Judicial
TRATO COMPLICADO: Primas se van a los tribunales luego de que una de ellas le prestara $1,500
La pareja de primas tuvieron una relación solidaria, pero el dinero y las propiedades hicieron que las cosas terminaran en un centro judicial.
Primas se van a los tribunales luego de que una de ellas le prestara $1,500
Por $1,500, una casa embargada y un automóvil sin entregar, un par de primas llegaron a instancias judiciales luego de que una de ellas le prometiera el pago de una deuda. La ruptura familiar será definida en los próximos meses.
Fabiola L., de 50 años de edad, y Mercedes, de 67, son primas y antes darse sus encontrones legales mantenían una buena relación de amistad y de confianza que iba más allá de un simple lazo familiar. Por su edad, guardaban decenas de recuerdos, pero nunca imaginaron que todo esto se desmoronaría tras cerrar un trato.
La relación que había perdurado por años se comenzó a romper en marzo del 2018 cuando Fabiola salió del hospital tras haber sido ingresada por varios días. Como era de esperarse, ella le pidió a Mercedes que fuera a traerla para que la llevara a su casa en una colonia de San Salvador.
Felices de reencontrarse, ambas se subieron al vehículo y comenzaron a ponerse al día.
Mercedes aprovechó la euforia del momento y le soltó la necesidad de dinero para pagar unas cuentas por lo que le pidió un préstamo de $1,500. Su prima comprometida por el favor de ir por ella, le dijo que no tenía dinero pero que le solicitaría a un pariente en Estados Unidos que le enviara el efectivo.
Fue hasta el 19 de marzo cuando ella le entregó el dinero a su prima y como muestra de confianza, y una promesa de pago, esta le explicó que le entregaría una Nissan Pathfinder de 1995 que iría acompañado de una casa legalmente establecida a su nombre.
El trato se terminó de consumar el 26 de marzo cuando ambas primas fueron a Sertracen para realizar el traspaso de la camioneta. Pero le aclaró que el vehículo, a pesar de que estaba a su nombre, no la podría ocupar “porque eso solamente lo hacía como garantía que le pagaría el dinero prestado”.
Hasta ese momento todo marchaba bien y Fabiola, como confiaba en ella, se entregó ciegamente a las cláusulas del trato.
Irregularidades en el inmueble
El 1 de abril se volvieron a reunir. Esta vez para ir al apartamento y entregarle los documentos que la hacían acreedora del inmueble.
Ella se sentía feliz por tener un vehículo y ahora una casa, pero el semblante le cambió cuando una de las personas que le acompañaba observó detalles extraños dentro de los papeles de la vivienda por lo que fue a un especialista, quien le afirmó que la propiedad tenía una orden de embargo por el Juzgado Sexto de lo Mercantil de San Salvador. Este mismo le recomendó que no se fuera a vivir al lugar.
Ahora todo le parecía extraño y lo único que necesitaba era la respuesta de su prima. Fabiola molesta le señaló que lo único que necesitaba era que le devolviera el dinero, pero ya era demasiado tarde porque esta ya se había gastado $500 en el pago de cuentas.
A los pocos días, el abogado de Mercedes se comunicó con ella para decirle que le iba a dar el vehículo. Sin embargo, hasta la fecha no se lo había entregado.
Ante la negativa de su familiar, la mujer decidió interponer una denuncia la cual llegó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, donde el juez deliberará un posible arreglo o una condena por el delito de apropiación indebida de vehículos.
Además, según el expediente judicial, Fabiola solicitó a su pariente $2,000 en compensación de responsabilidad civil por una serie de reparaciones que le había hecho a la casa, así como la entrega del carro más el dinero que le prestó.
Nota tomada de El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
