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Por acoso laboral, actos represivos y persecución es acusada presidenta de la CCR
El Movimiento de Empleados de la Corte de Cuentas “23 de Diciembre” denunció a la presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Rivas, por acoso laboral, actos represivos y persecución en perjuicio de René Hurtado, quien es periodista y labora para el ente contralor.
Hurtado fue convocado por dos directores de la CCR con órdenes de la presidenta para ser acusado de supuestas faltas en su trabajo, con base al Reglamento Interno, aplicándole el Art. 28 Literales a) e) g) y el Art. 30 literales e) Asimismo la Ley de Servicio Civil.
Al respecto, el Movimiento de Empleados de la Corte de Cuentas señaló que dichas acciones buscan coartar la libertad de expresión de los empleados de la institucion.
”Entendemos que la Señora CARMEN ELENA RIVAS al verse desenmascarada por todos los gastos por viajes y viáticos y que ha recibido como presidenta de la CCR, intentacallarnos y violar la libertad de expresión”.
Según dicho movimiento, la titular de la CCR fue miembro del Movimiento de Empleados, ya que fue despedida por el expresidente Rosalío Tóchez y según ellos, ahora por desconocimiento, quiere acusar a René Hurtado con una foto tomada en Facebook y otras de la pagina WEB para poder justificar un supuesto incumplimiento de horario de trabajo.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) contabilizó 61 sismos en Mercedes Umaña, Usulután Norte, entre las 11:11 de la mañana y las 5:00 de la tarde del martes 20 de octubre de 2026. El reporte corresponde a una secuencia registrada en un período de cinco horas y 49 minutos.
De acuerdo con la información institucional citada por El Blog, cinco de los movimientos fueron sentidos por la población. El balance distingue entre los eventos detectados por los instrumentos de monitoreo y aquellos que los habitantes lograron percibir.
El MARN atribuyó esta actividad a la activación de fallas geológicas en la zona. Estas estructuras son fracturas de la corteza terrestre donde el desplazamiento de bloques de roca libera energía y genera movimientos sísmicos.
La cifra de 61 eventos corresponde al corte de las 5:00 de la tarde y debe interpretarse con ese horario de referencia. La actualización publicada no detalla las magnitudes ni las profundidades de los movimientos, por lo que esos datos requieren consultar los boletines específicos de cada sismo.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en San Salvador a Héctor Alejandro Rosales Bonilla, de 64 años, señalado de colgar a su perro de una pata desde el balcón de su apartamento. La intervención ocurrió después de que el caso fuera denunciado en redes sociales durante la tarde del 20 de octubre.
🔴 URGENTE | Denuncian maltrato a un perrito en Condominio Torre del Sol, San Salvador
🐶 Una denuncia ciudadana alerta que un hombre lleva cerca de 30 minutos agrediendo a un perrito en el quinto piso del Condominio Torre del Sol, sobre la calle El Mirador.
Los fuertes llantos del animal se escuchan desde el interior del inmueble.
🚔 Se pide la intervención inmediata de la @PNCSV y de las instituciones de bienestar animal para proteger al perrito.
Cc: @alcaldia_ss @marioduran @Vi11atoro
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 20, 2026
Según la información policial, las imágenes difundidas mostraban al hombre sosteniendo al animal por sus extremidades desde el balcón. La denuncia permitió que las autoridades conocieran el hecho y procedieran con la detención del presunto responsable.
La PNC informó que Rosales Bonilla será remitido a las autoridades correspondientes por el cargo de maltrato animal. Tras confirmar el arresto, la institución expresó: “No vamos a tolerar este tipo de acciones”.
La información publicada no precisa el estado de salud del perro, si recibió atención veterinaria o bajo qué resguardo quedó después del incidente. Tampoco detalla una resolución judicial contra el detenido, cuya responsabilidad deberá determinarse durante el proceso.
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Patricia Lissette L. de I., de 53 años, acusada de estafa agravada en perjuicio de ocho personas. Según el requerimiento fiscal, el supuesto fraude asciende a $57,283.50, entregados como inversión en un negocio de distribución de comida preparada.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y 2026. De acuerdo con la acusación, la mujer ofrecía ganancias a quienes aportaran dinero al supuesto emprendimiento, una propuesta con la que habría convencido a las víctimas de entregar distintas cantidades.
La investigación señala que la imputada no pagaba los rendimientos prometidos y posteriormente interrumpía la comunicación con los afectados. La promesa de obtener ganancias y la posterior falta de contacto forman parte del mecanismo de engaño descrito en el expediente fiscal.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios suficientes sobre el delito y la probable participación de la acusada, por lo que ordenó que el proceso continuara a la etapa de instrucción. La mujer permanecerá detenida provisionalmente mientras avanza el caso; esta resolución no constituye una condena.
