Judicial
Juzgado ordena ejecutar embargo judicial al Banco Davivienda por más de $49 millones a favor del cafetalero José Antonio Salaverría
El Juzgado Primero de lo Mercantil de San Salvador ordenó ejecutar el embargo judicial por un monto de $49 millones 314 mil 303 con 55 centavos al Banco Davivienda, a favor del empresario cafetalero, José Antonio Salaverría.
Salaverría ha explicado en varias oportunidades que Banco Davivienda inició un proceso de embargo en contra de sus propiedades de manera ilegal, por lo que él procedió a demandar a la entidad bancaria y tras un largo litigio de más de 12 años, ha llegado a su término con la resolución a su favor.
“Había suscrito un convenio Davivienda y luego me embargaron indebidamente. Ellos tenían un pagaré por 160 mil dólares y lo llenaron como quisieron a fin de provocar un incumplimiento. Nosotros tratamos de pagar al día siguiente todo el dinero que exigían, pero se opusieron a ello y nos quebraron totalmente”, afirmó Salaverría.
En 2019, se ordenó al Bando Davivienda pagar al empresario más de $49 millones, pero es hasta ahora que el Juzgado ha ordenado pagar la suma total a Salaverría, alegando que no hay sustento legal que impida que la entidad financiera cumpla con lo estipulado.
La Sala de lo Civil resolvió a favor del empresario, declarando improcedente la revisión de la sentencia solicitada por apoderados de Davivienda y ahora, a partir de esta sentencia, debe hacerse efectiva la orden del juez.
“Nosotros dábamos empleos a unas cinco mil familias y al menos teníamos 1,260 productores de café, entre ellos había tres presidentes de bancos y seis directores porque confiaban en nosotros”, dijo en su oportunidad el empresario, quien ha manifestado que el banco lo llevó a la quiebra, además de generarle inconvenientes con la banca nacional al no ser sujeto de créditos.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI
