Judicial
Así reaccionó Mauricio Funes a su cuarta demanda en su contra
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador giró ayer la cuarta orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes y su actual pareja, Ada Mitchell Guzmán, por el caso Chaparral donde son acusados de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas e instigador en el delito de peculado.
Sobre la resolución el Fiscal General dijo que “Es la cuarta orden de captura en contra del ex mandatario Funes, por lo que habrá que seguir el proceso de extradición en la Corte Suprema de Justicia”.
En contra de Funes se acumulan ya la orden de captura por el caso “Saqueo Público”, donde es acusado de lavado de dinero y el desvío de $350 millones; el “caso Corruptela”, donde le acusan de sobornar al exfiscal general, Luis Martínez para no investigarlo y el caso ROS, donde lo acusan de difundir información reservada.
La situación jurídica de Funes y Guzmán estaba pendiente, luego que la jueza Novena de Paz enviara a prisión a Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, también acusado de lavado de dinero.
También fue girada la captura del expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), José Leopoldo Samour Gómez, Mario Federico Pieragostini Maiochi, representante de Astaldi en el país, así como el de José Efraín Quinteros, un contador que habría tapado el origen del dinero.
Según la Fiscalía, CEL presidida por Samour, negoció con ASTALDI pagar $45, 244,418 millones más por la obra inconclusa en la presa hidroeléctrica El Chaparral y dar por cerrado el contrato, supuestamente, por situaciones “imprevistas e imprevisibles”.
El Ministerio Público acusa que de los $45.2 millones adicionales que recibió ASTALDI, la empresa italiana entregó $3.5 millones en dádivas a través de sociedades “offshore” a Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé” y que parte de este dinero sirvió para constituir a la sociedad vinculada con el exmandatario Funes y su pareja Ada Mitchell Guzmán, denominada Latin America Spas.
Ante este nuevo giro de captura el ex mandatario se pronunció al respecto y dijo que “todos los casos de corrupción que me imputa la FGR se basan únicamente en declaraciones de criterio de dudosa actuación y reputación como Jorge Hernández y Leonel Flores”
Por otra parte Funes dijo que “la única prueba que tiene la FGR del supuesto soborno que recibí de ASTALDI es lo declarado por un criteriado que resultó ser el mismo abogado que recomendó y avaló a CEL el pago a los italianos. Lo peor que eso le ha bastado a la jueza para admitir el caso y ordenar mi detención”
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
