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Juzgado ordena detención para hermano de Sigfrido Reyes e impone medidas a Byron Larrazábal
Foto: Cortesía
El Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador decretó esta mañana, una orden de detención en contra de Earle René Reyes Morales, hermano del ex presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, debido a que no se presentó a la audiencia especial de notificación de medidas.
Junto a Reyes había sido citado Byron Enrique Larrazábal Areválo, quien si se presentó y contra quien impuso las siguientes medidas: No cambiar de domicilio, no salir del país, entregar el pasaporte al Juzgado y presentarse a firmar cada martes y viernes de todas las semanas hasta antes de la audiencia preliminar.
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En cuanto a Reyes Morales, sus abogados aseguraron que éste vive en Suecia y que está enfermo, además de no tener las dosis de las inyecciones contra el coronavirus; sin embargo, el juzgador consideró que las pruebas eran insuficientes, pues como constancia de su enfermedad presentó un diagnóstico de hace varios meses.
A criterio del juez no tener las dosis no es justificación, pues en Europa es factible comprarlas y además, él fue notificado de esta audiencia hace más de un mes, tiempo suficiente para haber planificado las inyecciones.
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En cuanto a la supuesta enfermedad se requiere contar con el informe del Instituto de Medicina Legal, por lo que si él se hubiese presentado se le hubiera ordenado a Medicina Legal hacerle las pruebas respectivas.
El juez aseguró que la orden de detención estará vigente, pero que, si posteriormente se comprueba lo de su enfermedad presentándose al juzgado, podría entonces ser modificada por medidas alternas a la detención.
La audiencia especial de notificación de medidas se dio luego que la Cámara Tercera de lo Penal anulara una orden de captura contra ambos y ordenara al Juzgado Sexto de Instrucción a realizar dicha audiencia para imponer medidas alternas a la detención, por lo que ambos fueron debidamente citados.
Los dos imputados son acusados de lavado de dinero y activos, a Larrazábal además se le atribuye estafa agravada en perjuicio del IPSFA por la compra de cinco lotes en Antiguo Cuscatlán, presuntamente a un costo por debajo de lo estimulado.
Según fiscalía, el monto atribuido a Byron Larrazábal es de $1.500.000, mientras que, a Reyes, $500.000, montos que deberán justificar su origen durante el proceso.
En esta causa penal se procesa a un total de 14 personas, entre estas el ex presidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Othón Reyes, su esposa Susi Melara Rodríguez, Kevin Mauricio Larrazábal entre otros, son acusados de lavado de dinero y activos, peculado, estafa agravada e incumplimientos de deberes.
Fuente: Centros Judiciales de El Salvador
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
