Judicial
Ordenan capturar al alcalde Armando Vázquez y a algunos de sus concejales del partido ARENA, en San Antonio Masahuat
El Juzgado de Primera Instancia de San Pedro Masahuat ordenó la captura del alcalde de San Antonio Masahuat, de La Paz, Armando Vásquez; del exsíndico Abelino Hernández Henríquez, y del exprimer regidor, Rigoberto López, acusados por el delito de peculado.
Además, según informó la Fiscalía General de la República (FGR), también se ha girado una orden de captura en contra de Manuel Antonio Cornejo, exsegundo regidor; Julio Cesar Herrera, exprimer regidor suplente; Alex Adonil González Arias, exsegundo regidor suplente; Baudilio Martínez, extercer regidor suplente; y Salvador Obispo Vásquez, excuarto regidor suplente.
Los imputados fueron sobreseídos provisionalmente durante la audiencia preliminar desarrollada por el Juzgado de Instrucción, porque en ese momento no se había terminado de elaborar la pericia financiera, misma con la que Fiscalía comprueba que dinero público provenientes del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades de El Salvador (Fodes) fueron trasferidos a cuentas personales de los imputados.
En la reapertura se anexó la pericia, con la cual se demostró que $21,559 no fueron utilizados para el pago de bienes o servicios de la alcaldía, sino que fueron usados para pagar préstamos personales que tenían los imputados con la Caja de Crédito de Santiago Nonualco.
Por ello, el juez de Primera Instancia de San Pedró Masahuat les decretó la detención provisional a cada uno de los imputados y ordenó la apertura a juicio por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública.
Por: El Salvador Times
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
