Judicial
Fiscalía General de la República aplicará retroactividad en casos de sobresueldos
El fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, aseguró ayer que aplicará la reciente reforma a la ley procesal penal que hace imprescriptibles y retroactivos los delitos de corrupción a quienes resulten involucrados en el pago de sobresueldos.
«Vamos a contar con la reforma a la ley procesal penal sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y con eso podemos iniciar procesos judiciales», sostuvo Delgado ante la comisión especial del congreso que indaga dicho ilícito.
El funcionario recordó que, en este caso, se pueden establecer tres delitos: peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. «Los involucrados no podían alegar ignorancia de la ley y que esto estaba al margen de la ley. El dinero es producto de prácticas corruptas», reiteró el jefe fiscal.
También advirtió que se aplicará la ley de extinción de dominio para castigar estas acciones, las que calificó de «un burdo robo de fondos del Estado».
Jorge Castro, presidente de la comisión especial, sostuvo que las declaraciones de Delgado confirman las prácticas de pagos de sobresueldos sin ninguna base legal, aunque los involucrados lo quieran justificar
«Estamos frente a una práctica corrupta. No hay ninguna base legal para el pago de sobresueldos que recibieron estos exfuncionarios», reiteró el legislador.
Castro dejó entrever que la próxima semana podrían ser citados al seno de la comisión otros exfuncionarios de las administraciones areneras y efemelenistas.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI
