Internacionales
Afganistán prohíbe el uso del smartphone a los empleados públicos
Una prohibición del uso de teléfonos inteligentes para empleados públicos entró en vigor este miércoles en Afganistán por iniciativa del gobierno talibán, según informaron diversos funcionarios.
De acuerdo con un funcionario de la provincia nororiental de Badajshán, quien habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, la medida fue comunicada mediante un decreto oral del Emirato Islámico, nombre con el que se identifica el Estado afgano bajo el gobierno talibán.
«Se leyó un decreto oral del Emirato Islámico y se les comunicó a todos los jefes de departamento que, a partir de hoy, ningún empleado de los servicios talibanes tiene permitido usar un teléfono inteligente», declaró el funcionario a la AFP.
La semana pasada circuló en redes sociales una nota atribuida a la Corte Suprema sobre la restricción. Sin embargo, la institución no emitió declaraciones al respecto.
El documento exhortaba a los jefes de departamento a informar a todo el personal, sin distinción de rango, que el uso de teléfonos inteligentes quedaba estrictamente prohibido a partir del 17 de junio.
La circular también señalaba que la medida aplicaba tanto a las fuerzas civiles como militares y establecía que únicamente el líder supremo talibán, Hibatula Akhundzada, podría autorizar excepciones.
Hasta el momento, las autoridades no han explicado oficialmente los motivos de la prohibición. Además, dos portavoces del gobierno afgano no respondieron a las consultas realizadas por la AFP.
Por su parte, un funcionario de la provincia de Gazni, cercana a Kabul, confirmó que la disposición ya había comenzado a aplicarse.
«Se decidió que a partir del miércoles queda prohibido el uso de teléfonos inteligentes dentro de todas las oficinas de la provincia de Gazni», escribió Irfan Andarh, empleado de la Administración de Minas y Petróleo, en un grupo de WhatsApp al que tuvo acceso la AFP.
Pese a la entrada en vigor de la medida, varios organismos estatales continuaban difundiendo información a través de WhatsApp durante la tarde del miércoles, según constató la agencia.
El uso de teléfonos inteligentes está ampliamente extendido en las ciudades afganas, incluida la administración pública.
Según funcionarios afganos, el incumplimiento de la nueva normativa podría derivar en despido, acciones penales y penas de hasta seis meses de prisión.
Los talibanes gobiernan Afganistán desde agosto de 2021 bajo una interpretación estricta de la ley islámica.
Internacionales
Lula prohíbe las apuestas deportivas y los casinos en línea a nueve días de las elecciones en Brasil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el viernes en São Paulo una medida provisional que prohíbe explotar, ofertar, intermediar y publicitar las apuestas deportivas y los casinos en línea en todo el país. La decisión llega a nueve días de la primera vuelta presidencial y legislativa, prevista para el 4 de octubre, en una carrera que las encuestas muestran empatada con el senador Flávio Bolsonaro.
Desde la publicación de la norma ya no se permiten nuevos depósitos. Los usuarios tienen hasta las 23:59 del 5 de octubre para retirar su saldo; a partir del 6 de octubre, sitios y aplicaciones deberán salir del aire. El Congreso tiene 120 días para convalidar la medida. El Gobierno también enviará un proyecto de ley para tipificar delitos ligados a las apuestas de cuota fija.
Lula calificó el fenómeno de las “bets” como un “cáncer” y lo vinculó al endeudamiento de las familias. En 2025, cerca de 25 millones de brasileños apostaron el equivalente a más de 37.000 millones de euros. Clubes de fútbol, entre ellos Flamengo, rechazan el veto porque amenaza sus patrocinios. Flávio Bolsonaro la tildó de “populista” y “con motivaciones políticas”, aunque dijo que también vetaría los casinos virtuales si gana.
Ecuador desarticuló un brazo local del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la participación de tropas estadounidenses, informó el jueves el ministro del Interior, John Reimberg.
Quito y Washington mantienen una ofensiva contra el narcotráfico que ha generado cuestionamientos y que incluye el hundimiento de embarcaciones de bandera ecuatoriana que, según las autoridades, presuntamente abastecen de combustible a lanchas vinculadas al narcotráfico en altamar.
«La operación en la madrugada del jueves se llevó a cabo en conjunto con las tropas norteamericanas y la [agencia antidrogas] DEA», informó Reimberg a través de X.
El funcionario detalló que cerca de 30 ecuatorianos fueron detenidos por su «relación directa con el CJNG».
Según el ministro, la organización se dedicaba al tráfico internacional de cocaína producida en Colombia, utilizando los puertos de Guayaquil y Machala, en el suroeste de Ecuador.
En los operativos participaron 320 policías ecuatorianos y 50 uniformados del Comando Sur de Estados Unidos. Las acciones se desarrollaron en varias ciudades, incluida una zona exclusiva de Samborondón, cercana a Guayaquil.
Por otra parte, durante un enfrentamiento con militares ecuatorianos y estadounidenses ocurrido el miércoles, fue abatido alias Charlie, integrante de la banda ecuatoriana Los Choneros.
De acuerdo con las autoridades, alias Charlie era uno de los criminales más buscados de esa organización y mantenía nexos con el Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las extintas FARC en Colombia, y con el CJNG.
Honduras adoptó el martes nuevas medidas que endurecen las condiciones carcelarias, en una estrategia contra las pandillas y el narcotráfico que incluye disposiciones similares a algunas implementadas por el Gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
En Honduras operan pandillas como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, consideradas organizaciones rivales y relacionadas con el narcotráfico y la tasa de homicidios del país, que alcanza 24 por cada 100,000 habitantes, cuatro veces por encima del promedio global, según el texto fuente.
Las nuevas restricciones penitenciarias fueron aprobadas por el Congreso a solicitud del Gobierno del presidente Nasry Asfura. Estas medidas se suman a la declaratoria realizada el viernes anterior, mediante la cual varios grupos criminales, incluidas las pandillas, fueron considerados organizaciones terroristas.
Las disposiciones contemplan el aislamiento de los presos considerados de alta peligrosidad y la eliminación de medidas sustitutivas de la cárcel para presuntos integrantes de esas organizaciones criminales.
El paquete de reformas modificó el Código Procesal Penal y estableció que los supuestos integrantes de estos grupos sean enviados a cárceles de máxima seguridad tras su captura.
