Judicial
Fiscalía imputa nuevo delito a Enrique Rais, pese a que Corte Suprema ya desestimó los señalamientos
Los tribunales de justicia dieron un nuevo revés a los ciudadanos canadienses Matteo Pascuale y Franco Pacetti, y es que el juzgado sexto de instrucción estableció para el próximo 21 de mayo la fecha fijada para notificarles formalmente de los delitos que pesan en su contra.
De no presentarse Pascuale y Pacetti serían declarados rebeldes y se girarían las órdenes de captura internacional en su contra.
Los abogados Rafael Hernán Cortez Saravia y José David Campos Ventura, apoderados legales del empresario Enrique Rais, denunciaron la semana pasada que la Fiscalía General de la República (FGR) en “su persecución personal contra nuestro representado” presentó una nueva imputación contra el empresario, pese a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a inicios de este año falló a favor de Rais.
“Declárese improcedente la demanda de amparo firmada por los abogados René Alberto Medrano y Óscar Armando Rosales en calidad de apoderados legales de los señores Matteo Pasquale y Franco Pacetti contra la Fiscalía General de la República”, reza la sentencia emitida por la CSJ días atrás.
En este caso, en el año 2013 los apoderados legales de Enrique Rais demandaron a Pacetti y Pasquale por los delitos de apropiación o retención indebida de las acciones y por extorsión.
Los canadienses no comparecieron ante la justicia y por tal razón el juzgado que conoció el caso ordenó que se emitiera una difusión roja con fines de captura y extradición para Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes desde esa fecha han interpuesto un amparo, un hábeas corpus y la casación para dilatar el proceso en su contra.
“Uno a uno las diferentes instancias judiciales han desestimado los recursos presentados por los señores Matteo Pasquale y Franco Pacetti, dando la razón a nuestro representado”, acentuaron los abogados Cortez Saravia y Campos Ventura.
Se les pidió a los Canadienses que presentaran las acciones que dicen ser dueños de MIDES y estos no pudieron demostrar su calidad de accionistas, añadieron los abogados de Enrique Rais.
Basados en los reiterados fallos de las diferentes instancias judiciales contra Matteo Pasquale y Franco Pacetti los abogados del empresario subrayaron que “los canadienses no son ni accionistas ni jamás pueden tener la calidad de victima para iniciar ninguna accion pues el propio Matteo Pasquale ante la Camara 2° de lo penal reconoció de su puño y letra que él lo que tiene es una deuda porque vendió la totalidad de las acciones en el año 2005 y esa deuda ya fue pagada en su totalidad como lo demostró la auditoria internacional de Crowe Horwath Audit LLP. Por lo tanto no existe razón para que la Fiscalia intentare nueva imputación contra Rais porque instancias superiores ya resolvieron el tema, si lo hacen seria una doble persecusion penal ‘NEBIS IN IDEMD’”.
VER ANEXO DE CASACIÓN

Judicial
Detenida mujer acusada de estafar a 11 parejas con servicios de organización de bodas en El Salvador
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional de Tránsito Guadalupe Marroquín, de 48 años, acusada del delito de estafa agravada en perjuicio de 11 personas que habrían contratado sus servicios para la organización de bodas.
De acuerdo con la investigación, la imputada promocionaba sus servicios como planificadora de eventos a través de redes sociales y solicitaba anticipos mediante transferencias bancarias para organizar celebraciones programadas entre 2025 y 2026.
La Fiscalía sostiene que, en algunos casos, los locales nunca fueron reservados, mientras que en los eventos que sí se realizaron, los servicios brindados no coincidieron con lo acordado.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran la falta de decoración, banquete, cristalería, bebidas, ramo de novia y otros servicios adicionales que habían sido ofrecidos a los clientes.
Según el requerimiento fiscal, el perjuicio económico causado a las 11 víctimas asciende a $19,651.
Tras la audiencia inicial, la jueza determinó que existen suficientes indicios para que el proceso continúe en la etapa de instrucción y ordenó que Marroquín permanezca en detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

Judicial
Exempleado de banco enfrenta cargos por hurto informático: sustrajo más de $1,000 de cuenta de clienta en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Bryan Ariel Méndez Flores, de 26 años, acusado del delito de hurto por medios informáticos en perjuicio de una clienta identificada como Gladis P., y de forma subsidiaria contra la institución bancaria donde laboraba.
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado se valió de su posición como asesor comercial del banco para obtener datos de la víctima y realizar transacciones no autorizadas, logrando sustraer más de $1,000 en total.
Cómo ocurrieron los hechos
La investigación inició el 27 de mayo de 2024, cuando la Gerencia de Seguridad de la entidad financiera reportó irregularidades en la cuenta de la clienta: cambio de contraseña de banca en línea, registro de nuevos dispositivos y activación de clave dinámica, gestiones que la afectada negó haber solicitado o autorizado.
Las pesquisas internas revelaron que el número telefónico vinculado a los dispositivos pertenecía a Méndez Flores, quien había atendido personalmente a la clienta en al menos cuatro ocasiones.
Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que, el 22 de abril de 2024, la víctima entregó su tarjeta de débito al imputado para una gestión. En las imágenes se observa cómo este anotó datos de la tarjeta en un papel antes de devolvérsela.
Minutos después se registró un nuevo dispositivo para acceder a la banca en línea. Desde ese dispositivo se realizó una transferencia electrónica por $417.
Posteriormente, el 13 de mayo se registró otro dispositivo y se efectuaron dos retiros sin tarjeta de $250 cada uno en un cajero automático. La persona que realizó las operaciones utilizaba casco de motocicleta y mascarilla para evitar su identificación. Un tercer retiro por $200 se registró el 25 de mayo.
Al ser consultada, la clienta manifestó desconocer todas estas transacciones, por lo que el banco procedió a bloquear de forma definitiva la tarjeta, el usuario de banca en línea y los dispositivos vinculados.
Medidas judiciales
Tras las pruebas presentadas, el Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó la detención provisional de Méndez Flores mientras se desarrolla la etapa de instrucción.

Judicial
¡Condena insuficiente en Ciudad Delgado! 25 años de prisión por abusar de una mujer ebria y prenderle fuego en sus genitales
Un juez condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras abusar sexualmente de una mujer en estado de ebriedad y luego rociarla con gasolina para prenderle fuego en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo con la investigación de Centros Judiciales El Salvador (CJES), la víctima y el agresor se conocían desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2025, en una vivienda de la colonia San Fernando, donde departían junto a una acompañante.
“Castillo Clavel, aprovechando que la víctima permanecía dormida, abusó de ella. Cuando esta recuperó el conocimiento e intentó retirarse, el agresor la detuvo por la fuerza, la amenazó con quemarla y luego roció gasolina sobre sus piernas y área genital, prendiéndole fuego con un encendedor”, detalló CJES.
La acompañante de la víctima despertó por los gritos, salió de la casa en llamas, pero regresó valientemente para rescatarla. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo, lesiones compatibles con abuso sexual y permaneció hospitalizada más de un mes, con su vida en riesgo, según informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador consideró en su sentencia que el agresor ejerció violencia previa y violencia simbólica al atacar específicamente el área genital de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna de la tercera persona fue clave para evitar una tragedia fatal.
Esta condena ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en casos de extrema violencia contra las mujeres en El Salvador.






