Judicial
FGR registra reducción del 58.02 % en el delito de violación
La Fiscalía General de la República (FGR) registró la reducción del 58.02 % en la incidencia del delito de violación en 2024 a escala nacional, de acuerdo con el balance final del Gabinete de Seguridad Ampliado.
Los datos oficiales registran 804 casos del referido delito en el año recién finalizado, son 1,111 casos de agresiones sexuales menos respecto a 2023, cuando fueron procesadas 1,915 denuncias.
La violación es uno de los delitos de alto impacto que las autoridades han reducido como producto del sólido plan de seguridad que la administración del presidente Nayib Bukele ejecuta desde junio de 2019 cuando inició su primer mandato.
El gobierno no solo ha disminuido los homicidios sino también este ilícito que en gobiernos anteriores registraban alarmantes cifras de víctimas y también alto porcentaje de impunidad.
«En términos generales, lo que ustedes pueden ver en esta gráfica, es que todos aquellos delitos que representan algún tipo de amenaza directa o de violencia sobre la persona tienen reducción arriba del 40%. Sobresale también, porque esto así se planificó con el presidente Nayib Bukele, la reducción de más del 60% en delitos de violación», dijo recientemente el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario destacó que esta disminución es parte de un compromiso que tienen como Estado y una visualización en la preparación de la guerra, que sabían que iban a tener, algún repunte, en delitos contra la libertad sexual.
«Pero acá, otra vez, volvemos al dato y no al relato, donde estamos demostrando que la reducción de homicidios viene acompañada también de la reducción de delitos contra el patrimonio, contra la libertad sexual, y es donde estamos poniendo un valladar bastante fuerte», destacó el titular de Seguridad.
Hubo 1,663 condenas contra violadores entre 2023-2024
El informe de labores de la Fiscalía del 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024 da cuenta de 1,663 condenas por el delito de violación a escala nacional.
Entre esos condenados está José Armando Morales Aguilar quien fue sentenciado a 42 años y 4 meses de prisión por agresión sexual en menor o incapaz agravada en modalidad continuada y violación en menor o incapaz en modalidad continuada.
Según la acusación fiscal, el hombre amarraba de manos y pies a una niña para cometer las agresiones sexuales. Fue hasta que la niña le contó a un familiar y en la escuela alertaron al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONNA) y tras la investigación, la madre de la menor interpuso en noviembre de 2022 la denuncia contra Morales Aguilar.
El procesado fue capturado el 13 de febrero del año pasado por el régimen de excepción y fue notificado por los delitos de violación y agresión sexual, ambos en modalidad agravada y continuada el 27 de febrero del mismo año.
El ministerio público indicó que las pruebas presentadas en juicio fueron suficientes para que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel declarara culpable a Morales Aguilar por atacar sexualmente a una niña entre agosto 2020 y noviembre 2021.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
