta del señor Nayib Bukele, me permito aclarar lo siguiente: Antes de solicitar una reorientación de fondos debería saber que ese dinero no está considerado en el presupuesto de este año y, desde un punto de vista técnico, no se puede reorientar lo que no existe.”
El arenero Norman Quijano defiende su plan de construcción del edificio de lujo de $32 millones, ya que dice que ese dinero es extra a lo asignado ya para el presupuesto, y que no se puede reorientar para beneficiar al pueblo con la construcción de escuelas.
Rápidamente el Presidente Electo respondió al diputado de ARENA Quijano y dejó claro que “todo se puede si hay voluntad para beneficiar al pueblo”:
“Fuera bueno Sr. Diputado, que respete la inteligencia del pueblo salvadoreño. Todos esos “tecnicismos” a los que usted hace alusión para proteger su deseo, se arreglan con modificaciones que la Asamblea puede hacer, si existe la voluntad.” escribió el Presidente Electo Nayib Bukele.
Por: El Blog.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
