Judicial
Juzgado recibe requerimiento fiscal en contra de exalcalde de ARENA y su esposa
El Juzgado de Paz de Comasagua, recibió el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los imputados José Ricardo Reyes Rosales y su esposa Coralia del Carmen López de Reyes, ambos capturados el pasado miércoles 23 de junio en horas de la madrugada, en la Colonia Belén del municipio de Comasagua, La Libertad.
A José Ricardo Reyes Rosales exalcalde del municipio del partido ARENA, se le imputa los delitos tipificados provisionalmente como: Violación en menor e incapaz agravada, Agresión sexual en menor e incapaz agravada, ambos en modalidad continuada; y Privación de libertad agravada, en perjuicio de un niño de siete años de edad.
A la señora Coralia del Carmen López de Reyes, se le atribuyen tres delitos: Comisión por omisión en el delito de: Violación en menor e incapaz agravada en la modalidad continuada. Comisión por omisión en el delito de: Agresión sexual en menor o incapaz agravada continuada y Privación de Libertad Agravada, en perjuicio de un niño de siete años de edad.
El caso inicia por medio de una denuncia interpuesta en la Fiscalía en el mes de mayo del presente año, en el relato de los hechos se indica que los delitos de agresión iniciaron cuando la víctima tenía 12 años de edad, producto de estos abusos nació un menor de edad sobre quien se ejecutó la privación de libertad de manos de la señora Coralia del Carmen López de Reyes a mandato del señor Reyes Rosales.
El requerimiento fiscal solicita se decrete instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional, y que se decrete la reserva total del proceso, con fundamento de lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA) y el artículo 106 del Código Procesal Penal.
El Juez de la causa decretó que la audiencia inicial con reserva total en favor de las víctimas se celebrará el próximo domingo 27 del presente mes y año a las 10:00 a.m., dando cumplimiento a los tiempos procesales.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
