Judicial
Juez impone medidas alternativas a imputado por apropiación de cuotas laborales
El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango ordenó instrucción formal con medidas alternativas a la detención provisional para Sergio Alberto P. L., acusado por apropiación de cuotas laborales en perjuicio de casi 100 empleadas de una maquila.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), el imputado era el encargado de industrias Florenzi, la cual confeccionaba ropa. Desde noviembre de 2019 a marzo de 2020 no pagó las aportaciones de la AFP y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
El monto de la deuda creció hasta los $14 mil 907. 07 dólares, los que podrían incrementarse, pues aunque ya ha habido algunas cancelaciones, pero, según la Fiscalía podría terminar de pagarse la deuda hasta en junio 2023.
Consta en las investigaciones que dicha empresa cerró debido a la pandemia, mientras que las empleadas fueron notificadas de la cesación de sus funciones en junio de 2020. A la audiencia inicial llegaron representantes del ISSS, AFP Confía y una abogada que velaba por los intereses de algunas exempleadas.
Luego de las intervenciones, el juez mencionó que le caso pasará a la orden del Juzgado Segundo de Instrucción de esta localidad; además, Sergio Alberto no deberá salir del país, deberá presentarse cada 15 días hábiles al juzgado, no cambiar de domicilio y presentar una caución económica equivalente a un carro propiedad de la empresa y del inmueble de esta, ubicado en Soyapango.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
