Judicial
TRATO COMPLICADO: Primas se van a los tribunales luego de que una de ellas le prestara $1,500
La pareja de primas tuvieron una relación solidaria, pero el dinero y las propiedades hicieron que las cosas terminaran en un centro judicial.
Primas se van a los tribunales luego de que una de ellas le prestara $1,500
Por $1,500, una casa embargada y un automóvil sin entregar, un par de primas llegaron a instancias judiciales luego de que una de ellas le prometiera el pago de una deuda. La ruptura familiar será definida en los próximos meses.
Fabiola L., de 50 años de edad, y Mercedes, de 67, son primas y antes darse sus encontrones legales mantenían una buena relación de amistad y de confianza que iba más allá de un simple lazo familiar. Por su edad, guardaban decenas de recuerdos, pero nunca imaginaron que todo esto se desmoronaría tras cerrar un trato.
La relación que había perdurado por años se comenzó a romper en marzo del 2018 cuando Fabiola salió del hospital tras haber sido ingresada por varios días. Como era de esperarse, ella le pidió a Mercedes que fuera a traerla para que la llevara a su casa en una colonia de San Salvador.
Felices de reencontrarse, ambas se subieron al vehículo y comenzaron a ponerse al día.
Mercedes aprovechó la euforia del momento y le soltó la necesidad de dinero para pagar unas cuentas por lo que le pidió un préstamo de $1,500. Su prima comprometida por el favor de ir por ella, le dijo que no tenía dinero pero que le solicitaría a un pariente en Estados Unidos que le enviara el efectivo.
Fue hasta el 19 de marzo cuando ella le entregó el dinero a su prima y como muestra de confianza, y una promesa de pago, esta le explicó que le entregaría una Nissan Pathfinder de 1995 que iría acompañado de una casa legalmente establecida a su nombre.
El trato se terminó de consumar el 26 de marzo cuando ambas primas fueron a Sertracen para realizar el traspaso de la camioneta. Pero le aclaró que el vehículo, a pesar de que estaba a su nombre, no la podría ocupar “porque eso solamente lo hacía como garantía que le pagaría el dinero prestado”.
Hasta ese momento todo marchaba bien y Fabiola, como confiaba en ella, se entregó ciegamente a las cláusulas del trato.
Irregularidades en el inmueble
El 1 de abril se volvieron a reunir. Esta vez para ir al apartamento y entregarle los documentos que la hacían acreedora del inmueble.
Ella se sentía feliz por tener un vehículo y ahora una casa, pero el semblante le cambió cuando una de las personas que le acompañaba observó detalles extraños dentro de los papeles de la vivienda por lo que fue a un especialista, quien le afirmó que la propiedad tenía una orden de embargo por el Juzgado Sexto de lo Mercantil de San Salvador. Este mismo le recomendó que no se fuera a vivir al lugar.
Ahora todo le parecía extraño y lo único que necesitaba era la respuesta de su prima. Fabiola molesta le señaló que lo único que necesitaba era que le devolviera el dinero, pero ya era demasiado tarde porque esta ya se había gastado $500 en el pago de cuentas.
A los pocos días, el abogado de Mercedes se comunicó con ella para decirle que le iba a dar el vehículo. Sin embargo, hasta la fecha no se lo había entregado.
Ante la negativa de su familiar, la mujer decidió interponer una denuncia la cual llegó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, donde el juez deliberará un posible arreglo o una condena por el delito de apropiación indebida de vehículos.
Además, según el expediente judicial, Fabiola solicitó a su pariente $2,000 en compensación de responsabilidad civil por una serie de reparaciones que le había hecho a la casa, así como la entrega del carro más el dinero que le prestó.
Nota tomada de El Salvador Times
Judicial
143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados hasta con 75 años de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13, del programa Libertad, fueran condenados a penas que van desde los 20 hasta los 75 años de prisión por su vinculación y pertenencia a la estructura criminal y por otros delitos.
Todos los pandilleros delinquían en el cantón Lourdes, del distrito de Colón, en en las colonias Cinco Cedros, San Mateo, El Chapernal, Bazzini, Las 600 y zonas aledañas del departamento de La Libertad y fueron sentenciados según el grado de participación o rango en la estructura criminal. Todos fueron capturados a partir de la implementación del régimen de excepción.
