Judicial
Defensores en “Caso Corruptela” aseguran que sus clientes fueron sometidos a una serie de torturas para obligarlos a criteriarse bajo la administración de Douglas Meléndez
Parte defensora en “Caso Corruptela” asegura que sus clientes fueron sometió a una serie de torturas para obligarlos a criteriarse
Más señalamientos siguen vertiéndose en contra del exfiscal de la República, Douglas Meléndez, quien es acusado de presuntas torturas hacia testigos criteriados para fabricar pruebas “amañadas” el caso “Corruptela”, con el fin de una posible reelección al frente Fiscalía General de la República (FGR).
Esta vez la parte defensora de los acusados mencionó que a sus clientes se les sometió a una serie de torturas para obligarlos a criteriarse y así declarar a favor de la FGR para ganar el caso en mención.
De hecho, el Juzgado 4o de Instrucción días atrás reconoció mediante una resolución judicial de las graves ilegalidades que fueron cometidas por la Fiscalía en el “Caso Corruptela” y otros más bajo la administración de Douglas Meléndez.
“Se ha señalado una serie de irregularidades por la mala investigación ilegal que la Fiscalía General de la República (FGR) en este caso particular”, dijo uno de los defensores.
Al experto en derecho indicó que dentro del caso existe una serie de anomalías cometidas por la FGR en su momento como la invasión de funciones hacia la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), nombrar defensores particulares a testigos bajo criterio de oportunidad y el pago de honorarios a los mismos.
“Hay una serie de cuestiones bien puntales y delicadas. La fiscalía invadió funciones propias de la Procuraduría General de la República en el criterio de oportunidad perverso que en su oportunidad se les otorgó a mis defendidos, en tato la fiscalía liberó defensores y les pagó honorarios a éstos”.
El mismo abogado defensor recalcó que “La Fiscalía no está para nombrarle defensores particulares a las personas sometidas a procesos de investigación”.
Sobre las presuntas torturas a las que habrían sido sometidos sus defensores subrayó que la FGR los obligó a declarar a su favor, caso contrario serían expuestos a los medios de comunicación y terminarían encarcelados.
“Ese es un tema bastante delicado porque si lo queremos ver como tortura, pueden darse de forma física o psicológica. En ese sentido nosotros siempre hemos manejado que las amenazas pudieron darse orientadas a qué sino colaboraban de los hechos que se les estaban atribuyendo, iban a ser procesados y expuestos ante los medios comunicación masiva. Aparte de eso iban a ir detenidos”
Dejó en claro también que en este proceso que actualmente se ventila en los juzgados “ellos lo están enfrentando por voluntad propia. Ellos renunciaron al criterio de oportunidad para someterse al proceso y que salga a la luz esta investigación ilegal que sobre ellos se ejerció”, sentenció la parte defensora.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
