“La universidad no es para servir a la técnica; es para formar a la humanidad pensante” Ortega y Gasset, Misión de la Universidad, 1930, p. 27.

No podemos comprender el pensamiento filosófico del siglo XXI en el ámbito hispanoamericano sin la figura de José Ortega y Gasset (1883-1955), un intelectual y ensayista cuya vasta obra representa un diálogo tenso y fecundo con la modernidad europea. Ortega, profundamente preocupado por el destino de España y por la crisis de la cultura occidental, dedicó una parte fundamental de su trabajo filosófico al papel de las instituciones y a la urgencia de la formación humana. Fue en este contexto de honda preocupación donde cristalizó su meditación sobre el destino de las instituciones académicas que hoy intentaremos analizar, como siempre, desde un punto de vista crítico.

En su ensayo cardinal, “Misión de la universidad” (1930), el filósofo español concibió a la universidad no como una estructura administrativa o un centro de instrucción profesional, sino como un proyecto de “elevación”. Para él, la academia no existe para servir a la técnica, sino para forjar a la persona a fin de que sea capaz de comprender la profundidad de su tiempo y de dar cuenta de sí misma. El ideal que allí se postula es claro y radical: Ortega insiste en que la universidad es, ante todo, una “fábrica de cultura”, un espacio esencial donde la vida del espíritu se traduce inexorablemente en responsabilidad social.

El sostén de esta labor formativa es lo que llama “cultura general”, esa amplitud de pensamiento que desborda las fronteras de un oficio particular. Para Ortega, esta formación constituye el fundamento mismo de la libertad intelectual, pues su ausencia condena el saber a una técnica servil. El valor de la cultura es, en su perspectiva, radicalmente político y existencial, puesto que “la cultura es el único instrumento que permite a un pueblo conservar la conciencia de sí mismo” (Ortega y Gasset, 1930, p. 44). Esta afirmación plantea que la universidad posee un papel normativo ineludible en la formación de sujetos que no sólo operen en el mundo, sino que sean capaces de comprenderlo y, en consecuencia, de transformarlo.

Tengamos en cuenta que, para José Ortega y Gasset, la “cultura general” dista de ser un conjunto de conocimientos ornamentales o un “vago propósito” para disciplinar el carácter, como a menudo se le malinterpreta. En la obra precitada, el concepto adquiere un carácter vital y fundacional: no es un lujo intelectual, sino una necesidad existencial y una herramienta de orientación para la vida.

Ortega aclara que la cultura general es, ante todo, el sistema de convicciones que el hombre de una época posee para poder vivir con firmeza. Es la cartografía intelectual que permite al individuo evitar el naufragio vital en el “caos” de la existencia. Él lo explicita al contrastar la visión moderna de la cultura con el sentido que tenía en la universidad fundacional: “Pero eso que hoy llaman «cultura general» no lo era para la Edad Media; no era ornato de la mente o disciplina de carácter; era, por el contrario, el sistema de ideas sobre el mundo y la humanidad que el hombre de entonces poseía. Era, pues, el repertorio de convicciones que había de dirigir efectivamente su existencia” (Ortega y Gasset, Misión de la Universidad, 1930, pp. 35-36).

De esta forma, la misión primordial de la universidad, según Ortega, consiste en entregar al estudiante el “sistema vital” de ideas, el repertorio de convicciones esenciales de su tiempo, para que este no sea un “nuevo bárbaro” que vive ajeno a la verdad de su propia época. La cultura general es, por lo tanto, la capacidad de situarse intelectualmente en el presente para poder actuar con responsabilidad.

La precitada defensa orteguiana de la formación integral halla un eco poderoso en la tradición humboldtiana de la “Bildung”. Recordemos que Wilhelm von Humboldt, al proponer una universidad orientada a la formación del hombre y del ciudadano, unió indisolublemente la investigación y la enseñanza. En sus “Obras escogidas”, Humboldt afirmaba que la verdadera educación debe perseguir “la formación integral de las facultades del individuo” (Humboldt, ed. 1999, p. 112). Esta idea resuena con la tríada esencial de Ortega: cultura general, investigación y profesión. El saber que no se renueva constantemente mediante la investigación no es digno de ser enseñado, pues sólo una universidad que investiga puede mantener viva la cultura que moldea el juicio y desborda el simple peritaje técnico.

Por su parte, John Henry Newman, desde “The idea of a university”, converge en este ideal al defender la enseñanza liberal como la cultivación de la intelectualidad, pues el entendimiento formado es lo que legitima cualquier profesión. Así, la confluencia de Newman, Humboldt y Ortega instituye una tesis inamovible: la universidad justifica su existencia formando sujetos pensantes, no meros proveedores de mano de obra especializada.

No obstante, esta alta aspiración a la elevación humana no puede ser sostenida sin confrontar las tensiones y críticas que surgen al contacto con la realidad social. Pierre Bourdieu, por ejemplo, al analizar los mecanismos de reproducción, evidenció cómo la escuela y las instituciones culturales funcionan como mediadores de las relaciones sociales por medio del concepto de “capital cultural”. Lo que se manifiesta como mérito o “excelencia intelectual” en el sistema educativo a menudo es, en verdad, un defecto directo de ventajas sociales y culturales previas.

