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Judicial

“¿Perteneces a la MS?” esto le pregunto un hombre a una joven antes de bajarla de un bus para abusar de ella en el Centro de San Salvador

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Como de costumbre, Brenda (nombre cambiado por protección a la víctima) tomó una unidad del transporte colectivo de la ruta 3-A para desplazarse, por lo que a las 7:00 de la mañana del 23 de enero de 2017 un encuentro con un descocido en un bus le cambió la vida por completo.

La joven abordó el bus en una estación situada en las cercanías de la colonia Atlacatl. Más adelante, José Adrián López, de aproximadamente 40 años de edad, también abordó el mismo medio de transporte.

Según el testimonio de la joven. el sujeto vio a Brenda, por lo que se sentó cerca de ella, pero a la menor oportunidad este se logró pasar a un asiento que lo dejó frente a la mujer.

La joven escuchó por parte de López una inusual pregunta que la dejó nerviosa: “¿Pertenecés a la MS?”.

El sujeto le indicó que él pertenecía a la pandilla 18 y le preguntó por qué se había puesto tan intranquila. De repente, López la tomó bruscamente del brazo y le ordenó que se bajara del bus, que hiciera como que lo conocía, porque de lo contrario la mataría.

En ese momento, Brenda recordó que nueve meses atrás vio a este mismo sujeto en otro bus, de la ruta 7-C, y portaba un arma de fuego. Por lo que sintió más temor y decidió obedecer sus órdenes al pie de la letra.

López le silbó al conductor de la 3-A para que detuviera la marcha, por lo que logró bajar a su víctima en las cercanías del Hospital Nacional de la Mujer. En ese sitio, había una camioneta color gris esperando por ambos.

“Es una chera”, dijo López a José Martín Alvarado, el sujeto que condujo el automotor en donde Brenda fue ingresada a la fuerza.

El recorrido no pudo ser observado por la afectada, debido a las constantes amenazas que López ejercía en ella, aunado a las agresiones físicas a las que fue sometida durante el trayecto en el que solo pudo reconocer el parque Centenario, situado en la calle Juan Pablo II, en San Salvador.

El incómodo viaje culminó en un hospedaje, sitio en donde la mujer fue ingresada a una habitación, en donde ambos hombres procedieron a violarla.

Tras cometer los delitos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusa –violación agravada y otras agresiones sexuales agravadas- amenazaron a Brenda con matarla a ella y a su familia si interponía una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), pues tenían los datos de su Documento Único de Identidad (DUI).

Luego de culminado el delito, la mujer fue ingresada nuevamente al vehículo y cinco minutos después fue bajada en la avenida Independencia para que retomara su camino.

El proceso judicial

Los dos sujetos fueron detenidos por las autoridades policiales. Ambos fueron procesados judicialmente, por lo que el Tribunal 6° de Sentencia fue el que desarrolló el juicio, donde se conocieron los hechos y el testimonio de la víctima.

Tras un acuerdo entre las partes, Alvarado y López fueron juzgados bajo un procedimiento abreviado, por lo que tuvieron que declarar los hechos y aceptar cada uno su culpabilidad con los delitos.

Ante esto, el juez indicó que los dos imputados recibirían un total de seis años de prisión; tres años y 11 meses por el delito de violación agravada y dos años y un mes por el delito de otras agresiones sexuales agravadas.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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