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Juzgado ordena detención para hermano de Sigfrido Reyes e impone medidas a Byron Larrazábal
Foto: Cortesía
El Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador decretó esta mañana, una orden de detención en contra de Earle René Reyes Morales, hermano del ex presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, debido a que no se presentó a la audiencia especial de notificación de medidas.
Junto a Reyes había sido citado Byron Enrique Larrazábal Areválo, quien si se presentó y contra quien impuso las siguientes medidas: No cambiar de domicilio, no salir del país, entregar el pasaporte al Juzgado y presentarse a firmar cada martes y viernes de todas las semanas hasta antes de la audiencia preliminar.
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En cuanto a Reyes Morales, sus abogados aseguraron que éste vive en Suecia y que está enfermo, además de no tener las dosis de las inyecciones contra el coronavirus; sin embargo, el juzgador consideró que las pruebas eran insuficientes, pues como constancia de su enfermedad presentó un diagnóstico de hace varios meses.
A criterio del juez no tener las dosis no es justificación, pues en Europa es factible comprarlas y además, él fue notificado de esta audiencia hace más de un mes, tiempo suficiente para haber planificado las inyecciones.
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En cuanto a la supuesta enfermedad se requiere contar con el informe del Instituto de Medicina Legal, por lo que si él se hubiese presentado se le hubiera ordenado a Medicina Legal hacerle las pruebas respectivas.
El juez aseguró que la orden de detención estará vigente, pero que, si posteriormente se comprueba lo de su enfermedad presentándose al juzgado, podría entonces ser modificada por medidas alternas a la detención.
La audiencia especial de notificación de medidas se dio luego que la Cámara Tercera de lo Penal anulara una orden de captura contra ambos y ordenara al Juzgado Sexto de Instrucción a realizar dicha audiencia para imponer medidas alternas a la detención, por lo que ambos fueron debidamente citados.
Los dos imputados son acusados de lavado de dinero y activos, a Larrazábal además se le atribuye estafa agravada en perjuicio del IPSFA por la compra de cinco lotes en Antiguo Cuscatlán, presuntamente a un costo por debajo de lo estimulado.
Según fiscalía, el monto atribuido a Byron Larrazábal es de $1.500.000, mientras que, a Reyes, $500.000, montos que deberán justificar su origen durante el proceso.
En esta causa penal se procesa a un total de 14 personas, entre estas el ex presidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Othón Reyes, su esposa Susi Melara Rodríguez, Kevin Mauricio Larrazábal entre otros, son acusados de lavado de dinero y activos, peculado, estafa agravada e incumplimientos de deberes.
Fuente: Centros Judiciales de El Salvador
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