Por ello, Bourdieu advierte severamente que la pretensión de universalizar una cultura “elevada” corre el riesgo de homologar criterios que, por su propia definición de “alto nivel”, excluyen a las clases subalternas, sirviendo así para consolidar jerarquías sociales de forma simbólica. Desde esta perspectiva, el ideal orteguiano necesita ser sometido a un urgente escrutinio: ¿para quiénes está pensada, concretamente, la elevación cultural? ¿No podría la invocación al “alto nivel” funcionar como un dispositivo eficaz para la legitimación disimulada del privilegio?

Conjuntamente, esta crítica se agudiza al considerar las propuestas de Jacques Rancière y Paulo Freire. El primero, con su figura del “maestro ignorante”, cuestiona la noción de una élite docente que jerárquicamente transmite saberes mientras que sostiene que la igualdad intrínseca de las inteligencias obliga a repensar radicalmente los métodos pedagógicos, demandando una profunda desconfianza hacia toda la pedagogía que presuma una autoridad epistémica incuestionable.

De manera complementaria, Paulo Freire reivindica una pedagogía dialógica y emancipadora que coloca en el centro de la práctica educativa la experiencia vital y la praxis de los oprimidos. En su “Pedagogía del oprimido”, nos recuerda una verdad fundamental para la acción colectiva: “nadie libera a nadie, nadie se libera solo” (Freire, 1970, p. 54). Aquí, el proceso de elevación no puede, por tanto, confundirse jamás con una verticalidad que desconozca o suprima los saberes que emanan de la cultura popular.

Ahora bien, es momento de plantear cómo se encuentra la situación actual de la educación, en tanto que el desafío contemporáneo de sostener la misión universitaria no reside en un retorno nostálgico a un pasado idealizado, sino en una relectura de la aspiración a la elevación sobre bases firmemente democráticas y pedagógicas. En el mundo occidental en general, y en Hispanoamérica en particular, la crisis educativa manifiesta un grave retroceso en la comprensión crítica y una cultura académica progresivamente instrumentalizada y utilizada como unidad básica de ideologías posmo-progres importadas.

Esta manipulación de las instituciones educativas ha conducido a una paradoja perversa: los establecimientos educativos, bajo la lógica posmoderna de la eficiencia y la bajada de línea nefasta de la imposición de lo “políticamente correcto”, no forman ya a personas preparadas para enfrentar los desafíos y conflictos del mundo en su complejidad, sino que producen sujetos escasamente capacitados para cumplir tareas limitadas y altamente estructuradas. De esta manera, la universidad se ha convertido en un mero engranaje de un sistema laboral que, además, excluye progresivamente al ser humano a medida que la inteligencia artificial gana terreno en tareas repetitivas y estandarizadas.

La “cultura general” de la que nos hablaba Ortega se ha disipado en la fragmentación disciplinar y en la utilidad inmediata. Este fenómeno ya fue advertido por Alasdair MacIntyre, cuyo llamado a recuperar la tradición como marco moral e intelectual se vuelve acuciante, pues la universidad sin un sentido teleológico claro es incapaz de resistir la colonización tecnocrática que reduce la educación a capital humano. El saber, desprovisto de su horizonte ético y de una formación integral, se convierte en una herramienta ciega, destinada a una obsolescencia acelerada por la máquina. La universidad se enfrenta así a la doble presión de atender las demandas perentorias del mercado sin sucumbir a la lógica de la máquina. Entonces, la pregunta orteguiana se reformula con una insistencia dolorosa: ¿cómo formamos seres humanos capaces de entender la sociedad y de intervenir éticamente en ella, si el sistema los entrena para ser obsoletos ante la máquina?

Recuperar el ideal orteguiano exige una vía que, primero, reintegre la investigación y la docencia como procesos recíprocos e interdependientes, pues la universidad que enseña a pensar vitaliza la investigación, y sólo la investigación nutre la enseñanza vigorosa. En segundo lugar, demanda la renovación de la cultura general, no como un canon fijo y excluyente, sino como una apertura crítica a múltiples tradiciones y prácticas culturales, incluyendo explícitamente las esferas populares y subalternas. En tercer lugar, las prácticas pedagógicas requieren ser democratizadas mediante métodos dialógicos y espacios de producción colectiva del conocimiento, lo que desactivaría la verticalidad excluyente que convirtió a la “casa del saber” en un antro elitista, habitado por una casta académica, del cual difícilmente algo común surja en favor de la sociedad que lo sostiene.

