Judicial
Fiscalía imputa nuevo delito a Enrique Rais, pese a que Corte Suprema ya desestimó los señalamientos
Los tribunales de justicia dieron un nuevo revés a los ciudadanos canadienses Matteo Pascuale y Franco Pacetti, y es que el juzgado sexto de instrucción estableció para el próximo 21 de mayo la fecha fijada para notificarles formalmente de los delitos que pesan en su contra.
De no presentarse Pascuale y Pacetti serían declarados rebeldes y se girarían las órdenes de captura internacional en su contra.
Los abogados Rafael Hernán Cortez Saravia y José David Campos Ventura, apoderados legales del empresario Enrique Rais, denunciaron la semana pasada que la Fiscalía General de la República (FGR) en “su persecución personal contra nuestro representado” presentó una nueva imputación contra el empresario, pese a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a inicios de este año falló a favor de Rais.
“Declárese improcedente la demanda de amparo firmada por los abogados René Alberto Medrano y Óscar Armando Rosales en calidad de apoderados legales de los señores Matteo Pasquale y Franco Pacetti contra la Fiscalía General de la República”, reza la sentencia emitida por la CSJ días atrás.
En este caso, en el año 2013 los apoderados legales de Enrique Rais demandaron a Pacetti y Pasquale por los delitos de apropiación o retención indebida de las acciones y por extorsión.
Los canadienses no comparecieron ante la justicia y por tal razón el juzgado que conoció el caso ordenó que se emitiera una difusión roja con fines de captura y extradición para Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes desde esa fecha han interpuesto un amparo, un hábeas corpus y la casación para dilatar el proceso en su contra.
“Uno a uno las diferentes instancias judiciales han desestimado los recursos presentados por los señores Matteo Pasquale y Franco Pacetti, dando la razón a nuestro representado”, acentuaron los abogados Cortez Saravia y Campos Ventura.
Se les pidió a los Canadienses que presentaran las acciones que dicen ser dueños de MIDES y estos no pudieron demostrar su calidad de accionistas, añadieron los abogados de Enrique Rais.
Basados en los reiterados fallos de las diferentes instancias judiciales contra Matteo Pasquale y Franco Pacetti los abogados del empresario subrayaron que “los canadienses no son ni accionistas ni jamás pueden tener la calidad de victima para iniciar ninguna accion pues el propio Matteo Pasquale ante la Camara 2° de lo penal reconoció de su puño y letra que él lo que tiene es una deuda porque vendió la totalidad de las acciones en el año 2005 y esa deuda ya fue pagada en su totalidad como lo demostró la auditoria internacional de Crowe Horwath Audit LLP. Por lo tanto no existe razón para que la Fiscalia intentare nueva imputación contra Rais porque instancias superiores ya resolvieron el tema, si lo hacen seria una doble persecusion penal ‘NEBIS IN IDEMD’”.
VER ANEXO DE CASACIÓN
Dos miembros de una estructura terrorista, que mantenían atemorizados a comerciantes y pobladores, fueron condenado por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de una persona que goza de régimen de protección; hecho ocurrido en el mes de noviembre de 2019.
Se trata de Gerson Oswaldo García Galicia y José Manuel Castro, los cuales extorsionaban a comerciantes del centro de la ciudad de Santa Ana.
En la Vista Pública desarrollada en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana, el 25 de enero de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR), presentó pruebas de tipo documental y testimonial de la víctima protegida, así como de los agentes captores; dejando claramente evidenciada la participación de los imputados en el ilícito.
Ante las evidencias el Tribunal dictó una sentencia condenatoria para Gerson Oswaldo Garcia Galicia de 20 años de prisión y el pago de $45.00 en responsabilidad civil; mientras que, para José Manuel Castro, le impuso la pena de 13 años de cárcel y $15.00.
Según la declaración de la víctima, a inicios del mes de noviembre de 2019 llegaron al negocio de la víctima ubicado en la ciudad de Santa Ana, miembros de una estructura terrorista a exigir la entrega periódica de $25.00 a cambio de dejarlo trabajar en su negocio. Además, lo amenazaron con causarle daño incluso matarlo si no hacia las entregas de dinero. La victima por temor hizo las entregas de dinero exigida.
Un sujeto fue condenado a ocho años de prisión por un Juzgado de Sentencia de San Salvador, tras ser encontrado culpable del delito de robo.
El ahora condenado fue identificado como Nelson Emilio Aguilar Ponce, quien delinquía en el Centro de San Salvador, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El delincuente fue procesado por un hecho delictivo cometido en en octubre de 2020, detalló el Ministerio Público.
Aguilar Ponce, fue detenido en el marco del Plan Control Territorial que desarrolla el Gobierno del Presidente Bukele, para combatir la delincuencia.
Judicial
Vendedores denunciarán a Muyshondt por privatización de mercados e incremento de impuestos para su campaña
Vendedores de diferentes mercados de San Salvador denunciarán este lunes las acciones que el alcalde Ernesto Muyshondt está realizando para privatizar mercados y para incrementar los impuestos municipales, en detrimento de los comerciantes.
Los comerciantes han venido señalando que hay una intención de parte de la comuna de privatizar varios centros de abastos, con lo cual se afectaría a cientos de ellos, quienes ante una eventual privatización tendrían que pagar más por los espacios para poder comercializar sus productos.
Este es el caso del mercado Hula Hula, donde el alcalde ha previsto cobrar $290 por cada puesto a los vendedores, lo que supondría un pago diario de casi $10. Por ello, han señalado que les sería imposible obtener ganancias y obtendrían pérdidas.
La Tiendona es otro de los mercados que están en la mira del alcalde para ser privatizados. Con estas acciones, Muyshondt dejaría en serios problemas financieros a la alcaldía cuando sea retomada por su sucesor, Mario Durán, aspirante de Nuevas Ideas, quien lo aventaja en todas las encuestas.
Además, los minoristas se quejan de que la comuna ha elevado las tasas municipales, generando problemas financieros a muchos de ellos, pues la época de la pandemia generó pérdidas para el sector y apenas están comenzando a recuperarse.
Los vendedores advirtieron que los impuestos han venido creciendo en los últimos meses con la intención de hacer llevar dinero a las arcas de la comuna para que el alcalde lo utilice en su campaña electoral.
En tanto, el edil ha negado esas aseveraciones y se ha dedicado a acusar al candidato de Nuevas Ideas de estar incitando a los vendedores y empleados municipales, a muchos de los cuales el arenero sigue sin pagar las cuotas retenidas para los bancos, AFP e ISSS.
Mientras eleva los impuestos y sigue cobrando tasas como la de recolección de desechos, el edil continúa sin obedecer resoluciones judiciales en el tema ambiental y mantiene la deuda millonaria con la empresa Mides, a quien debe $5 millones por el servicios de recolección, traslado y disposición final de desechos sólidos.
