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Privados de libertad que superaron COVID-19 donarán plasma para recuperar pacientes afectados por esta enfermedad
El director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza anunció que 70 internos de diferentes penales que contrajeron COVID-19 y lograron ganarle la batalla a esa mortal enfermedad, de forma voluntaria han decidido convertirse en donantes de plasma convaleciente para ayudar en la recuperación de personas que por coronavirus se debaten entre la vida y la muerte en Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs).
“En todo el sistema penitenciario de El Salvador 141 reos le ganaron la batalla al COVID-19 y se han ofrecido para donar su plasma para que otras personas puedan sobrellevar esta enfermedad. Es un gran mensaje que los internos le mandan a la población y con ello se rompen los estigmas”, expresó en la entrevista Hechos de Canal 12.
Luna Meza reafirmó que han activado todos los protocolos de salud y seguridad para evitar más contagios entre la población reclusa, como también entre custodios y personal administrativo.
En ese sentido dijo que los protocolos ejecutados por las autoridades de Centros Penales, que son respaldados por el Ministerio de Salud y por el Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE), han hecho posible que hasta hoy haya cero casos activos del virus, y cero mortalidades.
“La administración temprana de fármacos, las facultades legales que permitieron restringir la movilidad al interior de las cárceles entre sectores, el establecimiento de turnos de 21 días de trabajo para el personal administrativo, como también la suspensión de visitas, fue factor importante para tener una baja de contagios en todas las cárceles”, aseveró el director de Centros Penales.
El funcionario recalcó que si hubiera visitas el brote de COVID-19 sería insostenible entre los más de 37 mil privados de libertad en todo el sistema carcelario, y que eso desbordaría al sistema de salud, “por lo que los reos han llegado al entendimiento de que en este momento no pueden tener visitas normales e intimas”.
De un poco más de 1,600 casos sospechosos de COVID-19 en Centros Penales, unos 1,500 pacientes ya recibieron el alta y el resto continúa bajo vigilancia médica en una área especial hasta que ya no den positivo al coronavirus.
Otro de los puntos que destacó es que en la presente emergencia no se han registrado amotinamientos al interior de las cárceles de El Salvador como lo sucedido en Norteamérica, países de Europa y de Sur América, y que ello se debe a la continuidad del Plan Control Territorial que tiene incidencia en los centros penitenciarios.
Por otra parte el director de Centros Penales aclaró que no existe trato especial para los reos del sector 9 del Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, donde guarda prisión el expresidente de la República, Elías Antonio Saca y el exfiscal general, Luis Martínez.
Dijo que el exmandatario tiene el mismo trato que todos los reos comunes, que se baña igual que todos con un huacal de plástico, que consume medicamentos al que tienen acceso los otros reclusos y que le toca hacer limpieza un día de la semana.
“El expresidente estuvo con problemas de dengue y no de COVID-19. Ya se logró recuperar y se encuentra bien de salud”, detalló Osiris Luna Meza.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 540 años de prisión a Roberto Carlos García Martínez, alias Bestia, y a 216 años de cárcel a Francisco Eduardo Ramírez Vicente, alias Yeiko. Ambos son acusados por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Otros nueve imputados también fueron condenados a penas que oscilan entre cinco y 173 años de prisión por los mismos delitos.
«El juzgador valoró 11 casos de homicidio agravado y 21 casos de robo agravado en perjuicio de diversas empresas y personas particulares. La estructura estaba integrada por expolicías, exsoldados y civiles; estos últimos colaboraban proporcionando información a los líderes sobre los movimientos de comercios y víctimas, quienes eran asesinadas si se resistían durante los robos», explicó el fiscal del caso.
La mayoría de los crimines fueron ejecutados por los imputados en Chalatenango, Nueva Concepción y San Miguel. En esta última zona, llegaron a asaltar cooperativas y empresas dedicadas a la venta de motocicletas.
«Al emitir el fallo, el juez manifestó que los delitos cometidos fueron atroces y que los procesados se aprovecharon de su posición como agentes de autoridad para vulnerar a la población», indicó el fiscal.
En otro caso, el pasado 30 de abril, el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, condenó a 260 años de prisión a Jaime Ulises Vega Guzmán, alias Siniestro, por ocho casos de homicidio agravado y por el delito de organizaciones terroristas.
Asimismo, condenó a 140 años de prisión a Elías Adonis Quijano Merino, alias Baby de los Chorros, por cuatro homicidios agravados y por el delito de organizaciones terroristas.
Otros tres ranfleros fueron sentenciados a 20 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas. En el caso de Melvin Adonay García Rivas, alias Badboy de Lavas, y Valentin Cruz Castro, alias Necio, fueron condenados a 50 años de prisión por los delitos de organizaciones terroristas y homicidio agravado. Ambos imputados ostentaban el rango de ranfleros en la MS.
La Policía informó que el lunes 4 de mayo finalizó con cero homicidios a escala nacional, convirtiéndose en la tercera jornada del mes sin muertes a causa de la violencia y en la 104 del año.
Los tres días sin asesinatos reportados en mayo se suman a las 27 jornadas con cero homicidios con que finalizó abril, a los 23 días sin muertes a causa de la violencia de marzo, a los 24 días de febrero y a las 27 jornadas sin asesinatos registradas en enero, para totalizar 104 días con cero homicidios en lo que va del año.
Los datos de la corporación policial también establecen que en la gestión del presidente Nayib Bukele se han reportado 1,206 días sin asesinatos, de estos, 1,092 han sido logrados entre el 27 de marzo de 2022 y el 4 de mayo de 2026, durante el régimen de excepción.
Las medidas de seguridad también permitieron que El Salvador finalizara el 2025 como el país centroamericano con menos homicidios en 2025. Mientras El Salvador solo reportó 82 asesinatos, Guatemala cerró con 3,022 homicidios, Honduras con 2,330, Costa Rica registró 856 y Panamá cerró el año anterior con 588 asesinatos.
En el actual Gobierno, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en el mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con ese bajo promedio, hubo 27 días sin homicidios en abril.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver todos los casos con la captura de los sospechosos. La más reciente fue la Maynor Humberto García Flores, responsable del homicidio en perjuicio de Lorenza del Tránsito Cardona, de 65 años, quien según la PNC, murió tras ser atacada con arma blanca. Este hecho ocurrió el 30 de abril en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra un hombre identificado con las iniciales F. A. J. P., de 49 años, acusado del delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada, en la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con el requerimiento de la Fiscalía General de la República, los hechos habrían iniciado en el año 2010, cuando la víctima tenía 5 años de edad, y se prolongaron durante varios años, hasta que cumplió 13 años, en la zona urbana del distrito.
Las investigaciones señalan que el imputado, quien era padrastro de la víctima, presuntamente se aprovechó de la relación de cercanía y de la condición de vulnerabilidad de la niña para cometer de forma reiterada tocamientos de índole sexual.
La denuncia fue interpuesta en octubre de 2025, luego de que la víctima revelara lo ocurrido a su madre, en un contexto marcado por el temor hacia el imputado y antecedentes de violencia intrafamiliar.
El caso continuará en fase de instrucción mientras las autoridades profundizan en las investigaciones y se desarrolla el proceso judicial correspondiente.