En este replanteo, el pensamiento de Hans-Georg Gadamer resulta esencial, puesto que al destacar que la comprensión auténtica es el resultado de un horizonte dialogante y no de la simple acumulación de datos escondidos, ofrece los recursos para una pedagogía hermenéutica que eduque para la interpretación crítica y la apertura a la alteridad. Gadamer lo expresa mucho mejor que yo, al indicar que “comprender no es un acto cognoscitivo aislado, sino participación en un diálogo con la tradición” (Gadamer, Verdad y método, 1960/1986, p. 102). Pues bien, al integrar la novedad y la tradición en un continuo proceso intelectual, la universidad podría cultivar la continuidad sin caer en la clausura dogmática.

Lo decisivo aquí, más allá de las medidas instrumentales de becas o cupos, es reinstaurar la idea fundacional de la universidad como espacio ético para elevar la experiencia humana mediante la reflexión colectiva: un lugar donde el saber se transmuta en un juicio responsable, y donde la técnica se somete a los más altos fines humanos.

En definitiva, queridos lectores, la gran apuesta por la educación como elevación es una apuesta por la democracia de las inteligencias y por la apertura hermenéutica ante la otredad. La misión universitaria, que oscila entre la excelencia exigida por Ortega y la justicia demandada por Freire, nos deja en la más íntima de las encrucijadas. Si la elevación implica la profunda transformación de nuestro modo de ser en el mundo, ¿cómo puede la universidad contemporánea articular, sin falsas dicotomías, el rigor intelectual con la justicia educativa, la tradición con la creatividad radical, y la investigación de frontera con el compromiso social ineludible? ¿Y no es la colonización tecnocrática e ideológica que hoy padecemos el precio de haber olvidado el aviso de que la formación del entendimiento debe preceder y enmarcar la capacitación de la mano de obra, haciéndonos ahora vulnerables a la obsolescencia programada por la tecnología?

Queda, finalmente, la pregunta que nos interpela con mayor peso moral y exigencia: ¿Estamos realmente dispuestos, como comunidad académica y como ciudadanos, a que la universidad nos someta a su proceso transformador -no para convertirnos en piezas útiles y serviles del engranaje productivo, sino para forjarnos como sujetos en perenne búsqueda de la verdad- y a sostener, con el esfuerzo colectivo más arduo, esa formación que dignifica al espíritu y al pueblo? El destino de la cultura, advertía Ortega, depende de esa respuesta.

Referencias bibliográficas

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· Maritain, J. (1943). Educación y cultura. Fondo de Cultura Económica.

“El Estado no tiene el derecho de exigir que el ciudadano sacrifique su conciencia a los intereses de la política, pues la conciencia es el sagrario del hombre donde se encuentra a solas con Dios” (Ratzinger, J., 2005, Valores en tiempos de crisis, p. 54).

La historia del pensamiento político occidental se ha definido por la tensión dialéctica entre la “auctoritas” espiritual y la “potestas” secular, una relación que hoy está experimentando una fractura sísmica. El epígrafe de Benedicto XVI que abre estas líneas no es una concesión al subjetivismo posmo-progre, ni a la autonomía moral de corte ilustrado, sino que, por el contrario, representa la reafirmación de una antropología teológica profundamente católica. La “conciencia” a la que aludía el entonces cardenal no es el refugio del deseo individual, sino el lugar de un encuentro objetivo con la Verdad. En la tradición del Magisterio, el reconocimiento de este “sagrario” implica que el Estado no es la fuente última de moralidad ni el dueño absoluto de ninguna persona. Esta distinción es la que hoy se ve amenazada por el discurso de mandatarios que, al pretender tutelar incluso la existencia física de la sede apostólica, olvidan que la Iglesia no le debe su supervivencia a la protección de ningún César, sino a su fidelidad al Logos.

El reciente enfrentamiento entre Donald Trump y el Papa León XIV, catalizado por la escalada bélica entre Irán, Estados Unidos e Israel, no constituye una de las tantas desavenencias diplomáticas, sino una colisión de paradigmas ontológicos sobre la salvación y el orden global. Cuando el líder norteamericano afirma en sus redes sociales que, de no ser por su presencia en la Casa Blanca, el Pontífice no estaría en el Vaticano, no sólo ejerce una retórica de dominio, sino que intenta subordinar la esfera de lo sagrado a la lógica de la protección transaccional mafiosa. Esta postura evoca un mesianismo político que vacía de contenido la trascendencia para convertirla en un accesorio del poder estatal, donde la legitimidad del representante de Pedro quedaría supeditada a la benevolencia del “César” de turno. Tal pretensión choca de frente con la libertad de la Iglesia, defendida históricamente contra todo totalitarismo, tal como señaló León XIII en su encíclica sobre la libertad cuando expresó que “la libertad de conciencia, entendida en su verdadero sentido, consiste en que el hombre tiene en el Estado el derecho de seguir la voluntad de Dios y de cumplir sus mandamientos sin que nadie pueda impedírselo. Esta libertad, la verdadera libertad digna de los hijos de Dios, es la que protege la dignidad de la persona humana y es superior a todo poder” (León XIII, 1888, Libertas Praestantissimum, n. 30).

