Judicial
“Policía, auxilio, ayúdennos, nos quieren matar”, fue la súplica de un joven que logró salvarlos de sus verdugos
La tarde del 30 de octubre de 2017, Juan y Ricardo (nombres cambios por protección a las víctimas) decidieron salir de su vivienda para realizar ciertas gestiones.
A eso de las 12:30 del medio día ambos se encontraban esperando una unidad del transporte colectivo en una parada de buses, ubicada en Soyapango, cuando apareció un sujeto con aspecto de pandillero que se dirigía hacia ellos.
La admiración en sus rostros fue grande, debido a que el sujeto identificado como Israel Arévalo Burgos, de 19 años de edad, y con el alias de “El Chele”, les hizo una serie de ademanes con las manos alusivos a pandillas.
“Aquí controla la MS”, les dijo “El Chele”, mientras continuaba moviendo sus manos de una manera amenazante. A él se sumó otro pandillero, quien es identificado como Samuel Zelaya Vásquez, de 31 años de edad, según consta en el expediente judicial por este caso.
Tras escuchar esas palabras y ver los ademanes, tanto Juan como Ricardo fueron atacados. Ambos comenzaron un forcejeo contra las víctimas.
El objetivo de los pandilleros era introducirlos a una casa abandonada en un pasaje ubicado en la urbanización Montes de San Bartolo, en Soyapango, con el fin de acabar con sus vidas.
Los dos jóvenes fueron golpeados y recibieron empujones para que caminaran hacia esa casa abandonada. Juan fue tomado del cuello por parte de Zelaya Vásquez; mientras “El Chele” lo jalaba de la camisa que portaba.
En lo que los dos pandilleros se concentraban en atacar a Juan, la segunda víctima logró escapar. Corrió en dirección a un puesto de la Policía Nacional Civil (PNC), donde solicitó ayuda.
“Policía, auxilio, ayúdennos, nos quieren matar”, gritó desesperadamente Ricardo. Tras la alerta, los agentes policiales realizaron inmediatamente un operativo en la zona, según consta en el documento judicial.
Llegaron al pasaje en donde estaba el problema y lograron encontrar a Juan y a sus dos atacantes, quienes trataron de huir, pero fueron detenidos. Posteriormente, fueron trasladados hacia una bartolina policial.
Los dos afectados interpusieron la denuncia, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusó del delito de privación de libertad.
El Juzgado 2° de Instrucción de Soyapango ordenó la apertura a juicio en contra de “El Chele” y de Zelaya Vásquez, por lo que el próximo 23 de abril de este 2018 el Tribunal 6° de Sentencia instalará la vista pública en contra de los sujetos.
Por: El Salvador Times.
Judicial
¡Condena insuficiente en Ciudad Delgado! 25 años de prisión por abusar de una mujer ebria y prenderle fuego en sus genitales
Un juez condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras abusar sexualmente de una mujer en estado de ebriedad y luego rociarla con gasolina para prenderle fuego en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo con la investigación de Centros Judiciales El Salvador (CJES), la víctima y el agresor se conocían desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2025, en una vivienda de la colonia San Fernando, donde departían junto a una acompañante.
“Castillo Clavel, aprovechando que la víctima permanecía dormida, abusó de ella. Cuando esta recuperó el conocimiento e intentó retirarse, el agresor la detuvo por la fuerza, la amenazó con quemarla y luego roció gasolina sobre sus piernas y área genital, prendiéndole fuego con un encendedor”, detalló CJES.
La acompañante de la víctima despertó por los gritos, salió de la casa en llamas, pero regresó valientemente para rescatarla. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo, lesiones compatibles con abuso sexual y permaneció hospitalizada más de un mes, con su vida en riesgo, según informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador consideró en su sentencia que el agresor ejerció violencia previa y violencia simbólica al atacar específicamente el área genital de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna de la tercera persona fue clave para evitar una tragedia fatal.
Esta condena ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en casos de extrema violencia contra las mujeres en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
