Judicial
“Policía, auxilio, ayúdennos, nos quieren matar”, fue la súplica de un joven que logró salvarlos de sus verdugos
La tarde del 30 de octubre de 2017, Juan y Ricardo (nombres cambios por protección a las víctimas) decidieron salir de su vivienda para realizar ciertas gestiones.
A eso de las 12:30 del medio día ambos se encontraban esperando una unidad del transporte colectivo en una parada de buses, ubicada en Soyapango, cuando apareció un sujeto con aspecto de pandillero que se dirigía hacia ellos.
La admiración en sus rostros fue grande, debido a que el sujeto identificado como Israel Arévalo Burgos, de 19 años de edad, y con el alias de “El Chele”, les hizo una serie de ademanes con las manos alusivos a pandillas.
“Aquí controla la MS”, les dijo “El Chele”, mientras continuaba moviendo sus manos de una manera amenazante. A él se sumó otro pandillero, quien es identificado como Samuel Zelaya Vásquez, de 31 años de edad, según consta en el expediente judicial por este caso.
Tras escuchar esas palabras y ver los ademanes, tanto Juan como Ricardo fueron atacados. Ambos comenzaron un forcejeo contra las víctimas.
El objetivo de los pandilleros era introducirlos a una casa abandonada en un pasaje ubicado en la urbanización Montes de San Bartolo, en Soyapango, con el fin de acabar con sus vidas.
Los dos jóvenes fueron golpeados y recibieron empujones para que caminaran hacia esa casa abandonada. Juan fue tomado del cuello por parte de Zelaya Vásquez; mientras “El Chele” lo jalaba de la camisa que portaba.
En lo que los dos pandilleros se concentraban en atacar a Juan, la segunda víctima logró escapar. Corrió en dirección a un puesto de la Policía Nacional Civil (PNC), donde solicitó ayuda.
“Policía, auxilio, ayúdennos, nos quieren matar”, gritó desesperadamente Ricardo. Tras la alerta, los agentes policiales realizaron inmediatamente un operativo en la zona, según consta en el documento judicial.
Llegaron al pasaje en donde estaba el problema y lograron encontrar a Juan y a sus dos atacantes, quienes trataron de huir, pero fueron detenidos. Posteriormente, fueron trasladados hacia una bartolina policial.
Los dos afectados interpusieron la denuncia, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusó del delito de privación de libertad.
El Juzgado 2° de Instrucción de Soyapango ordenó la apertura a juicio en contra de “El Chele” y de Zelaya Vásquez, por lo que el próximo 23 de abril de este 2018 el Tribunal 6° de Sentencia instalará la vista pública en contra de los sujetos.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
