Judicial
Abogada de Ruth Mejía dice que la joven no fue tratada conforme a los protocolos policiales establecidos, «la ridiculizaron, la maltrataron y esta siendo revictimizada»
La abogada Bertha María Deleón aseguró en su cuenta de Twitter que el caso Ruth Lisseth Mejía Martínez, la joven que hace unos días fue arrestada por hurtar una patrulla policial, no fue tratado como corresponden los lineamientos policiales, es decir, no conforme a los protocolos establecidos.
Desde que ocurrieron los hechos, las autoridades informaron que la joven (acusada de hurto tentado) tiene problemas mentales a los que también hizo referencia la abogada, quien además dio a conocer que es defensora de Ruth.
“Ella, al momento de los hechos presentaba una crisis nerviosa producto de su condición de salud mental y su afectación como víctima de violencia física y psicológica. En lugar de recibir protección y auxilio, los agentes realizaron un mal procedimiento, la dejaron sola en la patrulla”, explicó la profesional respecto a la condición de la joven y el actuar de los agentes.
“Ruth, como muchas víctimas de violencia intrafamiliar crónica, quería escapar, huir o quizás morir… no tenía intención de apropiarse de la patrulla o de lucrarse. Es un caso que ilustra la desesperación y angustia a la que puede llegar alguien inmerso en espiral de violencia”, argumentó sobre el caso.
Caso de Ruth pone a prueba el sistema de justicia
Deleón consideró que este caso, nuevamente, pone a prueba el actuar de las instituciones encargadas de aplicar la justicia en el país.
“Nuestro sistema de justicia está a prueba una vez más, Ruth está detenida por petición de la FGR y decisión del Juez de Paz de El Paisnal. Soy su defensora y no vamos a descansar hasta que se reconozca la calidad de víctima de Ruth y denunciamos que está siendo revictimizada por operadores del sistema de justicia que buscan ‘sentar precedente’ para que nadie vuelva a ridiculizar a la Policía”, expresó Deleón.
Denunció que Ruth está “recibiendo violencia psicológica por parte de agentes policiales encargados de su custodia”.
Aseguró que la joven “fue golpeada y ridiculizada en videos distribuidos en redes sociales”; por lo que hizo la denuncia respectiva a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Instituto para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
“Juzgar con perspectiva de género es una obligación para los operadores de justicia. No más revictimización ni violencia institucional para las mujeres”, escribió.
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
