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Más de 100,000 personas continúan atendiendo emergencias por lluvias
Socorristas, bomberos, trabajadores del Fovial, de Obras Públicas, del Viceministerio de Transporte, médicos y enfermeras, militares y policías son parte de las más de 10,000 personas que siguen atendiendo y dando primera respuesta a la emergencia luego de cinco días de lluvias que afectan al territorio salvadoreño.
Desde el viernes anterior, el Gobierno de El Salvador Salvador ha movilizado oportunamente equipos de emergencia a las zonas afectadas, para facilitar la remoción de derrumbes, habilitar vías obstruidas y brindar la asistencia a las personas perjudicadas por las lluvias, trasladándolas de manera preventiva a los albergues.
«Puedo asegurar que al menos 100,000 personas del Sistema Nacional de Protección Civil que están trabajando, solo la Policía está haciendo aporte de un total de 22,600 talentos humanos, a esto hay que sumar todo el talento humano del Ministerio de Obras Públicas», detalló el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.
El Sistema Nacional de Protección Civil ha mantenido un amplio despliegue de todas las instituciones desde una fase preventiva y, ahora, reaccionando a las emergencias provocadas por las tormentas.
Entre estas acciones se menciona: la apertura de 58 albergues donde se ha refugiado a más de 650 familias que han recibido la atención del Equipo Táctico de Emergencias de Protección Civil, quienes se han profesionalizado, además, en el rescate en estructuras colapsadas nivel liviano para asistir a la población en las posibles afectaciones que requieran su intervención.
La experiencia de estos socorristas se basa en atención prehospitalaria, organización e inicio de la respuesta en estructuras colapsadas, consideraciones de seguridad y reconocimiento de daños en edificaciones; entre otras fortalezas. Mediante su especialidad en atención de emergencias, se garantiza la tranquilidad e integridad de la población afectada.
Además, se ha sumado a este esfuerzo la Unidad de Guardavidas de la Dirección General de Protección Civil quienes son expertos en técnicas y destrezas sobre rescate de extensión, autosocorro, lanzamiento de cuerdas, rescate desde la orilla de un afluente, organización de equipos de rescate, nudos, anclajes y sistemas de acarreo; sistemas con balsas, sistema de cruce de ríos y rescate diurno y nocturno; entre otras especialidades.
A través del Sistema Integrado de Salud se han efectuado más de 400 fumigaciones en el contexto de la emergencia y se han desplegado más de 3,000 promotores de salud en el territorio nacional.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