En el epicentro de una guerra que consume a Medio Oriente y perjudica los precios de todo el mundo, la figura de León XIV surge como una voz ética que se resiste a ser asimilada por la realpolitik. La respuesta del Pontífice ante las descalificaciones de Trump- quien lo tildó de “débil” y “terrible” en respuesta a sus llamados de paz- fue de una sobriedad cortante al declarar que no le teme. Como reporta BBC Mundo y Ámbito, esta declaración de “no tener miedo” no debe leerse como un rasgo de carácter individual, sino como una categoría eclesiológica fundamental. La raíz de este valor se encuentra en la “parresía” evangélica: el hablar con audacia ante los poderes temporales, sabiendo que la autoridad del Vicario de Cristo no es una concesión del poder secular, sino una misión de orden sobrenatural. Sobre este último aspecto en particular, es pertinente recordar que San Juan Pablo II, en el inicio de su pontificado, recuperó este mandato bíblico dándole una carga política devastadora para los regímenes autoritarios, una tradición que León XIV actualiza, a su manera, frente al mesianismo contemporáneo. En sus palabras se escucha el eco de la enseñanza teológica sobre la fortaleza: “No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. El miedo es la herramienta del tirano; la ausencia de miedo es el principio de la libertad del creyente, que sabe que su destino último no está en manos de ninguna potencia terrenal” (Juan Pablo II, 2005, Memoria e identidad, p. 182).

Esta firmeza se complementa con una voluntad activa de testimonio. Según reporta la Deutsche Welle, León XIV ha sido enfático al advertir: “Seguiré alzando la voz para construir la paz”. Esta resolución no es un eslogan hippie pacifista, sino un ejercicio de la soberanía del Verbo frente a la estridencia de las armas y la propaganda mediática. Al afirmar que su voz no será silenciada por las amenazas del poder temporal, el Papa sitúa la diplomacia de la Iglesia en un plano de resistencia ontológica, porque no se trata sólo de buscar acuerdos, sino de proclamar una verdad que el poder mundano encuentra francamente insoportable. Como explica Hans Urs von Balthasar, la palabra de la fe posee una eficacia que desborda el cálculo político, en tanto que “la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta las coyunturas de la historia. Quien la pronuncia con fidelidad no está sujeto al éxito mediático ni a la protección del Estado, sino a la fecundidad de la cruz, que es el único lugar desde el cual se puede hablar verdaderamente de paz” (Balthasar, H. U., 1986, Teodramática, p. 312).

A esta resistencia se suma una denuncia diagnóstica sobre la raíz psicológica del conflicto. Según se destaca en la emisora La 100, León XIV ha denunciado la “ilusión de omnipotencia” que alimenta la guerra en Oriente Medio. Este concepto despoja al poder político de su barniz de eficiencia estratégica para revelarlo como una patología del espíritu. La omnipotencia es el gran engaño del hombre que, habiendo expulsado a Dios de la historia, intenta ocupar su lugar sin tener la capacidad de sostener el peso de la creación. Esta “ilusión” es la que permite a un líder creer que puede redibujar fronteras o decidir la supervivencia de una institución milenaria desde una patética red social. Pues bien, la teología católica ha identificado siempre en esta actitud la raíz del pecado original: el eritis sicut dii (seréis como dioses). En este sentido, la guerra no sólo es un fracaso rotundo de la política, sino el síntoma de una ceguera metafísica donde el poder, ebrio de su propia fuerza técnica, pierde el contacto con la realidad de su finitud y la sacralidad de la vida ajena.

Consecuentemente, la tensión alcanza su punto álgido con la instrumentalización de la iconografía cristiana, cuya máxima expresión fue la publicación de una imagen que situaba a Donald Trump en una proximidad blasfema con la figura redentora de Jesucristo. Según reporta el diario Clarín, que intencionalmente pone el foco en el disgusto por parte de “sectores de la derecha religiosa estadounidense”, no es un desliz estético, sino un intento de sacralizar la figura del líder político hasta el punto patético de la auto-idolatría. Desde una perspectiva filosófico-teológica, este acto constituye una manifestación de la hybris posmoderna: la desmesura de un mandatario que, al pretender mostrarse como un redentor, incurre en una parodia de la encarnación para validar su propia prepotencia. Esta intención pueril de la figura del Salvador busca absorber la esperanza escatológica del pueblo para redirigirla a una figura política finita y totalmente contingente. Como señala Giorgio Agamben al analizar el funcionamiento de la máquina gubernamental, “la gloria, en la tradición teológico-política, no es solo un adorno del poder, sino la zona de sombra en la cual el poder se confunde con la liturgia para volverse incuestionable. La parodia de lo sagrado es el último recurso de un poder que, habiendo perdido su legitimidad racional, necesita la adoración para sobrevivir (Agamben, G., 2008, El reino y la gloria, p. 241).

