Política
Diputados emiten dictamen favorable para desaforar a Norman Quijano
La Comisión Especial de Antejuicio determinó, mediante los elementos probatorios presentados, que hay formación de causa para quitar al diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, el fuero constitucional que ha impedido que se le procese por haber negociado con pandillas.
Por tal motivo, emitió dictamen único favorable para que los 84 diputados decidan si quitarle o no el fuero al imputado.
“Seremos facilitadores de la justicia por la que claman las familias […] Los políticos que iban a ejercer un cargo de poder, en lugar de defendernos, pudieron haber vendido todas nuestras vidas, en este requerimiento fiscal dice que podían matar hasta a dos salvadoreños por día”, declaró el presidente de la comisión, Raúl Castillo.
Por este hecho, Quijano podría ser acusado por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, actos sancionados en los artículos 295 y 345 del Código Penal, respectivamente.
Durante las sesiones se realizó el debido proceso, se contó con la parte fiscal y se garantizó la defensa técnica al diputado del PARLACEN. No obstante, Quijano no se comunicó con la abogada que le asignó el Ministerio Público para dar representarlo en este proceso.
Los testigos llamados a declarar, pese a haberse contradicho en varias ocasiones, concordaron en el hecho cuestionado: en marzo de 2014 el entonces candidato a la presidencia por el partido ARENA, Norman Quijano, después de la primera vuelta electoral en la que le aventajó el FMLN, sostuvo una reunión privada con líderes de pandillas en las oficinas de la Red Nacional de Pastores (RNP), en el marco de la celebración de un culto religioso en ese lugar.
En ese encuentro se hicieron varios ofrecimientos a las pandillas, entre ellos, $100 millones para prevención y reinserción, infraestructura militar para rehabilitación, entre otros beneficios.
“Se acordó dar beneficios a las pandillas, como ingreso de objetos ilícitos a los penales, dinero a prestar al interior de las cárceles a un interés del 20%, autorización para extorsionar, depuración de territorios matando a dos personas diarias, y depuración al interior de centros penales con autorización de Mijango”, señaló la fiscal Marcela Pineda
Por su parte, el exdiputado de ARENA, Ernesto Angulo Milla, quien fue llamado a declarar, negó haber participado en la reunión privada entre Quijano y las pandillas; sin embargo, admitió que fue invitado a asistir a un culto religioso ese día, en la RNP, junto a Quijano.
Estas declaraciones fueron desmentidas por el fundador del partido tricolor y presidente de la RNP, recinto en donde fue celebrado el encuentro, Nelson Valdez. El líder religioso afirmó que tanto Quijano como Milla asistieron a la reunión, no obstante, negó haberlos invitado, dijo que ellos le preguntaron si podían asistir, y él accedió.
Asimismo, fue testigo en este caso el columnista Paolo Lüers, quien afirmó que, después de la primera vuelta de las elecciones, se reunió con los líderes de pandillas para exigirles que dejaran de favorecer al FMLN con sus votos. Dijo que los pandilleros aseguraron en esa ocasión que habían estado negociando con el partido de izquierda, y que estaban buscando “bajarle dinero” a ARENA.
“Se logra comprobar el debate o la pelea interna entre FMLN y ARENA para ver quiénes entregaban mejores beneficios a las pandillas, para lograr una inclinación en los votos”, aseveró la fiscal Pineda.
Otro testigo en este caso fue Miguel Ángel Simán, quien, pese a su resistencia al inicio del interrogatorio, finalmente aceptó haber sido coordinador de Plan País, que se convirtió en el plan de gobierno que abanderó Norman Quijano y su partido.
“Plan país tenía estrategias que obligaban a ARENA a sentarse a negociar. En el Plan País había vinculación directa al establecer que el candidato debía sentarse con pandillas para negociar la vida de los salvadoreños”, explicó la fiscal Rebeca Santos.
Aunado a ello, las peritas del caso afirmaron, luego de haber estudiado a detalle el video que figura como una de las principales evidencias, que tanto la imagen como la voz corresponden a Norman Quijano, además de confirmar la participación del exdiputado Milla y del pastor Valdez.
“Norman Quijano es el rostro encarnado de la corrupción en el salvador. Ha sido por mucho tiempo el rostro de la impunidad. Este país ha sido contaminado por años por los gobiernos del FMLN y ARENA”, señaló el fiscal Walter Coto.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
