Judicial
Destape de la olla de corrupción y podredumbre del proceder del exfiscal Douglas Meléndez y sus allegados Jorge Cortéz, Will Walter Ruiz y otros
La Fiscalía dirigida por Douglas Melendez obligó a varias personas a declarar hechos falsos para fabricar el caso corruptela que involucra al exfiscal Luis Martínez, al expresidente Funes y a otras personas, así lo afirmó en exclusiva a grupo Megavisión una excriteriada de este proceso:
«Tres fiscales sin ningún tipo de acompañamiento de mi defensor, sin advertencia de lo que iban a hacer, me tuvieron encerrada en una salita de audiencias, presionándome, diciéndome que ellos estaban listos ya para proceder contra mi libertad, para que yo tomara criterio de oportunidad, ante todas estas irregularidades y sobre todo porque me estaban presionando para que tocara puntos que yo desconocía por completo y que no podía rendir declaración al respecto de estos puntos, fue que seguí recibiendo coacciones». aseguró la testigo
Ademas, explicó el tipo de coacciones que recibía, y la relevancia que tenía en ese momento:
«La relevancia de esto es que fui coaccionada, diciéndome que me iban a detener si yo no colaboraba con ellos, con la calidad de testigo. Les dije que no podía rendir mi entrevista como testigo porque yo en ningún momento tenia un cargo de decisión. Mi posición en la fiscalía era de nivel operativo, rendía informes, estaba sometida a controles de mis superiores, la dirección, la subdirección y pues obviamente ya los niveles decisorios de la institución, verdad. Sin embargo, la coacción consistió en que constantemente se veía amenazada mi libertad empleatoria.
También relató que fue llevada a una bodega de limpieza y obligada a aceptar delitos para no ir a la cárcel:
«Yo llegue a ese cuartito como a las 10:30 de la mañana y nos han despachado como a las 8:30 de la noche, estuve ahí, 10 horas mas o menos, en un ambiente… imagínese… es un ambiente… Además, de estar recibiendo las presiones para sacarme información sobre cosas que yo no tenía realmente información, ¿que les iba a decir?, no podía dar datos sobre situaciones puntuales que ellos querían saber porque yo no tengo ese conocimiento, y ademas de eso, estaba todavía la bruma, del ambiente de un edificio fumigado, no se si había sido fumigado el día anterior o durante la noche o las horas tempranas de la mañana de ese día, pero sí la presencia del humo era muy densa todavía.
La testigo forma parte de los seis excriteriados del Caso Corruptela, su defensa sostiene que el ex fiscal Meléndez tenía conocimientos de esas acciones ilegales.
«Si no colaboraban a que no se autoinculpaban de los hechos que se les estaban atribuyendo iban a ser procesados, expuestos a los medios de comunicación masivos y aparte de eso, iban a ir detenidos. Fue en la administración del ex fiscal Douglas Arquímedes Meléndez, en ese sentido el no puede estar exento de responsabilidad en este proceso, no puede estar exento, sostuvo el abogado René Ayala, quien ejerce la defensa de algunos señalados.
Estas declaraciones se dieron desde la audiencia inicial contra los seis empleados de la Fiscalía General de la República, quienes tras haber renunciaron a ser testigos empezaron a ser acusados por los delitos de peculado y a girar ordenes de capturas de forma ilegal.
«La representación fiscal ha tenido a bien pues, todos los elementos de prueba que se han recolectado durante que se tuvo la noticia criminis, ha llegado a determinar que existen indicios de probabilidad positiva en que ellos han participado en hechos delictivos que fueron cometidos durante la administración del exfiscal general Luis Antonio Martínez», afirmó el Fiscal del caso.
La fiscalía pidió que todos sigan el proceso en libertad y que paguen una fianza de 10 mil dólares.
Mientras que la defensa está dispuesta a plantar batalla legal para demostrar las supuestas arbitrariedades.
La indiferencia de la FGR
Estos señalamientos de esta extestigo criteriada se suman a los diferentes avisos o denuncias al exfiscal Douglas Meléndez y su equipo de colaboradores más cercanos, sin que hasta el momento se hayan visto muestras o voluntad de parte del organismo investigador a actuar en contra del exfiscal, y aclarar de una vez por todas la situación jurídica de los señalados en casos de gran relevancia social generada por la publicidad de la cual hizo uso el exfiscal general.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
