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Mujeres salvadoreñas fueron ultimadas por familiares para cobrar “jugosos” seguros, revelan investigaciones
El amor por el dinero fácil llevó a tres hombres a ultimar, en diferentes casos, a mujeres con quienes mantenían una relación cercana para cobrar los seguros de vida de las víctimas, valorados entre los $42,000 y los $270,000.
El primero de los casos ocurrió el 29 de septiembre de 2016, cuando William Alexis Villalobos Muñoz privó de libertad a su pareja, Priscila Magali García Pérez, frente a un centro comercial de la colonia San Benito. El cadáver de la víctima fue encontrado en Montes de San Bartolo III, en Soyapango.
La Policía explicó que Villalobos Muñoz asesinó a Magali para cobrar tres seguros de vida que la víctima había adquirido, supuestamente, presionada por el acusado, quien solo pudo cobrar dos.
Las autoridades confirmaron que Villalobos cobró un seguro por $25,000 y otro por $17,000 después de asesinar a Magali. El tercero, de $10,000, ya no pudo reclamarlo. Villalobos Muñoz fue capturado dos años después de cometer el crimen, el 11 de diciembre de 2018.
Mató a su hermana
El 27 de noviembre de 2018, Carlos Alberto Gómez Menjívar fue condenado a 50 años de prisión tras ser encontrado culpable de asesinar a su hermana Yeimy Guadalupe Gómez Menjívar por cobrar las pólizas de dos seguros de vida valorados en $270,000.
Por el mismo hecho también fue condenado a 30 años de cárcel José Antonio Torres Menjívar. El crimen fue cometido el 13 de mayo de 2017, frente a la entrada principal del parque El Cafetalón, en Santa Tecla, La Libertad.
Según las autoridades, Carlos Alberto fue quien planificó el asesinado de su hermana para posteriormente cobrar las dos pólizas de seguro. En el hecho también participó José Antonio, compañero de trabajo de Carlos, quien usó una motocicleta para acercarse al taxi en el que viajaba Yeimy con su hermano. Al momento de estar a un lado del vehículo, José le disparó a la víctima, quien falleció al instante, y lesionó a Carlos para que pareciera un tiroteo.
El crimen quedó grabado en las cámaras de videovigilancia de la zona. Las autoridades también visualizaron cuando José llegó hasta un centro comercial para cambiarse la ropa.
Asesinada por cobrar $180,000
El crimen quedó grabado en las cámaras de videovigilancia de la zona. Las autoridades también visualizaron cuando José llegó hasta un centro comercial para cambiarse la ropa.
La Fiscalía informó, el pasado 4 de agosto, que Sandoval Sosa fue enviado a prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial en su contra.
El hecho ocurrió el 17 de enero en el cantón San Juan Higinio, en Jayaque, luego de que Sandoval Sosa fue hasta la casa de su novia, en Santa Ana, para sacarla y asesinarla en Jayaque.
La Fiscalía informó que fue Sandoval Sosa quien le compró a su pareja las tres pólizas, y era él «el beneficiario del 100 % de los seguros», por lo que fue capturado el 1.º de agosto por agentes de la Unidad Antipandillas de la Policía.
Sandoval Sosa solo logró cobrar la primera póliza en abril de 2021, tres meses después del asesinato. Según las investigaciones fiscales, el imputado comenzó la relación con la víctima en 2020.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
