Judicial
Doctor de hospital Zacamil es acusado de estafar con $215,000 a colega, a quien le prometía hacerlo presidente de una empresa
Un doctor del hospital Zacamil es acusado de estafar a uno de sus colegas después de prometerle hacerlo presidente de una empresa, la cual se dedicaría a la venta de insumos médicos. Pasaron los años y la víctima no observó el fruto de la inversión.
Todo comenzó en 2004 cuando el doctor Jorge D. conoció a Mario (nombre modificado por seguridad), quien era un anestesista con el cual congenió desde un inicio cuando ambos trabajaban en el hospital Zacamil. Cada día que pasaba la relación no era simplemente laboral sino personal, se habían convertido en buenos amigos hasta el punto que Jorge siempre lo llamaba como “hermano”.
En una de las pláticas el médico le dijo que tenía pensado en realizar un nuevo proyecto, pero que para esto necesitaba una persona de confianza y por lo cual le pidió a Mario que fuera socio de la empresa, pero él se negó en varias ocasiones. “Como médico debes de invertir”, le dijo Jorge con insistencia, según consta en el expediente judicial del caso.
En 2011 el Jorge y Mario se reunieron para desayunar junto con su familia. Ahí llegó su hermano, Carlos D, quien se presentó como administrador de empresas y le dijo que era presidente de MEDIS INDUSTRIES, una empresa dedicada a la venta de insumos médicos y que “era una de las más exitosas”, ya que ganaba varias licitaciones en el hospital de Maternidad.
En ese mismo momento Carlos le presentó a su esposa, quien también pertenecía a la sociedad.
Los tres en ese momento le dijeron que varios doctores se habían hecho socios e incrementado sus ganancias. “¡Maestro invierta!”, exclamó Jorge, según el expediente judicial. “Con nosotros no va a perder porque somos amigos, somos hermanos”, le dijo.
Él explicó que construirían una nueva sociedad denominada “Mediclínicas Centroamérica”, donde estaría su hermano, su esposa, él y otros amigos y que no debía preocuparse, ya que su “hermano (Jorge) era bien ordenado con sus finanzas”.
“Serás el director presidente de la sociedad”, le indicó Jorge. Esas palabras terminaron de convencer a Mario, que después siete años de insistencia optó por formar parte de la sociedad.
El 30 de marzo de 2011 se reunieron para firmar la constitución de la sociedad, pero el hermano de Jorge no llegó a dicha reunión, lo cual le pareció extraño.
Sin embargo, el doctor le explicó que era parte de la estrategia porque está en otra empresa y que para seguir ganando las licitaciones no podía estar inscrito en esta nueva empresa. Después de legalizar el documento, no le dieron ninguna copia a Mario.
Las primeras entregas para inversión
El 25 de noviembre de 2011, Jorge se le acercó y le dijo que debía de entregar $25,000 como capital semilla para comenzar los trabajos en la empresa e inmediatamente se los dio. Sin embargo, el doctor le explicó que recibiría el 5% de las ganancias generadas, fue un buen comienzo y él no sospecho nada del negocio.
El expediente judicial señala que fue ya entre febrero y marzo de 2012 cuando Jorge se le acercó y le entregó, en distintas fechas, una serie de cinco cheques que sumaban $31,200 como el fruto de la primera inversión.
Sin embargo, él imputado le dijo que no los cambiara porque debía de esperar hasta el último. Mario se sentía emocionado porque había recuperado la inversión y había ganado $6,000.
Emocionado se dirigió al banco para poder cambiarlos, pero el personal de la agencia le informó que los cheques no tenían fondos por lo que no le podían entregar el dinero. Molesto por lo sucedido se reunió con sus socios, quienes en el afán de tranquilizarlo le entregaron otro cheque por $1,250.
“No estamos actuando de mala fe. Todo esto lo estamos haciendo para engordar la sociedad”, le dijo con la intensión de animarlo a seguir en el negocio. Mario le dio el beneficio de la duda y siguió con la idea de ser parte de la empresa.
Las peticiones urgentes de “capital semilla” se hacían más frecuentes y a Mario siempre le tocaba invertir con la esperanza de que dieran buenos resultados.
Los montos solicitados por Jorge ascendían desde los $20,000 a $50,000 e incluso hasta los $120,000. Ya estaba cansado de que los hermanos le pidieran dinero y lo único que recibía eran cheques sin fondos.
“Mire maestro no se preocupe lo que pasa es que el dinero lo estamos ocupando en este negocio, pero usted tranquilo. Le estoy dando cheques para su tranquilidad”, le insistió una y otra vez Jorge.
Para llevar el negocio en paz, Jorge le entregó nuevamente dos cheques: uno de $50,000 y otro por $20,000; pero siempre le sugirió no cambiarlos y le reafirmo que el dinero sí estaba dentro de las cuentas de la empresa. Mario volvió a confiar en él.
La denuncia
Ya en 2014, las cosas se fueron tornando oscuras para Mario porque todo el dinero que había invertido en dicha sociedad no estaba surgiendo efecto y su dinero se estaba acabando.
En enero de ese mismo año, Jorge le entregó otro cheque por $8,000; pero esta vez no era dinero procedente de la empresa en la que estaba inscrita sino de MEDIS INSTRIES, la empresa del hermano, lo que le pareció sospechoso. Fue al banco y nuevamente le exponen que no contaba con fondos suficientes a lo que su colega le dijo: “Es un mal entendido”.
Ya cansado del juego de los dos hermanos, decidió afrontarlos para pedirle explicaciones, pero no recibía más que excusas o simplemente lo ignoraban. “Sus empleados me decían que estaban afuera de San Salvador o en reuniones o en la aduana”, dijo molesto Mario al momento de su declaración.
Un día ambos amigos se encontraron en el hospital y se pusieron a discutir “Mire Dr. Haga lo que tenga que hacer, me tiene sin cuidado. Si me sigue jodiendo lo voy a denunciar por acoso”, le dijo Jorge ante la insistencia del hombre a quien una vez lo llamo “hermano”.
A finales del 2014, él se enteró de que el hermano de su colega, Carlos y su esposa habían sido arrestados por los delitos de estafa y falsedad material.
Mario ese mismo día se dio cuenta que por tres años él había sido una víctima por lo cual decidió interponer una denuncia en contra del doctor Jorge y su hermano por el delito de estafa. Él entregó a los dos hermanos la suma de $215,000 y ellos le entregaron $40,450 en cheques «rebotones».
Será el Tribunal Primero de Sentencia, quien determinará la responsabilidad penal de los dos hermanos que por más de tres años mantuvieron una supuesta sociedad con su colega.
Por: El Salvador Times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
