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Mujeres salvadoreñas fueron ultimadas por familiares para cobrar “jugosos” seguros, revelan investigaciones
El amor por el dinero fácil llevó a tres hombres a ultimar, en diferentes casos, a mujeres con quienes mantenían una relación cercana para cobrar los seguros de vida de las víctimas, valorados entre los $42,000 y los $270,000.
El primero de los casos ocurrió el 29 de septiembre de 2016, cuando William Alexis Villalobos Muñoz privó de libertad a su pareja, Priscila Magali García Pérez, frente a un centro comercial de la colonia San Benito. El cadáver de la víctima fue encontrado en Montes de San Bartolo III, en Soyapango.
La Policía explicó que Villalobos Muñoz asesinó a Magali para cobrar tres seguros de vida que la víctima había adquirido, supuestamente, presionada por el acusado, quien solo pudo cobrar dos.
Las autoridades confirmaron que Villalobos cobró un seguro por $25,000 y otro por $17,000 después de asesinar a Magali. El tercero, de $10,000, ya no pudo reclamarlo. Villalobos Muñoz fue capturado dos años después de cometer el crimen, el 11 de diciembre de 2018.
Mató a su hermana
El 27 de noviembre de 2018, Carlos Alberto Gómez Menjívar fue condenado a 50 años de prisión tras ser encontrado culpable de asesinar a su hermana Yeimy Guadalupe Gómez Menjívar por cobrar las pólizas de dos seguros de vida valorados en $270,000.
Por el mismo hecho también fue condenado a 30 años de cárcel José Antonio Torres Menjívar. El crimen fue cometido el 13 de mayo de 2017, frente a la entrada principal del parque El Cafetalón, en Santa Tecla, La Libertad.
Según las autoridades, Carlos Alberto fue quien planificó el asesinado de su hermana para posteriormente cobrar las dos pólizas de seguro. En el hecho también participó José Antonio, compañero de trabajo de Carlos, quien usó una motocicleta para acercarse al taxi en el que viajaba Yeimy con su hermano. Al momento de estar a un lado del vehículo, José le disparó a la víctima, quien falleció al instante, y lesionó a Carlos para que pareciera un tiroteo.
El crimen quedó grabado en las cámaras de videovigilancia de la zona. Las autoridades también visualizaron cuando José llegó hasta un centro comercial para cambiarse la ropa.
Asesinada por cobrar $180,000
El crimen quedó grabado en las cámaras de videovigilancia de la zona. Las autoridades también visualizaron cuando José llegó hasta un centro comercial para cambiarse la ropa.
La Fiscalía informó, el pasado 4 de agosto, que Sandoval Sosa fue enviado a prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial en su contra.
El hecho ocurrió el 17 de enero en el cantón San Juan Higinio, en Jayaque, luego de que Sandoval Sosa fue hasta la casa de su novia, en Santa Ana, para sacarla y asesinarla en Jayaque.
La Fiscalía informó que fue Sandoval Sosa quien le compró a su pareja las tres pólizas, y era él «el beneficiario del 100 % de los seguros», por lo que fue capturado el 1.º de agosto por agentes de la Unidad Antipandillas de la Policía.
Sandoval Sosa solo logró cobrar la primera póliza en abril de 2021, tres meses después del asesinato. Según las investigaciones fiscales, el imputado comenzó la relación con la víctima en 2020.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
