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Los resultados del régimen de excepción en materia de seguridad continúan siendo evidentes en El Salvador. Según los datos del Ministerio de Seguridad, bajo esta medida se contabilizan hasta la fecha más de 53,400 miembros de pandillas arrestados en todo El Salvador.

Las cifras oficiales del Ministerio de Seguridad, publicadas este lunes por la mañana, señalan que, en total, se ha realizado 53,465 detenciones de personas vinculadas a grupos o estructuras de pandillas en todo el territorio nacional en lo que lleva de vigencia el régimen de excepción.

De igual forma, siempre bajo la vigencia del régimen de excepción, las autoridades registran hasta 1,544 armas de fuego y 1,919 vehículos incautados a grupos de pandillas, los cuales se utilizaban para el cometimiento de delitos en contra de la población.

Siempre en cuanto a material incautado a grupos de pandillas en todo el país, el Ministerio de Seguridad también contabiliza un total de 12,405 teléfonos celulares, los cuales han sido analizados para determinar elementos probatorios en contra de estructuras criminales.

Finalmente, el Ministerio de Seguridad confirmó esta mañana que se han contabilizado hasta $1,19 millones decomisados a grupos de pandillas y provenientes de actividades ilícitas cometidas en todo el territorio nacional.

Además, las autoridades reportan hasta 6,27 toneladas de droga incautada en diversos operativos realizados, tanto en tierra como vía marítima, en el territorio salvadoreño, dando golpes contundentes a las fuentes de financiamiento de las pandillas en El Salvador.

El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 27 de marzo en respuesta a la última alza de homicidios registrada en el país. Desde entonces, esta medida ha continuado vigente en el país y ha sido extendida hasta en cinco ocasiones por el Legislativo.

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En las últimas horas la Policía Nacional Civil (PNC) intensificó a nivel nacional una serie de acciones con el fin de prevenir hechos delictivos e identificar a delincuentes comunes y pandilleros.

En municipios como Soyapango, los agentes policiales realizaron patrullajes a pie en colonias y comunidades y mantuvieron monitoreos de zonas estratégicas a través del sistema de video vigilancia.

También han mantenido presencia en la zona rural en busca de miembros de maras quienes se han trasladado a esos lugares para eludir los controles de las autoridades.

«Nuestros equipos patrullan zonas boscosas, van tras los pandilleros que quieren esconderse de la justicia. No nos detendremos hasta poner tras las rejas al último terrorista. Guerra contra pandillas», publicó la PNC en redes sociales.

En el departamento de La Unión, se informó que también se desplegaron equipos de la Policía Rural en cantones y caseríos. «Nuestra Policía Rural patrulla en cantones y caseríos de La Unión, permitiendo que los habitantes de la zona estén seguros. Asimismo, van en busca de delincuentes que tengan cuentas pendientes con la justicia» informó la Policía.

Las autoridades policiales también han abordado las unidades de transporte colectivo para acompañar el recorrido de las rutas que circulan en todo el país; según el informe, lo que se busca es llevar tranquilidad a los usuarios mientras se desplazan a sus diversos destinos.

Los agentes también se han instalado en las terminales de buses para garantizar la seguridad de los pasajeros desde que comienzan su viaje. «Desde muy temprano, nuestros agentes brindan seguridad en paradas de buses. A través del plan Transporte Seguro prevenimos delitos mientras los usuarios abordan diferentes rutas», detalló la PNC.

Los controles vehiculares en puntos estratégicos y carreteras principales también se mantienen para llevar seguridad a los habitantes y ubicar a personas que tienen procesos pendientes en los tribunales.

En los retenes se verifica la documentación de las personas que viajan en los vehículos y en unidades de transporte, cuando se intervienen a sospechosos se verifica la información con la base de datos de la Policía para determinar si no tiene orden de captura.

Todas las acciones que la PNC está implementando se enmarcan dentro del Plan Control Territorial, una estrategia que fue implementada desde el 20 de junio del año 2019 y que ha llevado a El Salvador a tener una etapa histórica en la reducción de los indicadores de violencia, según un comunicado de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.

«El Plan Control Territorial es la estrategia de Estado más exitosa en materia de seguridad pública y sus principales logros son: Sacar a El Salvador de la lista de países más violentos del mundo; modernizar las instituciones de seguridad; el triunfo de la guerra contra las pandillas con la que se está otorgando una verdadera libertad a los salvadoreños», destaca el informe.

Se menciona que las acciones de instituciones como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada continuarán hasta sacar de las calles a las estructuras de pandillas que por años han mantenido atemorizada a las comunidades.

«Otro logro del Gobierno del Presidente Bukele es recuperar la confianza de la población en los planes que ejecuta una administración. Según el último sondeo de opinión de CID Gallup, el 95 % de los salvadoreños reconoce y apoya los esfuerzos que ejecuta en materia de seguridad», dice el informe oficial.

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Un pastor evangélico fue condenado a 20 años de cárcel por haber violado en reiteradas ocasiones a una menor de edad en hechos ocurridos en el municipio de San José Guayabal, en el departamento de Cuscatlán.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), el imputado responde al nombre de Hulai Antonio Alfaro, pastor y líder religioso de una iglesia en el municipio donde sucedieron los hechos. La institución fiscal señaló que el crimen se cometió en el año 2013.

Las investigaciones fiscales determinaron que Alfaro, valiéndose de su posición como pastor evangélico y líder de la congregación religiosa, pedía a la madre de la menor que la enviara a su vivienda para ayudarle con los quehaceres domésticos.

Fue en ese lugar en el que Alfaro violó en reiteradas ocasiones a la menor. La Fiscalía presentó las pruebas suficientes para que este sujeto fuera condenado a 20 años de prisión por este crimen.