Desde los cinco años de edad, Katherine (nombre cambiado por protección) empezó a sufrir parte de una etapa que marcaría su vida y a la que Carmen S., su madre, nunca puso atención por “amor”: las agresiones sexuales de su padrastro.

Al cumplir sus 10 años de edad, la niña fue violada por primera vez. Bajo la amenaza con sacarla de la casa y abandonarla en la calle, el padrastro aprovechaba a cometer el delito, mientras la niña callaba por temor.

En octubre de 2017, la afectada le relató los hechos a Carmen, por lo que esta le cuestionó a su pareja sentimental si había violado a su hija. Obviamente el hombre negó los hechos, por lo que la mujer hizo caso omiso a la información que la niña le dio.

Luego de las frecuentes preguntas que Carmen le hizo al hombre, este empezó a amenazar a la mujer con abandonarla, por lo que esta se entristecía porque “no quería que la familia se desintegrara”. Esto dio paso a que cesara el cuestionamiento.

La finalización de los abusos sexuales

El 5 de marzo de 2018, el sujeto intentó nuevamente abusar sexualmente de la niña. Tras la acción de su padrastro, la menor de edad, quien ya había cumplido 13 años y cursaba su quinto grado, se escapó de su vivienda y se dirigió hacia la subdelegación de la Policía Nacional Civil (PNC) del Distrito Italia para narrar los hechos. Ella misma interpuso una denuncia.

Los agentes decidieron ir a buscar al hombre a la casa de la víctima, pero este ya había huido del lugar.

El caso llegó a manos de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que le solicitaron ir al Instituto de Medicina Legal (IML) para que le realizaran una serie de exámenes para el peritaje que sería requerido como prueba ante un proceso judicial en contra del imputado.

Entre los relatos de la menor afectada, dos agentes policiales recibieron un dato que fue necesario para implicar a su progenitora de ocultar lo que le sucedía desde hacía varios años: Carmen ocultó el delito y pretendía “evitarse problemas”.

La mujer había conversado con Katherine y le dijo que para no tener dificultades no debía hacerse los exámenes periciales que la FGR le solicitó, mismos con los que verificarían el cometimiento del delito de violación por parte de su padrastro.

La menor de edad dijo a la Policía que ella sí deseaba someterse a las pruebas médicas para poder determinar que era cierto lo que relató.

PNC detiene a la madre por desamparo

El 6 de marzo, Carmen había acompañado a Katherine a la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia, de San Salvador, situada al Norte de Apopa.

Fue en ese lugar que dos agentes policiales que recibieron una denuncia por el delito de violación agravada cometida en contra de la menor de edad, mismo que la madre no denunció, detuvieron a la mujer por los cargos de abandono y desamparo de personas y por encubrimiento en perjuicio de su hija. Carmen fue trasladada hacia las bartolinas de la PNC de Apopa.

El Juzgado de Instrucción del municipio antes mencionado ordenó enviar a juicio a la mujer, por lo que el Tribunal 6° de Sentencia desarrolló la audiencia de vista pública.

Carmen, originaria de Usulután y madre de cuatro hijos, recibió una suspensión condicional del proceso, por lo que obtuvo reglas de conducta que deberá cumplir tal y como lo indicó el Tribunal.

La procesada judicialmente no podrá cambiar de domicilio, no tiene permiso para salir del país, debe evitar que su expareja –el padrastro de la niña- se acerque a la víctima, debe poner a estudiar a la menor y además deberá colaborar con la investigación que las autoridades correspondientes realizan sobre el caso de la violación ocurrido a Katherine.