Entre las sentencias más altas está la 75 años de prisión impuesta a Cristian Dagoberto Alas García, alias Chory o Espía; al imputado se le condenó por los delitos de agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. El imputado fue capturado en agosto de 2022, en una finca de Talnique, donde almacenaba dos armas de guerra y cultivaba plantas de marihuana.
67 años de prisión fue la condena impuesta a Miqueas Misael Hernández Rodríguez, alias Miqueas, por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas con fines de tráfico y amenazas agravadas. Al momento de la captura el imputado amenazó verbalmente a elementos de la Fuerza Armada y se le incautaron sustancias ilícitas y un arma de fuego sin documentación legal.
El corredor de clica, Carlos Gerardo Escobar, alias Drupi, fue condenado a 66 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de drogas; el imputado fue detenido en noviembre de 2022 en San Juan Opico, cuando intentó ocultar un arma de fuego y huir de las autoridades.
Otro de los condenados es el corredor de clica Jonathan David Doradea, alias Bacha o Mafioso, a quien se le impusieron 51 años de prisión por agrupaciones ilícitas y posesión de drogas.
Los corredores de clica Fidel Antonio Ramos Flores, alias Viejo Tigre, y Nelson Enrique Larios Saget, alias Duende, recibieron 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas.
A esa misma pena y por el mismo delito fueron condenados los homeboys: Juan Carlos López Serrano, alias «Chacal»; Edwin Alexander Monterroza Arévalo, alias «Sayco»; Víctor Manuel Miranda Rosales, alias «Wizar», Elvis Jovanny Henriquez Montes, alias Espiri; Óscar Alfredo Alas Corea, alias «Black» o «Kilo»; Pedro Antonio Urbano Menjívar, alias «Vago»; Marvin Joel Gómez Portillo, alias «Slow»; Jairo Adonay Molina Paz, alias «Sparky»; Samuel Enrique Nieto Flores, alias «Zombie»; Andrés Rivas Menéndez, alias «Timón»; Juan Antonio García Cortez, alias «Humilde» o «Juan»; Juan Ramón Hernández Estrada, alias «Little Boy»; Samuel Eduardo Martínez Salazar, alias «Dauner»; Roberto Antonio Bermúdez Santamaría, alias «Pulga»; Dagoberto de Jesús Quintanilla, alias «Shorty»; Nelson Edgardo Aguirre Martínez, alias «Sombra»; Pedro José Sánchez Leiva, alias «Zonte»; Dany Wilson Ávalos Abrego, alias «Vigion»; Marcos Salvador López Martínez, alias «Gato de la Belén»; Manfredy Marcos Vanegas Durán, alias «Flaco» o «Scrapy»; Luis Alonso Gómez de Paz, alias «Pega»; Edwin Osmín Ruiz Aguilar, alias «Maníaco»; Francisco López Hernández, alias «Sapo»; Hayser Antonio Madrid Argueta, alias «Hayser», Carlos Antonio Ramírez, alias «Mico» y Elmer Shunico Shunico.
El resto de penas oscilan entre 36, 30 y 20 años de prisión. Según el fallo se condenó a 4 corredores de clica, 27 homeboys, 61 chequeos, 4 observaciones y 47 paro o colaboradores.
Estas condenas fueron impuestas en presencia de los imputados por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal durante la audiencia única.
Milton Osmín Bonilla Romero fue condenado a 40 años de prisión por el delito de extorsión.
Según la acusación fiscal, entre abril y septiembre de 2011, la víctima fue amenazada de muerte por miembros de la MS-13. Por temor a las amenazas, la víctima denunció el hecho el 2 de agosto de ese mismo año ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Para ubicar al responsable, se realizaron dos entregas controladas de dinero el 11 y el 29 de septiembre de 2011, en el interior de un centro comercial de la ciudad de San Miguel, donde identificaron y capturaron a Bonilla Romero.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel lo condenó a 20 años de cárcel por cada entrega de dinero en la que participó el procesado.