Esta bizarra pretensión redentora opera sobre el vacío dejado por el abandono de lo sagrado en una humanidad que atraviesa el desierto del nihilismo. En una sociedad cada vez más secularizada, donde el “Dios ha muerto” nietzscheano se ha traducido en una orfandad metafísica, el símbolo político intenta ocupar ese espacio vacante, ofreciendo una seguridad mundana de pésima calidad y revestida de lenguaje profético. Sin embargo, esta sacralización cutre de la política no es un retorno a la fe, sino su negación más radical. Al convertir al líder en un objeto de culto, se asfixia la vivencia de una fe que, por definición, es apertura a lo inefable y crítica a toda idolatría terrenal. Al respecto, recordemos que Emilio Gentile destacó que este tipo de “religiones civiles” buscan la sumisión total del individuo a través de una mística de la nación o del líder, lo que termina por degradar tanto la política como la espiritualidad en tanto que “la sacralización de la política ocurre cuando una entidad terrenal —la nación, el partido, el jefe— es investida con los atributos de una divinidad, exigiendo una fe ciega que no admite la duda ni el juicio de la conciencia” (Gentile, E., 2007, El culto del Littorio, p. 32).

Al presentarse como un enviado divino, el presidente busca anular la capacidad crítica de la fe, transformando el mensaje evangélico en un programa electoral. Esta maniobra revela lo que Jean Baudrillard definía como el imperio de los simulacros, donde la imagen sustituye a la realidad y el símbolo religioso es vaciado de su misterio para servir a la hegemonía del espectáculo. El filósofo advertía que lo sagrado es aquello que no se puede intercambiar por nada, pero el sistema de consumo e imagen intenta convertirlo todo en un valor de cambio político, destruyendo la alteridad de lo divino.

Este escenario de soberbia política encuentra su correlato más trágico y material en el terreno mismo del conflicto, donde la retórica del poder se traduce en el aniquilamiento sistemático de comunidades vulnerables. Los atropellos cometidos por Israel contra las minorías cristianas en la zona de guerra, bajo la dirección de Netanyahu, representan una extensión de este desprecio por la autoridad moral y la vida humana. Como analicé oportunamente en mi artículo sobre el asesinato del padre Pierre Al-Rah, no estamos ante errores colaterales, sino ante la manifestación de un poder que ha decidido ignorar cualquier tipo de frontera ética. El asesinato de un hombre de fe, dedicado al servicio y a la paz, es el signo de una violencia que busca extirpar cualquier rastro de alteridad que no se someta a los designios de la seguridad militarizada. Asimismo, allí advertí que este asesinato supone un quiebre moral irreversible, donde la supuesta defensa de los valores democráticos se convierte en la triste justificación de la barbarie expansionista.

Está claro que la ruptura de la reciprocidad diplomática, que las fuentes de información detallan como un proceso degradante, revela una pretensión biopolítica por parte del poder secular. Al afirmar que el Papa le debe su estancia física en el Vaticano, Trump intenta ejercer lo que Michel Foucault denominaba la gestión de la vida y la muerte desde el Estado. El filósofo señalaba que el poder moderno se arroga el derecho de “hacer vivir”, convirtiendo la existencia de las instituciones en una concesión de su fuerza. Bajo esta óptica, el intento de Trump de presentarse como el garante de la supervivencia del Pontífice es un intento de despojar a la Iglesia de su autonomía ontológica. León XIV, al declarar que “no tiene miedo”, rompe el circuito de control emocional que el mesianismo político intenta imponer.

En este punto de la reflexión, es fundamental recordar que la raíz de este conflicto yace en una profunda incomprensión de la naturaleza de la Iglesia. Al sugerir que el Vaticano sobrevive gracias al favor de Washington, o al atacar impunemente a los cristianos en Gaza, Líbano y Cisjordania, se reduce la fe a un objeto de conveniencia. Como bien indicó Hannah Arendt, “la autoridad descansa sobre un reconocimiento que es a la vez incondicional y espontáneo, y que no requiere ni de la coacción ni de la persuasión. Donde hay que emplear la fuerza, la autoridad misma ha fracasado” (Arendt, H., 2003, Entre el pasado y el futuro, p. 102).

La ruptura total entre estos líderes marca un punto de no retorno donde la diplomacia ha sido devorada por el show de la política decadente posmoderna y el pragmatismo violento. El fenómeno erosiona la distinción fundamental que permite la libertad de conciencia en tanto que si el gobernante se arroga la protección de la fe y, simultáneamente, permite o ejecuta el asesinato de sus representantes, la religión deja de ser una instancia crítica para convertirse en una víctima propiciatoria de la soberanía estatal.

En conclusión, estimados lectores, este enfrentamiento nos sitúa ante la posibilidad de un nuevo “cesaropapismo” digital y militar ante lo cual es lícito preguntarnos: ¿puede una democracia declararse plena cuando sus líderes consideran que la autoridad moral y el respeto a la vida religiosa son obstáculos para la seguridad? ¿Es posible hablar de justicia cuando el asesinato de cristianos en Medio Oriente es tratado como una estadística más? El silencio que sigue a estos disparos parece ser el presagio de un mundo donde ya no se busca la verdad, sino la victoria total. ¿Qué queda de la esperanza cuando incluso el llamado a la compasión es denunciado como un acto de traición al Estado y el rostro del otro es borrado bajo los escombros de la ideología liberal?

