Judicial
Destape de la olla de corrupción y podredumbre del proceder del exfiscal Douglas Meléndez y sus allegados Jorge Cortéz, Will Walter Ruiz y otros
La Fiscalía dirigida por Douglas Melendez obligó a varias personas a declarar hechos falsos para fabricar el caso corruptela que involucra al exfiscal Luis Martínez, al expresidente Funes y a otras personas, así lo afirmó en exclusiva a grupo Megavisión una excriteriada de este proceso:
«Tres fiscales sin ningún tipo de acompañamiento de mi defensor, sin advertencia de lo que iban a hacer, me tuvieron encerrada en una salita de audiencias, presionándome, diciéndome que ellos estaban listos ya para proceder contra mi libertad, para que yo tomara criterio de oportunidad, ante todas estas irregularidades y sobre todo porque me estaban presionando para que tocara puntos que yo desconocía por completo y que no podía rendir declaración al respecto de estos puntos, fue que seguí recibiendo coacciones». aseguró la testigo
Ademas, explicó el tipo de coacciones que recibía, y la relevancia que tenía en ese momento:
«La relevancia de esto es que fui coaccionada, diciéndome que me iban a detener si yo no colaboraba con ellos, con la calidad de testigo. Les dije que no podía rendir mi entrevista como testigo porque yo en ningún momento tenia un cargo de decisión. Mi posición en la fiscalía era de nivel operativo, rendía informes, estaba sometida a controles de mis superiores, la dirección, la subdirección y pues obviamente ya los niveles decisorios de la institución, verdad. Sin embargo, la coacción consistió en que constantemente se veía amenazada mi libertad empleatoria.
También relató que fue llevada a una bodega de limpieza y obligada a aceptar delitos para no ir a la cárcel:
«Yo llegue a ese cuartito como a las 10:30 de la mañana y nos han despachado como a las 8:30 de la noche, estuve ahí, 10 horas mas o menos, en un ambiente… imagínese… es un ambiente… Además, de estar recibiendo las presiones para sacarme información sobre cosas que yo no tenía realmente información, ¿que les iba a decir?, no podía dar datos sobre situaciones puntuales que ellos querían saber porque yo no tengo ese conocimiento, y ademas de eso, estaba todavía la bruma, del ambiente de un edificio fumigado, no se si había sido fumigado el día anterior o durante la noche o las horas tempranas de la mañana de ese día, pero sí la presencia del humo era muy densa todavía.
La testigo forma parte de los seis excriteriados del Caso Corruptela, su defensa sostiene que el ex fiscal Meléndez tenía conocimientos de esas acciones ilegales.
«Si no colaboraban a que no se autoinculpaban de los hechos que se les estaban atribuyendo iban a ser procesados, expuestos a los medios de comunicación masivos y aparte de eso, iban a ir detenidos. Fue en la administración del ex fiscal Douglas Arquímedes Meléndez, en ese sentido el no puede estar exento de responsabilidad en este proceso, no puede estar exento, sostuvo el abogado René Ayala, quien ejerce la defensa de algunos señalados.
Estas declaraciones se dieron desde la audiencia inicial contra los seis empleados de la Fiscalía General de la República, quienes tras haber renunciaron a ser testigos empezaron a ser acusados por los delitos de peculado y a girar ordenes de capturas de forma ilegal.
«La representación fiscal ha tenido a bien pues, todos los elementos de prueba que se han recolectado durante que se tuvo la noticia criminis, ha llegado a determinar que existen indicios de probabilidad positiva en que ellos han participado en hechos delictivos que fueron cometidos durante la administración del exfiscal general Luis Antonio Martínez», afirmó el Fiscal del caso.
La fiscalía pidió que todos sigan el proceso en libertad y que paguen una fianza de 10 mil dólares.
Mientras que la defensa está dispuesta a plantar batalla legal para demostrar las supuestas arbitrariedades.
La indiferencia de la FGR
Estos señalamientos de esta extestigo criteriada se suman a los diferentes avisos o denuncias al exfiscal Douglas Meléndez y su equipo de colaboradores más cercanos, sin que hasta el momento se hayan visto muestras o voluntad de parte del organismo investigador a actuar en contra del exfiscal, y aclarar de una vez por todas la situación jurídica de los señalados en casos de gran relevancia social generada por la publicidad de la cual hizo uso el exfiscal general.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
