Judicial
Testigo criteriado confiesa que le pagaban $50 por auto y $30 por motocicleta robada en un centro comercial de la Zacamil
El Juzgado Especializado de Sentencia “C” de San Salvador continúa por cuarto día consecutivo la vista pública contra 27 presuntos miembros de una banda que se dedicaba al hurto y robo de vehículos.
EL jueves declaró el testigo criteriado, quien manifestó cómo el procesado Oswaldo David Ferman les daba las órdenes para cometer los hechos delictivos, narrando que Ferman le hablaba siempre para que fuera con el imputado Walter Enrique Flores a cometer los robos o hurtos.
Asimismo, relató que en muchas ocasiones se iban a un centro comercial que está ubicado en la colonia Zacamil para identificar las motocicletas que iban a ser hurtadas, las cuales luego de extraerlas del lugar las llevaban a un taller de Mejicanos, donde las desarmaban.
Además, refirió que por cada robo de vehículos le pagaban 50 dólares y por cada moto 30 dólares, esto debido a que según el testigo solo brindaba colaboración a la mara.
La vista pública continua hoy a las 8:30 am, con la declaración del testigo en los casos donde le quitaron la vida a varias personas.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a ocho años de prisión al director de un centro educativo ubicado en Huizúcar, La Libertad Este, por el delito de agresión sexual en menor e incapaz.
Durante el juicio, la víctima relató que las agresiones comenzaron cuando ella tenía 14 años, mientras estudiaba en la institución.
«Posteriormente, ya con 15 años, sostuvo una relación sexual con el imputado, ocurrida en la oficina del centro escolar, aunque bajo circunstancias de aparente consentimiento condicionado por la relación de poder», indicó la fiscal del caso.
Tras valorar las pruebas presentadas, el tribunal declaró culpable al director y le impuso una pena de ocho años de prisión.
Judicial
Ordenan prisión para cuatro pandilleros relacionados con el asesinato de una menor en Soyapango
Dos tribunales contra el crimen organizado de San Salvador ordenaron que cuatro miembros de la Mara Salvatrucha permanezcan en prisión preventiva, por el delito de agrupaciones ilícitas. Los sujetos están vinculados al homicidio de una adolescente de 14 años ocurrido el pasado 2 de junio en la comunidad 10 de Octubre, en Soyapango, aunque ese caso aún se encuentra en investigación.
Según un informe del Centro Judicial Isidro Menéndez, en el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado se desarrolló la audiencia de imposición de medidas contra Jorge Efraín Vásquez Ibarra y los menores Rodrigo Alejandro M. S. y Mynor Giovanni C. L., mientras que el Tribunal Cuarto emitió resolución similar contra Geovanny Pablo Gómez Milán.
Los cuatro imputados son señalados como «homeboys» y colaboradores de las clicas Monte María Locos Salvatruchos, Montelimar Locos Salvatruchos y Abriles Danger Locos Salvatruchos, todas pertenecientes al programa Centro de la MS-13.
Los jueces valoraron pruebas obtenidas mediante técnicas especiales de investigación, y decretaron seis meses de instrucción. La participación de varios tribunales en el proceso obedece a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 803, que permite agrupar judicialmente los casos según la estructura criminal.
Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
