Política
Beltrán Bonilla propone aumento al subsidio de buseros y desmiente a Cristina López como asesora
El diputado del Partido de Concertación Nacional (PCN), Raúl Beltrán Bonilla, presentó el martes una pieza de correspondencia para que la Asamblea Legislativa aumente el subsidio que se otorga a buses y microbuses del transporte público.
La propuesta presentada por Beltrán Bonilla pide que se aumente de $200 a $650 el subsidio para microbuses y de $400 a $1,260 para los buses.
“En los últimos meses ha existido un incremento en los precios del combustible y la expansión de competencia desleal e ilegal de transporte especializado que ha reducido la demanda en un 40%”, expresó el presidente de AEAS, Genaro Ramírez, quien acompañó al diputado Bonilla.
La propuesta del diputado Beltrán Bonilla, no ha sido bien vista por la población y ha sido muy criticada en las redes sociales, pues muchos usuarios consideran que antes de pedir un aumento del subsidio los empresarios de buses deben renovar la flotilla.
Caso Cristiano López
Raúl Beltrán Bonilla desmintió esta mañana de miércoles que la ex diputada de la Asamblea Legislativa, Cristina López esté trabajando como uno de sus asesores.
El diputado del PNC manifestó que López está llegando a solicitud de la Comisión de Deportes a la Asamblea Legislativa para tratar el tema de la Ley General de los Deportes en el país.
Sin embargo, sus declaraciones contrastan con las de la ex diputada Cristina López, pues ella misma confirmó que sí está como asesora de Beltrán Bonilla en la comisión antes mencionada.
“Actualmente, estoy en la comisión de Deportes como asistente del diputado Raúl Beltrán”, señaló la pecenista, quien explicó que por su trabajo recibe un salario acorde al cargo que desempeña.
Cristina López fue miembro de la Comisión de Deportes cuando fungió como diputada en la pasada administración legislativa al ser diputada por el departamento de San Salvador.
Fuentes legislativas señalaron que López tenía varios acuerdos para mantenerse dentro de la Asamblea con el PCN.
La comisión política de la Asamblea Legislativa concluyó ayer la tercera jornada de las entrevistas a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los entrevistados fueron Santos Guerra Grijalva, Karen Yasmín Hernández Salmerón, Marta María Iglesias Majano y José Antonio Martínez. Los candidatos fueron presentados por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes).
También se presentaron Óscar Alberto López Jerez y José Fernando Marroquín Galo, ambos propuestos por el CNJ.
Los seis aspirantes tuvieron la oportunidad de exponer una breve presentación de su trabajo profesional y expresar sus expectativas de trabajo en caso de ser electos para el cargo.
Los parlamentarios indagaron si los aspirantes mantienen afiliación partidaria, acerca de la perspectiva sobre las funciones del Órgano Judicial y su visión sobre posibles reformas.
Este proceso en la comisión política continuará el lunes 2 y 9 de septiembre, hasta completar las entrevistas de los 30 candidatos propuestos.
La comisión de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno de la Asamblea Legislativa empezó ayer el estudio de una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que busca crear más tribunales contra el crimen organizado.
Para ello, propone enmendar la ley orgánica judicial relacionada con la conversión, supresión, creación y ampliación de competencias de las sedes judiciales en los departamentos de Santa Ana, San Salvador y San Miguel.
La iniciativa ingresó a la Asamblea Legislativa a finales de julio y plantea que los juzgados de Paz y de Instrucción en varios distritos de los tres departamentos mencionados se conviertan en tribunales contra el crimen organizado.
«Se advierte que para mejorar la calidad del servicio de la administración de justicia es necesario adoptar medidas para incrementar la capacidad de respuesta de los tribunales contra el crimen organizado», consideró la CSJ.
En San Salvador, los tribunales a reconvertir son el Juzgado de Instrucción de Mejicanos, el Juzgado Tercero de Paz de Ciudad Delgado, el Juzgado de Paz de Rosario de Mora, el Juzgado de Instrucción de Ilopango y el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque.
Mientras que en Santa Ana serían el Juzgado de Paz de Santa Rosa Guachipilín y el Juzgado de Paz de Masahuat.
La CSJ finalmente pidió que en el departamento de San Miguel los juzgados Segundo de Paz de Chinameca y Ciudad Barrios se conviertan en tribunales contra el crimen organizado.
Luego de que los funcionarios que velan por la seguridad nacional solicitaran a la Asamblea Legislativa la extensión del régimen de excepción, por 30 días, 57 diputados aprobaron la petición.
El fin de extender, del 9 de agosto hasta el 7 de septiembre, la implementación de esta importante herramienta de seguridad es para continuar protegiendo la vida y los bienes de la población salvadoreña.
“Hasta este momento tenemos más de 80 mil personas capturadas, 678 días sin homicidios en la gestión del Presidente Nayib Bukele, de los cuales 565 han sido durante el régimen de excepción”, aseguró el parlamentario Raúl Chamagua. “En este mes de agosto, llevamos cuatro días sin homicidios y en el 2024 un total de 160 días sin que se haya registrado un asesinato”, agregó.
En la sesión plenaria número 14, algunos legisladores de Nuevas Ideas retomaron una publicación realizada por el mandatario Nayib Bukele en su cuenta de X: “En el primer período presidencial, nos dieron absoluta confianza y con la ayuda de Dios, logramos un milagro que ha dejado al mundo perplejo…”.
Al respecto, el diputado Walter Coto destacó que se ha realizado un importante trabajo en el tema de la seguridad por parte de las instituciones estatales.
“Ha habido un cambio sustancial en materia de seguridad. Desde junio de 2019, con el Plan Control Territorial el presidente Bukele comenzó a atacar un fenómeno criminal tan organizado, que tenía tanto control en los territorios y hasta con un grado de jerarquización”, afirmó el parlamentario.
De acuerdo a Coto, las pandillas intentaron que dicho plan no funcionara e incluso ha habido entidades que, hoy por hoy, protegen a los delincuentes. Es por eso que se necesitó agilizar un proceso de captura de miembros de pandillas y es cuando se implementó el régimen de excepción.
El aplicación de esta medida se basa en el artículo 29 de la Constitución de la República, el cual faculta al Gobierno a establecer un régimen de excepción en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones al orden público.
“Este es un mecanismo constitucional y que ha traído tantos beneficios a los salvadoreños, porque hoy los jóvenes y sus padres no tienen temor por la paz y tranquilidad que tenemos. De a poco se ha ido consiguiendo lo que denominados ‘el milagro de El Salvador’”, expresó el diputado Coto.
