Política
El Salvador se prepara para elecciones generales a un año de los comicios
Dentro de un año los salvadoreños volverán a escribir un nuevo capítulo en la historia democrática del país, eligiendo al presidente y vicepresidente de la república que gobernarán en los siguientes seis años, de 2027 a 2033.
En esa misma jornada electoral, la ciudadanía también podrán elegir la representación política de los 60 escaños que conforman la Asamblea Legislativa, así como la renovación de los 44 Concejos Municipales Plurales que administran los 262 distritos a escala nacional.
La unificación de las elecciones para 2027 quedó normada el 31 de julio de 2025 por el Congreso a través de reformas a la Constitución de la República [artículos 75, 80 incisos 1°, 2° y 3°; y artículos 133, 152 y 154] con el fin de ordenar y homologar el ciclo electoral.
Estas enmiendas fueron aprobadas con 57 votos, en la sesión plenaria ordinaria 66, y ratificadas en la plenaria 67, «con el objetivo de actualizar el sistema electoral para fortalecer la democracia, optimizar recursos públicos y alinear las reglas con la voluntad popular», comunicó el Órgano Legislativo.
Los cambios a la Carta Magna dan un componente novedoso a las próximas elecciones, pues se habilitó la reelección presidencial indefinida sin menoscabar la voluntad democrática y soberana de los ciudadanos para escoger libremente a gobernantes.
Tampoco limita la participación de ninguno de los 11 partidos políticos que según el Tribunal Supremo Electoral [TSE] están, a la fecha, legalmente inscritos para competir en los comicios.
Estos son Nuevas Ideas, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional [FMLN], Alianza Republicana Nacionalista [ARENA], Partido de Concertación Nacional [PNC], Partido Demócrata Cristiano [PDC], VAMOS, Gran Alianza por la Unidad Nacional [GANA], Democracia Salvadoreña [DS], Fuerza Solidaria [FS], Fraternidad Patriota Salvadoreña [FPS] y el Partido Independiente Salvadoreño [PAIS].
Con los cambios a la Constitución ahora la elección presidencial se definirá en primera vuelta, tras ser derogado el balotaje o segunda vuelta; además, quedó establecido que el período presidencial se prolongue a seis años. En 2027 iniciará el primer sexenio presidencial.
«Cada segunda vuelta electoral cuesta al Estado aproximadamente $50 millones», explicó durante la discusión de las reformas constitucionales Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas.
MÁS DE $172 MILLONES HAN SIDO DESTINADOS PARA LAS ELECCIONES
Para el desarrollo de las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, la Asamblea Legislativa aprobó en diciembre anterior asignar al TSE $125.4 millones, además de $46.7 millones para financiar el voto desde el exterior, que será mediante un sistema de votación remota por internet y de forma presencial en embajadas, consulados u otras sedes habilitadas por el TSE. Dichos recursos serán utilizados en logística, tecnología y para el escrutinio.
Del total asignado, $56 millones servirán para el soporte del escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), transmisión, procesamiento y divulgación de los resultados.
Los cambios a la ley superior también fueron acatados por el TSE, que informó que los mismos permiten al país un ahorro acumulado de hasta $560 millones en procesos electorales, ya que pasará de 13 a nueve eventos en un periodo de 25 años.
Según los registros del TSE, el padrón electoral ya supera los 6 millones de salvadoreños, de los cuales 932,316 residen en el extranjero, una cifra que creció en casi 200,000 respecto al último proceso comicial de 2024, para el cual el padrón cerró con 6,214,399; de estos, 741,094 eran residentes en el extranjero, según datos de la memoria de labores del organismo colegiado.
En el caso de los connacionales que hagan uso de la votación remota por internet, podrán comenzar un mes antes del día establecido por el TSE para la elección que se desarrollará en el país, es decir, el 30 de enero, según lo establece el artículo 16 de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.
Para los salvadoreños en el exterior que utilicen la votación electrónica presencial, será continua; es decir, iniciará a las 7 de la mañana y concluirá a las 5 de la tarde, según el horario del centro de votación designado por el tribunal en el extranjero.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