Referencias bibliográficas

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“El Estado es el más frío de todos los monstruos fríos. Es frío incluso cuando miente; y ésta es la mentira que se desliza de su boca: ‘Yo, el Estado, soy el pueblo’” Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra (2011, p. 78)

Cuando la historia no se traduce en aprendizaje ético, transmuta en una circularidad macabra que devora a sus eslabones más débiles. El reciente y doloroso asesinato de Ángel en la provincia de Chubut, Argentina, va más allá de un episodio aislado o una anomalía estadística, sino que se nos presenta como el síntoma de una patología profunda en la estructura del juicio institucional. Al igual que sucedió con Lucio Dupuy, nos hallamos ante una arquitectura judicial que, obnubilada por la corrupción y marcos ideológicos patéticos, parece haber postergado la observación empírica de los hechos en favor de una abstracción teórica. Esta ceguera no es gratuita, en tanto que se trata de una negligencia con pretensiones de virtud política que termina por entregar la vida de un niño a las manos de su verdugo bajo la apariencia de un “derecho restituido”.

La filosofía del derecho nos ha advertido largamente sobre los peligros de una justicia que se desvincula de la singularidad humana para servir a intereses categóricos. Michel Foucault, en su análisis sobre los mecanismos de poder, señalaba cómo las instituciones tienden a normalizar discursos que, en lugar de proteger al individuo, buscan validar una estructura de control o una narrativa política imperante. En este sentido, la decisión de otorgar la custodia de Ángel a su madre- a pesar de las señales de alarma y la precariedad de los vínculos- resuena con la misma lógica que sentenció la vida de Lucio: la prevalencia de un prejuicio de género o de un romanticismo biológico por encima del principio de interés superior del niño.

Esta forma de ejercer el poder se inscribe en lo que Giorgio Agamben denominaba la gestión de la “nuda vida”, donde el sujeto queda reducido a un elemento biológico manipulable por el bando soberano de la ley. Al ignorar la biografía del dolor que ya marcaba el cuerpo de estos niños, los jueces operaron desde una asepsia técnica que despoja al infante de su condición de persona para convertirlo en un objeto de transacción ideológica.

En este punto, es imperativo cuestionar qué sucede en la psique de un magistrado cuando la evidencia del peligro es silenciada por el eco de un manual doctrinario. Hannah Arendt, al reflexionar sobre la naturaleza del mal, introdujo un concepto que hoy cobra una vigencia aterradora. Para ella, el mayor peligro no reside necesariamente en la maldad intrínseca, sino en la renuncia a la capacidad de pensar, es decir, en el cumplimiento automático de una función dentro de un apartado burocrático que ha perdido su norte moral: “Lo más grave en el caso de Eichmann era precisamente que hubo muchos hombres como él, y que estos hombres no eran pervertidos ni sádicos, sino que eran, y siguen siendo, terroríficamente normales” (Arendt, 2003, p. 418).

Esta “normalidad” del funcionario inútil que se limita a aplicar la norma sin considerar las consecuencias vitales de su fallo es la que hoy enluta nuevamente a la sociedad argentina. Cuando la ideología destroza a la justicia, lo que queda es un cascarón jurídico vacío, incapaz de distinguir entre la protección de un derecho y la condena a muerte de un inocente. Retomando a Foucault en este punto, recordemos cómo describe en su obra “Vigilar y castigar” a un sistema penal y judicial que no busca necesariamente la verdad, sino la producción de una verdad que sea útil para el mantenimiento de un orden específico. Pues bien, en los casos de Lucio y Ángel, la utilidad buscada parece ser la validación de un paradigma de deconstrucción de roles que, trágicamente, ignoró completamente la pulsión destructiva real de las progenitoras.

La perversidad de este mecanismo radica en la infiltración de la ideología de género como un filtro que deforma la realidad fáctica. Al presuponer una bondad ontológica o una superioridad moral inherente a una de las partes por su adscripción a un colectivo o identidad protegida por el relato oficial, la justicia abdica de su imparcialidad. Se produce entonces lo que Jean-François Lyotard describiría como un “litigio”, donde la víctima no tiene un lenguaje para expresar su agravio porque las categorías de la ley han sido capturadas por el discurso dominante. En esta instancia, la ideología opera como un metarrelato totalitario que anula la evidencia clínica y el sentido común que logra que el magistrado no juzgue hechos, sino que se dedique a confirmar dogmas de moda.

