Judicial
Juzgado reprograma audiencia contra Jaime Rodríguez, “La Chelona” por falta de experticia
El Juzgado 9° de Instrucción de San Salvador, aplazó este día la audiencia preliminar contra Jaime Alberto Rodríguez Jiménez, ex presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) por la falta del resultado de una pericia grafo técnica, es decir un análisis de una firma de un cheque y por la incomparecencia de uno de sus defensores por encontrarse incapacitado. El juzgado programó la audiencia para el próximo viernes.
Rodríguez es procesado por los delitos de actos arbitrarios y malversación, junto a Marcos Jacobo Menjivar Vides 53 años y José Ricardo Liévano Rodríguez de 62, en perjuicio de la administración pública.
Según el dictamen fiscal, Rodríguez, cuando fungió como titular del INDES, presuntamente desvió un monto de $ 125,000.00 del presupuesto de dicho instituto hacia la alcaldía de Santa Tecla para la reconstrucción del estadio “Las Delicias” de forma fraudulenta ya que no siguió los procesos legales establecidos, según la fiscalía.
En cuanto al delito de malversación, los acusan de desviar los fondos a un fin distinto a lo que ya se había comprometido el dinero, según la denuncia.
No obstante, Diego Escobar, abogado del ex funcionario señaló que dicho movimiento fue respaldado por un convenio entre INDES y la municipalidad de Santa Tecla denominado “Convenio de Cooperación Económica” el cual tenía por objeto definir los lineamientos generales para establecer el marco de cooperación y apoyar obras civiles.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, notificó este lunes al exalcalde de San Miguel, José Wilfredo Salgado García, mejor conocido como Will Salgado, que en su contra hay un proceso penal por el delito de difamación, promovido por la Fundación Itexsal.
En la demanda presentada se ha pedido que el exfuncionario sea condenado también a pagar $3 millones, dinero que será utilizado para financiar becas para estudiantes.
Ante esa pretensión, Salgado sostuvo que «ellos pueden pedir 20 o 30 millones; lo que ellos quieran. La cosa es pedirlo y otra cosa es que ganen el juicio».
Los abogados de la Fundación Itexsal, cuando presentaron la demanda dijeron que la promoción del expediente tiene su origen en declaraciones publicadas por Salgado en rede sociales, donde aseguró que los fondos públicos que se entrega a la entidad educativa son utilizados para actividades políticas y no para las becas de estudiantes.
Los abogados demandantes cuando llevaron el caso solicitaron al tribunal reserva total, pero en declaraciones previas manifestaron que «La fundación Itexsal se ha fundamentado en todas las conversaciones que de forma irresponsable ha emitido (Salgado), alegando, aduciendo de manera irresponsable que el dinero o los fondos públicos que se le dan a la fundación es utilizado para situaciones que no son propias de la fundación, es decir para situaciones de política».
Los demandantes han dicho que van a aclarar que hay uso transparente de los fondos y que son invertidos en becas para estudiantes. El 5 de septiembre de 2024, cuando fue interpuesta la demanda, padres de familia junto a 270 becarios llegaron al centro Judicial Isidro Menéndez, para rechazar las supuestas declaraciones difamatorias de Salgado.
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, ordenó que sigan en la cárcel seis miembros de la Mara Salvatrucha de Quezaltepeque.
En la audiencia de imposición de medidas la Fiscalía General de la República los acusó por el delito de agrupaciones ilícitas, sancionado con prisión de 20 a 30 años de cárcel.
Los procesados son: Emerson Stanley Najarro Sánchez, Héctor Antonio García Baños, Salvador Ernesto Bernal González, Stephanie Abigail Cea Reyes, Douglas Alexander Rivas Pérez, Brayan Alexander Guevara García.
Los seis han sido identificados por el ministerio público como integrantes de la clica Quezaltecos Locos Salvatruchos, del programa Hollywood.
Los pandilleros deberán continuar en un centro penal hasta que se les realice la audiencia preliminar y serán agrupados en un expediente para que sean enjuiciados como parte de una estructura de crimen organizado.
La Fiscalía los ha perfilado como miembros activos de la MS y habían estado moviéndose de un sector a otro para no ser localizados por las fuerzas de seguridad y evitar el régimen de excepción.
A cuatro años de cárcel fue condenada Teresa Elizabeth Castro, por intentar robar a una persona en el parque Centenario de San Salvador.
La pena fue impuesta a través de un juicio sumario que realizó el Juzgado Cuarto de Paz la capital, el delito fue probado por la Fiscalía General de la República (FGR) con una serie de pruebas recopiladas y que fueron valoradas en la audiencia.
Según la acusación, el 26 de agosto de 2024, cuando la víctima se encontraba en su negocio en el referido parque, Castro llegó y le puso un cuchillo en el abdomen.
Con el arma blanca la amenazó y le exigió que le entregara dinero, pero como la víctima se negó la asaltante le quitó el celular y comenzó a huir.
La dueña del negocio la persiguió y al mismo tiempo pidió ayuda a miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), quienes la retuvieron para entregarla a la Policía Nacional Civil (PNC).
Al momento de registrarla le hallaron el teléfono celular que había robado y el cuchillo utilizado para cometer el hecho. El testimonio de la denunciante, así como la información de los agentes del CAM fueron parte de las pruebas en contra de la mujer.