Esta captura ideológica no se agota en el pestilente estrado, sino que se extiende hacia los auxiliares de la justicia, particularmente en el campo de la psicología pericial. El caso de Ángel, al igual que el de Lucio, pone de manifiesto cómo el informe psicológico ha dejado de ser una herramienta de diagnóstico clínico para convertirse en un instrumento de validación doctrinaria. Cuando el psicólogo interviene desde una “perspectiva” pre-configurada, su mirada ya no busca el bienestar del niño, sino la armonización del caso con la agenda de género dominante. Esta desprofesionalización implica una traición ética sin precedentes en la que se genera una sustitución de la salud mental por la ingeniería social. Sigmund Freud, en “El malestar en la cultura”, ya nos advertía sobre la fragilidad de los vínculos humanos frente a las pulsiones agresivas, señalando que la cultura y sus leyes intentan- a menudo sin éxito- contener esta destructividad. Si el psicólogo ignora la peligrosidad latente de una madre o un entorno abusivo para no contradecir el relato de infalibilidad materna deconstruida, está cometiendo una negligencia criminal. Al negar esta cuota de agresividad instintiva en las progenitoras por razones ideológicas, la psicología forense se convierte en el cómplice silencioso que abre la puerta al verdugo. La destrucción de la familia, entendida como el núcleo de protección primaria, se acelera cuando los peritos prefieren la comodidad del consenso político antes que la aspereza de un informe que denuncie los peligros reales que rodean a la víctima.

Asimismo, es fundamental incorporar el aviso que realizó Jordan Peterson sobre la desintegración de las estructuras jerárquicas en la competencia y la verdad en favor de aquellas basadas meramente en el poder ideológico. Peterson sostiene que cuando una sociedad reemplaza el análisis objetivo de la conducta individual por categorías de identidad colectiva, el resultado es una ceguera moral que termina por victimizar a los más inocentes. Concretamente, en su obra “12 reglas para vivir”, nos dice que “si no puedes entender por qué alguien hizo algo, mira las consecuencias de sus acciones y luego infiere sus motivaciones” (Peterson, 2018, p. 145).

Si inferimos la motivación de la justicia y sus peritos en los casos de Ángel y Lucio a través de sus consecuencias –el asesinato de dos niños-, descubrimos una voluntad de sacrificar la realidad en el altar del resentimiento ideológico. Peterson argumenta que las ideologías son sustitutos simplistas del pensamiento complejo que permiten a las personas sentirse moralmente superiores sin asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus creencias. En este sentido, la perversidad judicial y pericial no es solo un error técnico, sino una manifestación de lo que Peterson describe como el deseo de “reescribir la estructura de la realidad” para que encaje en una utopía dogmática, aunque ello implique ignorar el riesgo de muerte inminente.

Esta degradación funcional del nefasto poder judicial convive con la impunidad que resulta aberrante para el ciudadano común. La figura del juez y del perito, protegida por una estabilidad que debería garantizar su independencia de juicio, se ha transformado en un escudo para la negligencia temeraria. Mientras que cualquier profesional debe responder ante la ley por su mala praxis, aquellos que entregan a un niño a sus asesinos parecen habitar en una dimensión de irresponsabilidad absoluta sin consecuencias. Esta ausencia de castigo no es sólo un error o fallo administrativo, sino una traición al principio de igualdad: la sociedad contempla, entre la impotencia y el estupor, cómo aquellos que deciden sobre la vida y la muerte permanecen a gusto en sus cargos, blindados por privilegios corporativos, mientras que las familias entierran a sus hijos.

El caso de Ángel expone con crudeza lo que algunos sectores ya definen como una “discusión incómoda” pero ineludible: la existencia de fallos judiciales que, lejos de basarse en la sana crítica, parecen redactados bajo la presión de un clima de época que penaliza el juicio de valor sobre la conducta materna. Esta tensión entre la protección real y el cumplimiento de la consigna ideológica crea un vacío legal donde el niño queda completamente desamparado. La justicia, al intentar ser un motor de cambio social, olvida su función primordial de preservación de la vida, convirtiendo las sentencias en manifiestos que, paradójicamente, terminan por ser sentencias de muerte.

La decadencia moral que subyace a estos casos también se manifiesta en la respuesta social y comunicativa. Existe una tendencia a la compartimentación de la empatía, donde ciertos sectores temen denunciar la falla judicial por miedo a que dicha crítica sea interpretada como un ataque a banderas ideológicas más amplias. Sin embargo, la justicia que se niega a reconocer sus propios errores bajo el pretexto de sostener un relato político se convierte en cómplice de la tragedia. La mirada de la ley sobre la infancia debería ser, por definición, una mirada libre de apriorismos, un enfoque que comprenda que la vulnerabilidad de un niño de cuatro años no entiende de agendas, sino de protección inmediata y efectiva.

En este sentido, la recurrencia del patrón- denuncias desestimadas, advertencias familiares ignoradas y una entrega final al entorno abusivo- sugiere que el sistema judicial padece una desconexión ontológica con la realidad. No se trata sólo de falta de presupuesto o de personal, sino de una crisis grave de discernimiento. Al respecto, Emmanuel Levinas, al hablar de la ética como “filosofía primera”, sostenía que el encuentro con el rostro del “Otro” constituye una demanda de responsabilidad infinita que no puede ser eludida por ninguna ley general: “El rostro se me impone sin que yo pueda dejar de ser responsable de su miseria. La conciencia pierde su primacía. La presencia del rostro significa un orden” (Levinas, 2015, p. 81).

El rostro de Ángel, como el de Lucio, era una apelación ética, un orden de protección que el sistema eligió traducir a términos administrativos, privandolo de su humanidad antes de que la violencia física terminara con su vida. El juez y la psicóloga, al desviar la mirada del rostro sufriente hacia el código ideológico, rompieron el pacto fundacional de la justicia. La ideología, al colectivizar la culpa y la virtud, deshumaniza la singularidad del niño, tratándolo como una pieza de recambio en un experimento de ingeniería social. Peterson refuerza esta idea al advertir que cuando dejamos de tratar a las personas como individuos y empezamos a tratarlas como representantes de grupos, la crueldad se vuelve no solo posible, sino inevitable.

Esta impasividad social ante la persistencia de funcionarios judiciales degenerados en sus funciones es el síntoma final de una comunidad que ha perdido su instinto de autopreservación moral. Una sociedad que tolera que sus magistrados decidan desde el prejuicio y no desde la evidencia, y que luego les permite permanecer impunes, es una comunidad que ha aceptado la barbarie como norma. La tolerancia ante la injusticia institucionalizada ha logrado erosionar los cimientos de la confianza pública porque si el funcionario no responde por sus actos, el derecho se convierte en una farsa y la ley en un instrumento de tortura para quienes, en realidad, debería defender.

¿Cómo es posible que, tras la conmoción nacional que supuso el caso de Lucio Dupuy, los resortes preventivos hayan fallado con tal exactitud en el caso de Ángel? La respuesta parece hallarse en la institucionalización de la indiferencia bajo el ropaje de la “perspectiva”. Si la perspectiva, cualquiera que sea, impide ver las lesiones en el cuerpito de un niño o el terror en su voz y su mirada, entonces ese enfoque ha dejado de ser una herramienta de justicia para convertirse en un instrumento al servicio de la opresión. La muerte de Ángel nos obliga a confrontar una verdad incómoda: la decadencia moral no sólo reside en quienes ejecutan el acto violento, sino en la pasividad reglamentada de quienes tenían el deber jurídico de evitarlo. El silencio en las oficinas judiciales y el ruido de las consignas abstractas se han fundido en una melodía fúnebre que se repite. Mientras el derecho siga siendo un campo de batalla para la validación de teorías en lugar de un refugio para la vida, seguiremos asistiendo al sacrificio de los más pequeños en el altar de la soberbia ideológica y el desinterés político.

Esta repetición de lo atroz nos sitúa en un escenario de desamparo metafísico. Cuando el Estado, que según la teoría del contrato social de Hobbes debería ser el garante de la seguridad básica, se convierte en el facilitador de la agresión por omisión deliberada, el tejido mismo de la civilización se desgarra. No estamos ante un “error judicial” en términos procesales, estamos ante una perversión de la “phronesis” aristotélica, esa prudencia que permite aplicar la ley universal al caso concreto con sabiduría y justicia.

Para cerrar, queridos lectores, sólo nos queda preguntar: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar la evidencia de la realidad para mantener a salvo nuestras construcciones teóricas? ¿Qué nombre debemos darle a una justicia que, en su afán de ser políticamente correcta, termina siendo humanamente abyecta? La pregunta queda suspendida en el aire, allí donde el llanto de un niño no fue escuchado a tiempo por quienes tienen la obligación de ser sus oídos y su voz. ¿Será Ángel el último nombre en esta lista de negligencias, o hemos aceptado ya, con resignación cobarde, que la ideología tiene permiso de matar en nombre del “progreso”? ¿Es la justicia un acto de protección al débil o una simple gimnasia retórica para los poderosos de turno? ¿Cuánto tiempo más permitiremos que el mapa ideológico oculte el territorio del dolor ajeno y que la impunidad de los responsables sea el sello de nuestra decadencia?

¿Podremos alguna vez mirar a los ojos de estas víctimas sabiendo que nuestra pasividad fue su sentencia? La respuesta no está en ningún expediente, sino en la capacidad que nos queda, como sociedad, de volver a sentir el horror frente a lo injustificable y de exigir que la venda de la justicia no sea para no ver el dolor, sino para no discriminar el auxilio.

Referencias bibliográficas

Agamben, G. (1998). Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. Pre-Textos.

Arendt, H. (2003). Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal (12.ª ed.). Lumen.

Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores.

Freud, S. (1992). El malestar en la cultura. Alianza Editorial.

Levinas, E. (2015). Ética e infinito. La balsa de la Medusa.

Lyotard, J.-F. (1988). La diferencia. Gedisa.

Nietzsche, F. (2011). Así habló Zaratustra (Edición de bolsillo). Alianza Editorial.

Peterson, J. B. (2018). 12 reglas para vivir. Un antídoto al caos. Planeta.